La visita del ministro del Interior, Diego Santilli, a Corrientes dejó más preguntas que definiciones. En un contexto en el que el Gobierno de Javier Milei necesita sumar apoyos clave en el Senado para avanzar con su reforma laboral, el gobernador Juan Pablo Valdés optó por ganar tiempo: anunció que recién fijará posición luego de consultar con su Gabinete y con los legisladores nacionales de la provincia.
La escena no fue casual. El Ejecutivo nacional requiere el acompañamiento de los tres senadores correntinos —dos radicales, Eduardo Vischi y Gabriela Valenzuela, y el aliado “Camau” Espínola— para robustecer un proyecto que, más allá del discurso de “modernización del trabajo”, incorpora cambios impositivos con fuerte impacto sobre las finanzas provinciales.
En conferencia de prensa, Juan Pablo Valdés ensayó un equilibrio discursivo: avaló la necesidad de actualizar el sistema laboral, pero remarcó que existen “dudas” que aún deben resolverse. El mensaje fue: Corrientes no rechaza de plano la iniciativa, pero tampoco está dispuesta a firmar un cheque en blanco.
El respaldo condicionado y el verdadero punto de conflicto
Puertas adentro del radicalismo correntino, la postura viene siendo consistente. El problema no es la reforma laboral en sí, sino la inclusión de una rebaja del Impuesto a las Ganancias —uno de los tributos más relevantes para la coparticipación— dentro de un paquete que el Gobierno presenta como exclusivamente laboral.
Ese punto ya había sido explicitado días atrás por legisladores nacionales de Corrientes: mezclar flexibilización laboral con cambios impositivos implica trasladar el costo del ajuste a las provincias. Las estimaciones que circulan en el oficialismo local hablan de una posible pérdida superior a los 60.000 millones de pesos anuales, un golpe directo a recursos que sostienen salud, educación, seguridad y salarios estatales.
Diego Santilli intentó despejar ese temor con un argumento repetido por la Casa Rosada: la baja de Ganancias se compensaría con más empleo formal. Según el ministro, cada 400 mil nuevos trabajadores registrados permitirían recuperar el 100% de los fondos perdidos. Sin embargo, se trata de una promesa a futuro, sin garantías concretas y atada a un escenario de crecimiento que hoy resulta, cuanto menos, incierto.
Incertidumbre fiscal y poder concentrado en Economía
A la desconfianza se suma un cambio técnico clave en el dictamen del Senado: el artículo que deja en manos del Ministerio de Economía la decisión sobre cuándo entran en vigencia los beneficios fiscales. En la práctica, las provincias podrían resignar recursos sin tener certeza de que los incentivos económicos se activen efectivamente.
Este punto refuerza la posición de Corrientes y de otros gobernadores aliados: acompañar la reforma laboral no puede implicar financiar el ajuste nacional con fondos coparticipables. La insistencia de Valdés en que “la agenda no puede ser unilateral” apunta directamente a ese desequilibrio.
Una definición que vale más que un gesto
El Gobierno nacional necesita algo más que buenas palabras. El respaldo de Corrientes no sería simbólico: se traduciría en votos concretos en el Senado. Por eso, la postergación de la definición no es una simple cautela política, sino una señal de negociación dura.
Mientras Milei y Santilli apuestan a acelerar el tratamiento de la reforma, Corrientes deja en claro que el acompañamiento tendrá precio: garantías fiscales, discusión separada de la cuestión impositiva y preservación de los recursos provinciales.
Con información de Infobae y datos de NEA HOY.
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