El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, pidió al Senado nacional que rechace el artículo 4 del proyecto de ley 3-PE-2026. La iniciativa forma parte del esquema de Autosuficiencia Económica del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).
El planteo cuestiona la condonación de deudas millonarias de distribuidoras eléctricas con CAMMESA. El funcionario advierte que el proyecto genera un fuerte impacto económico en el Estado, provincias y usuarios.
El pedido central del Defensor del Pueblo
El Defensor del Pueblo de Formosa, José Leonardo Gialluca, solicitó al Senado nacional el rechazo del artículo 4 del proyecto de ley 3-PE-2026. El planteo lo dirigió a Victoria Villarruel, Bartolomé Abdala y comisiones de Energía y Derechos y Garantías. El funcionario sostuvo que el texto no cuenta con análisis técnico suficiente.
Gialluca afirmó que el proyecto habilita una condonación de deudas millonarias sin control judicial previo. Señaló que el esquema afecta al Estado Nacional y a las provincias. También advirtió que los usuarios residenciales terminarán financiando el costo de la medida.
El Defensor del Pueblo remarcó que el proyecto no incorpora auditorías ni estudios independientes. Indicó que el debate legislativo no evaluó el impacto real del sistema eléctrico. Consideró que la propuesta altera el funcionamiento del mercado eléctrico mayorista.
Cuestionamientos al esquema de compensaciones
El funcionario cuestionó el beneficio previsto para empresas como EDENOR, EDESUR y el Grupo DESA. Señaló que el esquema contempla compensaciones por unos 1.842 millones de dólares. También afirmó que el proyecto reconoce deudas sin validación judicial previa.
Gialluca sostuvo que las empresas acumularon deudas con CAMMESA mientras mantuvieron el cobro de tarifas eléctricas a los usuarios. Indicó que el sistema no revisa la conducta de las distribuidoras durante años de congelamiento tarifario. También cuestionó la falta de controles regulatorios efectivos.
El Defensor del Pueblo advirtió que el mecanismo genera una transferencia de recursos públicos hacia empresas privadas. Sostuvo que el esquema no distingue responsabilidades empresariales ni revisa el origen de las deudas. Señaló que el proyecto consolida un beneficio extraordinario para pocas compañías.
Impacto en provincias y usuarios residenciales
Gialluca señaló que el proyecto excluye a distribuidoras provinciales que no tienen deudas con CAMMESA. Mencionó a Formosa, Santa Fe, Córdoba, La Rioja y La Pampa. Indicó que estas jurisdicciones cumplieron las normas durante las emergencias tarifarias.
El funcionario advirtió que los usuarios residenciales podrían financiar indirectamente la medida. Señaló que el costo podría trasladarse a tarifas eléctricas o a fondos públicos. También alertó sobre el impacto en hogares con menores ingresos familiares.
El Defensor del Pueblo propuso un criterio de equidad. Sostuvo que si se condonan deudas empresariales también debe evaluarse el caso de usuarios con deudas de 200.000 a 300.000 pesos. Señaló que la situación afecta a jubilados y trabajadores con ingresos limitados.
Reclamo de revisión y advertencias institucionales
Gialluca cuestionó el método de cálculo de las compensaciones económicas. Explicó que el proyecto compara ingresos tarifarios teóricos con valores efectivamente percibidos. Señaló que ese criterio surge de contratos de concesión y leyes de emergencia desde 2001.
El funcionario afirmó que el proyecto no tuvo un debate técnico adecuado en el Congreso. Indicó que no se analizaron alternativas ni se evaluaron impactos sectoriales y fiscales. También sostuvo que el texto carece de fundamentos técnicos suficientes.
El Defensor del Pueblo anticipó que ADPRA podría intervenir en el caso. También advirtió la posibilidad de acciones judiciales contra el Estado Nacional. Finalmente, reclamó al Senado que rechace la iniciativa por sus consecuencias económicas y sociales.
Fuente: Defensoría del pueblo de Formosa
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