El conflicto entre el Presidente, Javier Milei, y el Director Ejecutivo del Grupo Techint, Paolo Rocca, no para de escalar. La relación viene tensionada desde hace semanas y el eje de la disputa es la licitación para la provisión de caños del gasoducto Vaca Muerta–Punta Colorada, adjudicada a la empresa india Welspun, en vez de Techint. El pleito generó un debate sobre apertura comercial, protección industrial y rol del Estado que escaló hasta los cruces públicos, acusaciones cruzadas y un posicionamiento explícito del Gobierno a favor de la competencia vía importaciones, aun en sectores considerados estratégicos.
El proyecto del gasoducto
El gasoducto Vaca Muerta–Punta Colorada es impulsado por el consorcio Southern Energy, integrado por Pan American Energy (30%), YPF (25%), Pampa Energía (20%), Harbour Energy (15%) y Golar (10%). El proyecto apunta a fortalecer la exportación de Gas Natural Licuado (GNL) desde la cuenca neuquina y contempla una inversión total estimada en 1.300 millones de dólares.
Para este proyecto se necesitan 480 kilómetros de caños de acero, así que se inició una licitación que recibió al menos 6 ofertas. La propuesta más competitiva fue presentada por la empresa india Welspun, por un valor cercano a los 203 millones de dólares. En contraste, Siat-Tenaris (filial del Grupo Techint) presentó una oferta superior a los 290 millones de dólares en su primera versión, quedando última. Tras una segunda ronda de ofertas, habilitada por el consorcio, Tenaris redujo su precio a alrededor de 280 millones de dólares, todavía muy por encima de la propuesta ganadora. El 23 de diciembre, Southern Energy resolvió por unanimidad adjudicar el contrato a Welspun.
La reacción de Techint y la denuncia por dumping
Después de la adjudicación, el Grupo Techint intentó revertir el resultado. En primer lugar, presentó una oferta para igualar el precio de Welspun cuando el contrato ya había sido firmado, por lo que fue rechazada por fuera de los plazos legales del proceso. En paralelo, el holding dejó trascender que analizaba presentar una denuncia por “dumping” contra la empresa india. El argumento central sostiene que Welspun utilizó chapa de origen chino, lo que le habría permitido ofrecer precios por debajo de los costos reales de producción.
Sin embargo, especialistas del sector señalaron que el tipo de chapa requerido para el gasoducto no se produce en Argentina por su espesor. Welspun recurrió a insumos chinos, mientras que Tenaris propuso chapa brasileña provista por Usiminas, una empresa controlada por el propio grupo Techint. Diversas fuentes del sector energético y comercial indicaron que una denuncia de este tipo tendría bajas probabilidades de prosperar y que, aun en caso de avanzar, no modificaría el orden de mérito original, ya que Tenaris quedó por detrás de otras 4 empresas además de Welspun.
El posicionamiento del Gobierno Nacional y la defensa de la apertura
Coherentemente con su política neoliberal, el Gobierno Nacional decidió no intervenir en el proceso licitatorio ni aplicar medidas antidumping. Desde la Casa Rosada remarcaron que un consorcio privado adjudicó el contrato y que el criterio para elegirlo siempre fue ofrecer el precio más competitivo. También fiel a su estilo, Javier Milei se expresó sobre el tema en sus redes sociales llamando a Paolo Rocca “Don Chatarrín de los Tubitos CAROS”. En la misma línea, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, sostuvo que “caños más caros implican menor rentabilidad del proyecto, menores inversiones y menos empleo”, y cuestionó los esquemas de preferencia local derogados por el actual Gobierno.
Después, Milei redobló la apuesta en el festival Derecha Fest, donde volvió a referirse al conflicto sin mencionar explícitamente a Rocca, pero aludiéndolo directamente: “Aquellos que tienen productos más caros y de menor calidad no son dignos del favor del mercado”, afirmó, y agregó que quienes buscan sostener su posición “haciendo negocios con el Estado” terminan perjudicando al conjunto de la sociedad. También reiteró críticas al vínculo entre empresarios, política y medios de comunicación, en línea con su discurso habitual.
DESENMASCARANDO OPERADORES
Aquí tenemos a carboncito que sale en defensa de Don Chatarrín de los Tubitos CAROS…
VLLC! https://t.co/qni4XVycH5 pic.twitter.com/OPUGsCdZSd— Javier Milei (@JMilei) January 27, 2026
Las dos puntas del conflicto
El Gobierno Nacional apoya su postura en una visión liberal que rechaza mecanismos de preferencia local, como el “compre nacional”, incluso derogado por la administración actual. Para el Ejecutivo, incluso si existen subsidios externos en otros países, el beneficio inmediato de precios más bajos recae sobre los proyectos productivos locales, sin costo fiscal para la Argentina.
En el pasado, se insinuó que si Techint no ganaba la licitación, se cerraría la planta de Tenaris y cientos de trabajadores quedarían en la calle. Ahora también advierten que la apertura irrestricta expone a la industria nacional a una competencia desigual. La Cámara de la Industria del Acero difundió informes sobre el avance de las importaciones de acero chino en la región y alertó sobre el impacto en el empleo y la producción. Rocca sostiene que la presión impositiva local y la falta de políticas de defensa comercial colocan a las empresas argentinas en desventaja frente a competidores subsidiados. Más allá del contrato perdido, el conflicto Rocca–Milei deja en evidencia una verdad incómoda: en la Argentina libertaria, los industriales terminaron siendo el pato de la boda.
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