El gobierno de Venezuela anunció este jueves el inicio de un proceso de liberación de presos políticos, una decisión comunicada oficialmente por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien la calificó como un “gesto a favor de la paz” y de la convivencia nacional. Aunque aún no se precisó la cantidad de personas que serán beneficiadas, se confirmó que se trata de un “número importante” de ciudadanos venezolanos y extranjeros.
“El gobierno bolivariano, junto a las instituciones del Estado, ha decidido la puesta en libertad de un número importante de personas venezolanas y extranjeras. Estos procesos de excarcelación ocurren desde este mismo momento”, expresó Rodríguez, y adelantó que en las próximas horas se conocerán más detalles sobre los liberados.
El anuncio se produce en un escenario político y geopolítico de alta tensión, marcado por la reciente detención del expresidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, por fuerzas de Estados Unidos, un hecho que profundizó la crisis institucional y desató una escalada internacional sin precedentes.
Un gesto “unilateral” en un clima de confrontación
Rodríguez remarcó que la liberación no forma parte de una negociación con sectores opositores radicalizados y subrayó que se trata de una decisión unilateral del Ejecutivo. “No estamos hablando con ningún sector extremista, ellos son la negación de la política. Hablamos con los partidos y organizaciones que se atengan a lo establecido en la Constitución bolivariana”, sostuvo.
En su mensaje, el dirigente oficialista apeló a la unidad nacional y al discurso de reconciliación: “Sin distinción de tinte político, religioso, económico y social. Todos somos venezolanos y venezolanas. Abrazamos la misma bandera y entonamos las mismas estrofas del himno nacional”.
Estado de excepción y endurecimiento del control estatal
La liberación de presos ocurre mientras Venezuela se encuentra bajo un estado de excepción, decretado el pasado 3 de enero por un período inicial de 90 días, prorrogables. La medida fue adoptada tras lo que el gobierno definió como una “agresión externa” de Estados Unidos y habilita facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo.
El nuevo marco legal incluye la movilización total de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la militarización de infraestructuras críticas —como servicios públicos y la industria petrolera—, controles territoriales, detenciones preventivas, revisiones de celulares y restricciones a la circulación y a las manifestaciones públicas.
Bajo el estado de excepción, el Estado puede detener a personas que incumplan las restricciones vigentes o que sean consideradas sospechosas de alterar el orden público o afectar infraestructuras estratégicas ahora bajo control militar.
La decisión de liberar presos políticos aparece así como un movimiento con doble lectura: un intento de descomprimir tensiones internas y, al mismo tiempo, una señal hacia la comunidad internacional en medio de sanciones, presiones diplomáticas y disputas estratégicas vinculadas al petróleo y a la geopolítica regional.
Con información de El Destape.
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