El Gobierno nacional abrió el año político con una decisión de alto impacto institucional. A través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 941/2025, el presidente Javier Milei impulsó una profunda reforma del sistema de inteligencia argentino, otorgando mayores atribuciones a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y centralizando bajo su órbita la estructura y el funcionamiento del área. La medida desató una inmediata y dura reacción de la oposición, que la considera riesgosa para la democracia.
Uno de los principales cuestionamientos apunta a la forma. La oposición denuncia que el Gobierno volvió a modificar un área extremadamente sensible mediante un DNU, sin debate previo en el Congreso y sin que exista una situación de “necesidad y urgencia” que lo justifique, tal como exige la Constitución. No se trata de un ajuste menor: el decreto introduce cambios en una treintena de artículos de la Ley de Inteligencia, lo que para muchos legisladores equivale a dictar una nueva ley por decreto.
Si bien el DNU deberá ser analizado por la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, el antecedente de reformas similares y la demora en la conformación de las comisiones de control alimentan las sospechas sobre un debilitamiento del control democrático.
🟥❎⚠️Mientras estábamos festejando el fin de año, Javier Milei con el DNU 941/25, destruyó por completo el Estado de derecho modificando la ley de inteligencia nacional, con esto vuelve el espionaje político, la SIDE podrá perseguir opositores, todo sin pasar por el Congreso. pic.twitter.com/dTewJfd8rl
— Martín Peiretti (@MartnPeiretti1) January 1, 2026
Espías de la SIDE con poder de policía
El punto más alarmante, según coinciden distintos bloques, es la habilitación de facultades que asimilan a los agentes de inteligencia a fuerzas policiales, incluyendo la posibilidad de aprehender personas. Para la oposición, esto rompe un consenso básico de la democracia argentina: los servicios de inteligencia no investigan delitos ni detienen ciudadanos. Esa función corresponde al Poder Judicial y a las fuerzas de seguridad, bajo reglas claras y control judicial.
Este corrimiento de límites, advierten, abre la puerta a abusos y a la persecución de opositores, periodistas o activistas sociales.
Secreto, espionaje interno y datos personales
Otro eje crítico es el secreto total como regla. El decreto establece actividades encubiertas sin definiciones precisas y amplía el acceso de la SIDE a bases de datos sensibles como RENAPER, Migraciones, Aduana o la UIF. La oposición sostiene que esto habilita un esquema de vigilancia masiva, donde cualquier ciudadano puede ser observado, perfilado o investigado sin controles claros.
Además, se alerta sobre la posibilidad de influir en la opinión pública bajo el paraguas de la “contrainteligencia”, un concepto amplio que, sin límites definidos, podría derivar en operaciones políticas encubiertas.
«La detención de personas sin orden judicial y la utilización de personal de las Fuerzas Armadas en operaciones de Inteligencia son cosas que solo sucedieron en la dictadura». Agustín Rossi destacó la gravedad del nuevo decreto de Milei que le da más poder a la SIDE. pic.twitter.com/vWjR56HM0m
— Editor✍ (@Editor_76) January 2, 2026
Menos controles civiles, más opacidad
El DNU también es cuestionado por debilitar el control civil y parlamentario sobre la inteligencia, incluyendo la militar. Legisladores advierten que se rompe la histórica separación entre Defensa Nacional y Seguridad Interior, y que se consolida una “caja negra” de fondos reservados sin transparencia efectiva.
En esa línea, la creación y fortalecimiento de estructuras de ciberseguridad bajo la órbita del Ejecutivo es leída como un avance hacia una vigilancia digital permanente, con escaso contrapeso institucional.
¿Una dictadura en medio de un “Gobierno Democrático”?
Javier Milei se aprovechó del receso en el Congreso de la Nación para modificar por decreto el sistema de inteligencia argentino. Esto, ¿Qué significa?…
1. Se evade el control democrático que tenemos las provincias,…
— Daniel Pablo Bensusán (@palibensusan) January 1, 2026
Un conflicto que llega al Congreso
Desde la Coalición Cívica hasta Unión por la Patria y la izquierda, el diagnóstico opositor converge: el DNU 941/2025 implica un retroceso democrático, concentra poder, debilita garantías constitucionales y reintroduce lógicas de espionaje interno que Argentina buscó dejar atrás tras la última dictadura.
La oposición ya anticipó que impulsará su rechazo en el Congreso y reclama la urgente conformación de las comisiones bicamerales de control. El debate no será solo técnico o legal, sino profundamente político: está en juego el equilibrio entre seguridad e inteligencia, por un lado, y libertad, derechos y control democrático, por el otro.
Con información de Parlamentario.
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