A casi un año del estallido del escándalo cripto $LIBRA, la Cámara Federal le ordenó al juez Marcelo Martínez De Giorgi que acelere de manera urgente la investigación y eleve los montos de los embargos sobre los principales imputados de una causa que compromete directamente al presidente Javier Milei y a su círculo más cercano.
La decisión de la Sala I, integrada por los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, constituye un fuerte llamado de atención al juzgado y a la fiscalía, cuestionados por la lentitud del expediente y por la escasa profundidad de las medidas adoptadas hasta ahora en una investigación que incluye delitos graves como estafa, cohecho, abuso de autoridad y tráfico de influencias.
Embargos irrisorios y una investigación que no avanza
Los camaristas coincidieron con las querellas en que los embargos fijados —en torno a los 36/37 millones de pesos— resultan claramente insuficientes frente a la magnitud de la maniobra, que según estimaciones internacionales habría provocado pérdidas por hasta 250 millones de dólares.
Aunque la Cámara rechazó reinstaurar un congelamiento total de bienes, sí ordenó que los embargos sean individualizados y acordes al rol de cada imputado, y remarcó que no puede analizarse el daño en función de pérdidas aisladas sino del impacto global del esquema financiero montado alrededor de $LIBRA.
Entre los imputados figuran el creador del token, Hayden Mark Davis; los empresarios Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy —nexo directo entre Davis y Javier Milei—; un ex asesor de la Comisión Nacional de Valores; familiares de Novelli y diversos intermediarios de transferencias millonarias. Pese a ello, ni el presidente ni su hermana Karina Milei tienen restricciones patrimoniales, aun cuando ambos están formalmente bajo investigación.
El tuit presidencial y el corazón del escándalo
El eje del caso sigue siendo el tuit publicado por Javier Milei el 14 de febrero de 2025, en el que promocionó $LIBRA con un enlace directo al contrato de la criptomoneda. El mensaje fue eliminado cuando el token se desplomó, en una secuencia que dejó miles de damnificados y abrió interrogantes centrales: ¿Quién proveyó el contrato al Presidente? ¿Qué vínculos previos existían? ¿Hubo beneficios económicos o pagos encubiertos a funcionarios?
La Cámara fue contundente al advertir que la falta de avances reales puede vaciar de contenido las medidas cautelares, señalando que existe “verosimilitud del derecho”, es decir, sospecha concreta de delitos, y que el paso del tiempo conspira contra la recuperación de activos y el esclarecimiento de los hechos.
La crítica al fiscal Taiano y la presión política
Si bien el fallo no menciona nombres propios, el reclamo de acelerar la causa vuelve a poner en foco al fiscal Eduardo Taiano, acusado por denunciantes y querellantes de mantener la investigación en estado de parálisis. No es casual que la orden de la Cámara incluya exigir más pruebas, cruces de llamadas, análisis de transferencias y citaciones que llevan meses —o directamente un año— sin concretarse.
El diputado Maximiliano Ferraro fue explícito: “Acelerar no es cerrar la causa ni consagrar impunidad. Es urgente que el fiscal investigue en serio y que el juez dicte, de una vez, las medidas que corresponden”.
Ferraro recordó que la Justicia ya cuenta con el informe final de la Comisión Investigadora del Congreso, que concluyó que no se trató de un hecho aislado ni de un Presidente ‘sorprendido’, sino de una operatoria con vínculos previos, reuniones comprobadas y preparativos sostenidos en el tiempo.
Un rompecabezas que expone a Milei en el caso Libra
La causa $LIBRA reúne una enorme cantidad de pruebas aún no explotadas: reuniones en Casa Rosada, visitas reiteradas de Davis al país, transferencias millonarias previas al lanzamiento del token, movimientos sospechosos en cajas de seguridad y testimonios de empresarios que denunciaron pedidos de dinero para acceder al Presidente.
El fallo de la Cámara Federal deja un mensaje político y judicial contundente: la causa no puede seguir girando en falso mientras el escándalo alcanza al Presidente de la Nación. La Justicia tiene ahora la obligación de avanzar, definir responsabilidades y despejar si el Estado argentino fue parte —por acción u omisión— de una de las estafas cripto más resonantes de los últimos años.
Con información de La Política Online, Clarín y Parlamentario.
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