El 6 de enero de 2002 el Congreso de la Nación aprobó la Ley 25.561 y puso fin a la convertibilidad. Así fue como se terminó la paridad fija entre el peso y el dólar estadounidense, mejor conocido como el famoso “1 a 1”. 2 décadas más tarde, la efeméride cobra actualidad de la mano de Javier Milei y su promesa de dolarizar. Si bien hoy en día el Gobierno Nacional corrió el eje de lo que fue prometido en campaña, el recuerdo de la convertibilidad vuelve para advertirnos que atar la política económica a una moneda extranjera limita la soberanía y suele terminar en ajuste, exclusión social y crisis.
El 1 a 1
La Ley de Convertibilidad fue aprobada en 1991, durante el gobierno de Carlos Menem, por iniciativa del entonces Ministro de Economía Domingo Cavallo. Originalmente, el plan buscó frenar la hiperinflación que se dio sobre el final del gobierno de Raúl Alfonsín. El esquema funcionaba como una caja de conversión: por cada peso emitido debía haber un dólar de respaldo en el Banco Central, y cualquier persona podía cambiar pesos por dólares a una paridad fija. La inflación, efectivamente, se desplomó en los primeros años y el “1 a 1” se convirtió en sinónimo de estabilidad para algunos sectores de la sociedad.
Pero esa estabilidad más bien era una bomba de tiempo. El tipo de cambio fijo generó una moneda artificialmente sobrevaluada, que abarató las importaciones y encareció la producción nacional. La Argentina se volvió un país caro en dólares y encima destruyó su industria. Sectores con un gran caudal de mano de obra, como el textil, el calzado y la metalurgia, fueron de los más afectados, especialmente a partir de mediados de los 90, cuando además aumentó la presión impositiva con la suba del IVA del 18% al 21%.
Para sostener el esquema, el Estado recurrió de manera sistemática al endeudamiento externo. Entre 1991 y 2000, la política fiscal arrojó un déficit promedio anual del 4,1% del PBI. La deuda pública externa pasó de unos 45.000 millones de dólares a fines de los años ochenta a alrededor de 145.000 millones en 2000, pese a que durante ese período se privatizaron la mayoría de las empresas públicas. La convertibilidad no eliminó el déficit, lo financió con dólares prestados.
Lo que vino después
El final fue conocido y traumático. En diciembre de 2001, el “corralito” restringió el retiro de depósitos bancarios, las ventas se desplomaron, los saqueos se multiplicaron y la protesta social estalló. Los días 19 y 20 de diciembre dejaron un saldo de 39 personas muertas por la represión estatal y la renuncia del presidente Fernando de la Rúa. La convertibilidad, que había prometido estabilidad, terminó desembocando en una de las peores crisis de la historia argentina.
La derogación del “1a 1” el 6 de enero de 2002 no fue una decisión política, más bien fue una imposición de la realidad. Sin dólares, sin crédito y con una economía paralizada, el esquema era insostenible. A partir de ese momento se abrió una etapa de reconstrucción que permitió recuperar herramientas básicas de política económica: tipo de cambio flexible, política monetaria propia y capacidad de intervenir ante crisis.
La promesa de campaña
Sin embargo, la dolarización volvió al centro del debate político de la mano de Javier Milei. Durante la campaña presidencial de 2023, el entonces candidato aseguró que iba a dolarizar la economía. En una entrevista con un periodista amigo, prometió que tenía los dólares necesarios en ese momento y presentó la medida como la solución definitiva a la inflación y al “fracaso del peso”.
Ya en el gobierno, la promesa empezó a cambiar. Primero apareció la idea de la “competencia de monedas”, luego la “dolarización endógena”. En la práctica, el Ejecutivo habilitó contratos en moneda extranjera, permitió exhibir precios en dólares y autorizó cobros en esa divisa. Pero la dolarización total, el reemplazo del peso como moneda de curso legal, nunca se concretó.
Lejos de avanzar, el proceso se estancó durante 2025. La expansión de la base monetaria, el menor ingreso de dólares y la caída de las reservas del Banco Central alejaron al Gobierno de su objetivo. Consultoras privadas advirtieron sobre una “sequía de dólares” y señalaron que, pese al levantamiento parcial del cepo, las divisas compradas se destinaron mayormente al atesoramiento y no a la circulación cotidiana. Es decir, no se cumplieron las condiciones básicas para una dolarización endógena.
Incluso dentro del propio Gobierno comenzaron a aparecer señales de retroceso. El Ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, descartó públicamente la dolarización y negó que exista un plan de convertibilidad o de reemplazo del peso. Reconoció, además, que la Argentina no tiene los dólares suficientes para llevar adelante una dolarización “exitosa”.
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