Los incendios forestales volvieron a convertir al verano argentino en una temporada de emergencia permanente, pero esta vez la diferencia es la indiferencia. El incendio comenzó en El Hoyo, en la Provincia de Chubut, pero ya consumió más de 2.000 hectáreas. El fuego obligó a evacuar a más de 3.000 personas, entre residentes y turistas, y mantiene en vilo a localidades enteras. A pesar del despliegue de más de 200 brigadistas, aviones hidrantes y helicópteros, las condiciones climáticas dificultan cualquier intento de control. “El incendio continúa activo y por el momento está lejos de ser controlado”, reconoció Sofía Cerela, presidenta de la Asociación de Bomberos Voluntarios de El Hoyo. Pese a la magnitud de la emergencia que atraviesa la Comarca Andina, el Gobierno Javier Milei no envió ayuda directa.
Mientras tanto, el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) emitió una alerta por peligro “extremo” de incendios en al menos 16 provincias, entre ellas Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, La Pampa, Chaco, Corrientes y gran parte de la Patagonia. Según el Fire Weather Index (FWI), el índice que evalúa el comportamiento potencial del fuego a partir de variables meteorológicas, la situación actual debe considerarse “potencialmente explosiva o extremadamente crítica”.
Los especialistas vienen advirtiendo esto hace meses, de hecho, en octubre del año pasado ya se había anticipado que la temporada 2025-2026 sería de alto riesgo. Un invierno con escasas precipitaciones y poca nieve en la cordillera, sumado a temperaturas por encima de lo normal y a la falta de recursos nacionales, dan como resultado la situación actual.
El Fondo Nacional del Manejo del Fuego
Pero eso no es todo, en julio ya Greenpeace y otras organizaciones ambientalistas alertaban sobre los problemas que generaba la reciente disolución del Fideicomiso Financiero y de Administración del Fondo Nacional del Manejo del Fuego, una decisión que se tomó en el Gobierno de Javier Milei el último día de las facultades delegadas.
El Fondo Nacional del Manejo del Fuego fue creado por la Ley 26.815 en 2013 como una herramienta central para financiar acciones de prevención, presupresión y combate de incendios forestales y rurales. Se nutría de partidas del Presupuesto Nacional, aportes de organismos internacionales y, especialmente, de una contribución obligatoria del 3% sobre las primas de seguros (excepto vida), que garantizaba recursos relativamente estables para el sistema. Sin embargo, en julio de 2025 el Gobierno Nacional oficializó su disolución mediante el Decreto 463/2025, firmado por Javier Milei, Guillermo Francos y Luis Caputo.
Aunque el decreto establece que la contribución de las aseguradoras seguirá siendo recaudada por el Ministerio de Seguridad, muchos especialistas advirtieron que la eliminación del fideicomiso implicaba una pérdida de autonomía, previsibilidad y transparencia en el uso de los fondos. “Nos preocupa que esta medida implique una disminución de fondos para la prevención y el combate a los incendios forestales, y menos brigadistas e infraestructura”, advirtió entonces Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace. No escucharon las advertencias.
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Los problemas ambientales
Los datos del último año refuerzan ese diagnóstico. Según el procesamiento satelital de Greenpeace, entre octubre de 2024 y marzo de 2025 se quemaron 31.722 hectáreas de Bosques Andino Patagónicos, cuadruplicando la superficie afectada en la temporada anterior. Neuquén, Río Negro y Chubut concentraron los peores focos, incluyendo incendios de enorme magnitud en los parques nacionales Lanín, Nahuel Huapi y Los Alerces. Fueron los peores incendios de las últimas tres décadas en la región.
A esto se le suma que el 95% de los incendios forestales se inicia por causas humanas, ya sea por negligencia o de manera intencional. En el caso de Chubut, la investigación judicial detectó restos de acelerantes en el punto de inicio del fuego, descartando la hipótesis de un desperfecto eléctrico.
Además, el proyecto de Presupuesto 2026 asigna apenas el 3,5% de los fondos que deberían destinarse a la Ley de Bosques: $15.843 millones cuando, por ley, deberían ser al menos $444.000 millones. Esta subejecución crónica reduce la capacidad de las provincias para controlar desmontes ilegales y promover la conservación. A la vez, el sistema de parques nacionales cuenta con apenas 363 brigadistas forestales, cuando el mínimo necesario rondaría los 700.
Todo esto ocurre en un país que figura entre los 15 con mayor deforestación del mundo en las últimas tres décadas. Desde 1998 hasta 2023 se desmontaron cerca de 7 millones de hectáreas, y solo en 2024 se perdieron unas 150.000 hectáreas de bosques en el norte argentino. A pesar de todo, el Gobierno de Javier Milei insiste en reducir el rol del Estado y en tratar la política ambiental como un gasto prescindible.
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