Las transferencias no automáticas del Gobierno nacional a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cerraron 2025 en uno de los niveles más bajos de las últimas dos décadas. Un reciente informe de una consultora privada reveló que en diciembre de 2025, los envíos totalizaron $291.354 millones, con una variación real prácticamente nula (+0,2%) interanual. Sin embargo, el dato histórico es contundente: se trató del peor diciembre en materia de transferencias no automáticas desde 2005, confirmando el endurecimiento de la política fiscal nacional hacia las provincias.
Cuatro provincias con subas récord en un contexto de ajuste
En ese marco restrictivo, Misiones, Chubut, Catamarca y Chaco se destacaron con incrementos interanuales reales extraordinarios, los más elevados de toda la serie reciente:
- Misiones: +4.450,9%
- Chubut: +2.574,6%
- Catamarca: +1.690,3%
- Chaco: +1.644,8%
Estas subas excepcionales se explican principalmente por Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y transferencias puntuales, en un contexto donde la base de comparación de 2024 fue excepcionalmente baja. En términos absolutos, Chaco fue uno de los grandes beneficiados del mes, con $55.347 millones, equivalentes al 19% del total distribuido, impulsados por un pago extraordinario para su Caja Previsional.
La distribución de los fondos volvió a mostrar un esquema altamente concentrado. CABA, Chaco y Buenos Aires captaron más de la mitad de los recursos de diciembre, mientras que provincias como San Luis ($132 millones) y La Rioja ($324 millones) quedaron en el fondo del ranking.
Formosa: orden fiscal propio frente al abandono nacional
En este escenario de ajuste Formosa aparece como una de las provincias más perjudicadas por el impacto directo del retiro del Estado nacional. Así lo expuso el Ministro de Economía, Hacienda y Finanzas de la provincia, Jorge Ibáñez, quien definió a 2025 como un año «muy difícil», atravesado por una paradoja central: la Provincia mantiene equilibrio fiscal y cumple con salarios, mientras Nación acumula deudas millonarias.
El impacto del ajuste se refleja con crudeza en áreas sensibles. Solo en Salud, la deuda nacional cuantificable con Formosa supera los $108.589.411, incluyendo incumplimientos del programa Incluir Salud, recortes del 76% en VIH e ITS, falta de medicamentos oncológicos, reactivos, test de HPV y provisión de insumos esenciales.
El conflicto más grave se da en el sistema previsional. Formosa, que no transfirió su caja jubilatoria a la Nación, sufre desde diciembre de 2023 el corte total de los fondos comprometidos. La deuda acumulada alcanza los $254.517 millones sin actualizar, cifra que supera los $900.000 millones si se la ajusta por tasa nominal anual. Mientras tanto, la Provincia debe afrontar con recursos propios el pago a sus jubilados.
El freno a la obra pública es otro eje crítico. La Nación mantiene deudas millonarias en infraestructura sanitaria, urbana y productiva. Solo en hospitales, programas sanitarios, desagües pluviales y electrificación rural, el pasivo supera los $11.483 millones. A esto se suman incumplimientos en vivienda por más de $6.285 millones, incluyendo obras del RENABAP, PROMEBA y otros programas con financiamiento internacional.
Un 2025 crítico
El acumulado anual de 2025 cerró en $2,49 billones, con una suba real del 32,3% frente a 2024. Sin embargo, lejos de consolidar una recuperación, el informe de la consultora advierte que 2025 fue el segundo año con menor volumen de transferencias no automáticas de las últimas dos décadas, solo por encima del piso histórico registrado el año anterior.
La comparación con 2023 es aún más contundente: las transferencias totales cayeron un 68,3% real, y si se excluye a CABA —beneficiada por el fallo judicial— el desplome alcanza el 82,1%. En este sentido, se evidencia un patrón claro: menos recursos, mayor concentración y uso altamente discrecional de las transferencias, con picos excepcionales en pocas provincias y un ajuste profundo sobre el conjunto del interior.
En ese marco, las subas récord de Misiones, Chubut, Catamarca y Chaco aparecen como las más beneficiadas (en su mayoría, alineados políticamente con el Gobierno nacional) dentro de un esquema contractivo y centralista que deja afuera a muchas provincias.
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