Las heridas siguen abiertas. Tres décadas después de las explosiones intencionales en la Fábrica Militar de Río Tercero, Córdoba —una tragedia que dejó siete muertos y más de 300 heridos— cientos de víctimas continúan esperando las indemnizaciones establecidas por ley. La Justicia determinó que las detonaciones de 1995 no fueron un accidente, sino un atentado destinado a encubrir el contrabando de armas a Ecuador y Croacia.
El 3 de noviembre que cambió la historia de Río Tercero
Era viernes, 3 de noviembre de 1995. A las 8:55 de la mañana, la primera explosión sacudió la ciudad. En cuestión de minutos, una cadena de tres detonaciones devastó la Fábrica Militar de Río Tercero. Los barrios Escuela, Las Violetas, Libertador y Cerino quedaron bajo una lluvia de proyectiles. Casas destruidas, autos destrozados, familias huyendo entre el humo y las esquirlas. Siete personas murieron, más de 300 resultaron heridas y miles perdieron todo.
«No era humo, no era ácido. Eran esquirlas que mataban. Tremendas explosiones, la onda expansiva… lo único que veíamos era un hongo gigante. Nos zumbaban los oídos y caían cosas del cielo. Fue una guerra en miniatura. Después vino el horror: gente llorando, gritando, corriendo. Nuestros siete muertos no murieron por un accidente: fueron asesinados», fueron algunos de los testimonios de aquel día.
La investigación judicial fue contundente: no hubo accidente. Las explosiones fueron provocadas deliberadamente para ocultar el faltante de material bélico que había sido enviado de forma ilegal durante el gobierno de Carlos Menem. Testimonios de empleados confirmaron que la noche anterior al desastre, personas no identificadas ingresaron al predio para «condicionar los elementos iniciadores del fuego y disponer los detonadores y reforzadores necesarios» para detonar los depósitos.
La dirección de las ondas expansivas —orientadas hacia el sur y el este, donde se encontraba el polo petroquímico y las zonas más pobladas— reforzó la hipótesis de la intencionalidad. Sin embargo, el mismo día de la tragedia, Menem llegó a la ciudad y declaró que se trataba de «un accidente», pidiendo a los medios que difundieran esa versión oficial.
Justicia a medias
El entonces Presidente fue acusado años después por su presunta responsabilidad en el encubrimiento del atentado, pero falleció en 2021 sin ser juzgado.
La causa penal determinó que hubo funcionarios que actuaron para encubrir los hechos y borrar pruebas. La abogada Ana Gritti, viuda de una de las víctimas, se convirtió en una de las principales impulsoras del reclamo judicial. Antes de morir, dejó una frase que sintetiza el dolor de toda una comunidad: «Si la justicia llega después de mucho tiempo, ya no es justicia».
Su lucha fue continuada por sus hijas y por el abogado querellante Horacio Viqueira, quien remarcó: «Hubo responsabilidades políticas que todavía debemos determinar. Detrás de esas explosiones hubo una estructura de poder que la justicia alcanzó a vislumbrar, pero no a sancionar completamente».
En 2015, el Congreso Nacional sancionó la Ley 27.179, que reconoció el derecho a una reparación económica para los afectados por daños morales, psicológicos y materiales.
Sin embargo, la ejecución de esos pagos avanza con extrema lentitud. A octubre de 2025, de los 8.000 reclamos presentados, solo 196 habían sido abonados. El resto permanece estancado en el proceso de revisión administrativa que lleva adelante el Estado nacional.
«No se entiende la voladura de Río Tercero si no se comprende la exportación ilegal de armas. Ellos sabían lo que iba a pasar. Menem y sus funcionarios fueron responsables, y se murieron sin que la justicia los alcanzara», denuncia otro de los sobrevivientes. A tres décadas del atentado, los vecinos de Río Tercero siguen reclamando memoria, verdad y reparación real.
En abril de 2025, la Legislatura cordobesa aprobó una resolución para desclasificar todos los expedientes vinculados a la causa, buscando garantizar transparencia en el proceso de pago de las indemnizaciones. Mientras tanto, las familias mantienen viva la memoria de aquel día que cambió la historia de la ciudad. No solo piden justicia: piden que el Estado cumpla con lo que prometió. «La gente común no sabía nada. Pero ellos sí sabían lo que iba a pasar. Y por eso seguimos reclamando, 30 años después».
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