Más de doce mil hectáreas arrasadas. Los Parques Nacionales Los Alerces, Los Glaciares y Lanín bajo el fuego. Viviendas destruidas, familias evacuadas, ecosistemas milenarios convertidos en cenizas. Mientras la Patagonia arde, en redes sociales circulan teorías que señalan como responsables a mapuches, judíos o activistas ambientales. Pero los números oficiales del presupuesto nacional cuentan otra historia.
El presupuesto 2026 destinado al Servicio Nacional de Manejo del Fuego se redujo un 69% en términos reales con respecto a 2023, según datos del Congreso Nacional. Esta caída se traduce en menos vuelos de detección temprana, menor cantidad de brigadistas profesionales y recortes en equipamiento especializado.
Sofía Cerella, presidenta de la Asociación de Bomberos Voluntarios de El Hoyo, declaró a medios locales que el gobierno nacional no estableció contacto con su organización ni siquiera días después del inicio de los incendios. «Estamos solos, como siempre. Los vecinos salen con lo que tienen, muchas veces sin ropa adecuada ni equipamiento«, afirmó.
El testimonio de Cerella coincide con reportes de otras zonas afectadas. Brigadistas de la región denunciaron la ausencia de coordinación nacional y la falta de recursos para enfrentar una emergencia que, según alertaron meses atrás, era previsible.
La advertencia ignorada
En noviembre de 2025, el propio Servicio Nacional de Manejo del Fuego emitió un informe advirtiendo que las precipitaciones deficitarias y las escasas nevadas invernales harían del verano 2026 una temporada «pródiga en incendios forestales«. El documento técnico recomendaba reforzar sistemas de alerta y aumentar el personal disponible.
El presupuesto aprobado tres meses después fue en dirección contraria. Los fondos asignados al organismo cayeron de manera drástica, limitando su capacidad operativa justo en el momento identificado como de mayor riesgo.
Estudios científicos publicados en revistas especializadas durante los últimos años demuestran que el cambio climático incrementa la probabilidad de incendios forestales en la región patagónica. La combinación de temperaturas más altas, sequías prolongadas y vientos intensos genera condiciones cada vez más favorables para la propagación del fuego.
El patrón de las emergencias
La situación patagónica replica lo ocurrido semanas atrás en Bahía Blanca. Cuando las inundaciones devastaron la ciudad bonaerense, el Presidente anunció públicamente que no enviaría asistencia del gobierno nacional. La respuesta quedó en manos de municipios, provincias y organizaciones civiles.
Tanto en Bahía Blanca como en la Patagonia, el esquema se repite: eventos climáticos extremos, alertas técnicas previas, recortes presupuestarios y ausencia de coordinación nacional en la emergencia.
Mientras tanto, en redes sociales y grupos de mensajería se multiplican versiones sin sustento que atribuyen los incendios a supuestos ataques intencionales de comunidades mapuches o grupos religiosos. Ninguna de estas versiones cuenta con respaldo de investigaciones oficiales ni evidencia policial.
Tierras estratégicas y proyectos legislativos
En paralelo a los incendios, el oficialismo mantiene en agenda la derogación de la Ley 26.737 de Tierras Rurales, actualmente judicializada. Esta normativa limita la compra de tierras por parte de extranjeros y protege zonas estratégicas como ríos, fronteras y glaciares.
El proyecto de derogación busca, según sus impulsores, «liberar la compra por parte de privados extranjeros» para atraer inversiones. La propuesta coincide temporalmente con incendios que afectan justamente territorios patagónicos de alto valor ambiental y turístico.
La propia Política de Inteligencia Nacional 2025, documento oficial del gobierno, reconoce «presiones simultáneas de actores estatales y corporativos sobre los recursos estratégicos del país» y afirma la necesidad de «articular variables ecológicas, geopolíticas y productivas«. Sin embargo, los recortes al Servicio Nacional de Manejo del Fuego y el impulso a la desregulación de compra de tierras avanzan en sentido contrario a lo establecido en ese documento de inteligencia.
Contexto internacional
El recorte de capacidades estatales en Argentina contrasta con la tendencia global. Según un informe reciente de Fundar sobre reconfiguración geoeconómica, Estados Unidos, la Unión Europea y China están reforzando políticas industriales propias, proteccionismo estratégico y planificación estatal para mitigar riesgos ambientales y económicos.
El gobierno estadounidense, pese a su discurso desregulador en otros ámbitos, mantiene importantes partidas presupuestarias para combate de incendios forestales. La Unión Europea incrementó fondos para prevención de catástrofes climáticas tras los incendios de 2023 y 2024.
Mientras estos países fortalecen sus estructuras de respuesta ante emergencias ambientales, Argentina reduce las propias. Los incendios patagónicos ocurren en este contexto de desfinanciamiento sistemático de los organismos especializados.
Las teorías conspirativas que circulan en redes sociales no resisten el contraste con datos oficiales. El presupuesto recortado, las advertencias técnicas ignoradas y la ausencia de coordinación nacional dibujan una explicación más concreta del porqué focos de fuego controlables se convirtieron en catástrofe ambiental.
Los próximos veranos, según proyecciones climáticas, presentarán condiciones similares o más severas. La pregunta que queda es si habrá recursos estatales para enfrentarlos o si se repetirá el patrón actual: prevención desfinanciada, emergencia desatendida, comunidades solas frente al fuego.
ADEMÁS EN NEA HOY:
Incendios sin Estado: el verano arde y el Gobierno de Milei mira para otro lado
Milei convocó a sesiones extraordinarias para febrero: la reforma laboral en el eje del debate
