El 2025 marcó 2 años del experimento libertario de Javier Milei que había prometido la refundación económica y moral de la Argentina, sin embargo, el balance a mitad de proyecto se ve bastante menos épico que lo prometido. Según las métricas oficiales la inflación se desaceleró, sí, pero no ordenó la vida de las mayorías. En el mismo orden, el ajuste no generó el bienestar prometido y el Estado que el Presidente decidió demoler no fue reemplazado por ningún mercado dispuesto a garantizar derechos, empleo o bienestar. Lo que sí dejó fue una economía paralizada y una sociedad más frágil.
El Gobierno de Javier Milei hizo que su principal, y casi único, indicador de éxito fuera “la inflación”. Pero la famosa macro, totalmente alienada de la vida cotidiana, empezó a mostrar la hilacha. Si bien el índice bajaba (hasta hace un par de meses) los salarios corrían atrás con la lengua afuera. El salario mínimo perdió un 36% de poder adquisitivo en apenas 2 años y retrocedió a niveles previos al colapso de 2001. La desaceleración inflacionaria convivió con consumo deprimido, caída del empleo y un ajuste permanente sobre jubilaciones, ingresos laborales y prestaciones sociales.
Es así como «La salida en el segundo semestre va a ser en V corta» de Milei, se transformó en «El segundo semestre y la luz al final del túnel» de Macri, «Estamos mal, pero vamos bien» de Menem y el «Hay que pasar el invierno» de Alsogaray, es decir el horizonte constantemente postergado del bienestar en una economía neoliberal. Ese contraste entre discurso y realidad atraviesa buena parte del balance del segundo año de Milei.
#DatoINDEC
Los precios al consumidor (#IPC) aumentaron 2,5% en noviembre de 2025 respecto de octubre y 31,4% interanual. Acumularon un alza de 27,9% en once meses https://t.co/ffAwYcRnmd pic.twitter.com/9riSreaQQy— INDEC Argentina (@INDECArgentina) December 11, 2025
El balance
Y es que el balance también indica que hay por lo menos 3 promesas centrales de campaña ya pueden darse por incumplidas. El ajuste no lo pagó “la casta”: casi el 75% del recorte del gasto impactó directamente en el sector privado, con motosierra sobre jubilaciones, planes sociales, obra pública y subsidios. La universidad pública es otra gran afectada por los recortes reales en las transferencias, salarios docentes desplomados y una batalla legal vía decretos. Ni hablar de la salud, donde hubo 90% menos de fondos para infraestructura hospitalaria y obras prácticamente paralizadas en hospitales emblemáticos. De hecho, la última gran derrota del Presidente en el Congreso fue cuando se le rechazaron los vetos a las leyes de Financiamiento Universitario y de Emergencia Pediátrica (ley Garrahan).
Pero si hay un terreno donde el experimento libertario quedó especialmente expuesto es en el de las inversiones. Milei construyó buena parte de su legitimidad política sobre la promesa de una lluvia de dólares que llegaría apenas el Estado se retirara del medio. Según él, la clave de todo esto iba a ser el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). El proyecto trata de beneficios fiscales, tributarios y legales por 30 años para megaproyectos de más de 200 millones de dólares. El discurso oficial habló primero de 40.000 millones de dólares y de un shock de confianza sin precedentes.
A un año de su implementación, el RIGI recibió 19 proyectos por algo más de 30.000 millones de dólares, pero sólo 7 fueron aprobados, por unos 13.000 millones. La mayoría de los proyectos están orientados a hidrocarburos, minería y energía, con fuerte perfil exportador y, por sobre todo, escaso trabajo local: las proyecciones más optimistas hablan de un poco más de 1.000 puestos de trabajo directos.
Se perdieron 10.606 puestos de trabajo registrados privados en septiembre y 48.997 en los últimos 4 meses.
Desde la asunción de Milei, se perdieron 242.383 puestos de trabajo registrados:
» 154.382 en sector privado.
» 57.833 en sector público.
» 30.168 en casas particulares. pic.twitter.com/jzTdpu5LTi— Centro CEPA (@ctroCEPA) December 15, 2025
Quienes salieron ganando y quiénes perdiendo
Otra cosa de la que tenemos que hablar fueron las inconsistencias del discurso oficial. Se prometieron inversiones “que de otro modo no llegarían”, pero muchas de las empresas involucradas ya operaban en Argentina. Se habló de seguridad jurídica, mientras se desmontaban regulaciones ambientales, derechos territoriales indígenas y políticas de acompañamiento a la agricultura familiar. Además, se invocó la eficiencia del mercado, pero se ofrecieron garantías extraordinarias a grandes capitales, rompiendo con el mito libertario de que “el mercado se regula solo”.
Entonces, todas estas maniobras fueron hechas a medida de los intereses del gran capital, sin planificación industrial, sin encadenamientos productivos y sin resguardos sociales o ambientales. En paralelo, el Estado se replegó de territorios y sectores estratégicos. El debilitamiento general de políticas públicas básicas dejaron a comunidades enteras más expuestas al despojo y al conflicto. Lejos de la utopía libertaria de individuos libres intercambiando en mercados eficientes, lo que surgió fue una concentración de poder económico y una mayor desigualdad.
El clima social ya se podía injerir en la baja participación de las elecciones nacionales de octubre, pero también empieza a vislumbrarse en las encuestas, que muestra una percepción extendida de deterioro: más del 77% de la población siente que su salario perdió frente a la inflación y casi 2 tercios se identifican hoy como clase media baja o baja. Crece, además, la desconfianza en los datos oficiales y la distancia entre los indicadores que celebra el Gobierno y la experiencia cotidiana de los hogares. A 2 años de iniciado, el experimento libertario exhibe su principal paradoja: apostó todo a la confianza de los inversores y terminó generando desconfianza en la gente.
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