Entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025 la canasta de servicios públicos acumuló un alza del 561%, frente a una inflación del 185% en el mismo período, según el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA y el Conicet. Esto implica un golpe al bolsillo de las familias argentinas que deben usar más recursos para cubrir los servicios básicos, relegando otras necesidades. Para el 2026 la quita de subsidios se profundizará y promete agravar la situación.
El grueso del ajuste se produjo cuando el Gobierno avanzó en una reducción significativa de los subsidios económicos, provocando los incrementos tarifarios. En diciembre de 2025 un hogar promedio sin subsidios destinó $183.410 mensuales a servicios, solo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Al analizar la composición del aumento acumulado desde el inicio de la gestión libertaria, el transporte público aparece como el principal factor de presión sobre el presupuesto familiar. Si bien cada jurisdicción tuvo aumentos heterogéneos en el transporte se calculó que el costo del boleto de colectivos se incrementó 937% entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025, seguido por el gas natural (+709%), el agua (+386%) y la electricidad (+339%). El transporte explicó la mayor parte del salto del gasto mensual total de los hogares.
Si se observa únicamente el último año, la dinámica fue distinta. En 2025 el transporte volvió a encabezar las subas, con una suba interanual del 48%, por encima del índice general. En cambio, el gasto en gas (+28%), electricidad (+19%) y agua (+13%) creció por debajo de la inflación. En conjunto el transporte explicó 19 de los 31 puntos porcentuales del aumento interanual de la canasta, mientras que el resto de los servicios tuvo un impacto más acotado.
La evolución del gasto de las familias estuvo estrechamente ligada a la política oficial de reducción de subsidios, que se profundizó desde 2024 y constituyó uno de los pilares del ajuste para lograr superávit fiscal. Se trata de una de las partidas de mayor peso dentro de las cuentas públicas. Ese proceso coincidió con un aumento de las exportaciones de petróleo y la fuerte caída de las importaciones de gas, reemplazadas por una mayor producción de Vaca Muerta.
De cara a 2026, el Gobierno avanzó en una reconfiguración integral del esquema de subsidios energéticos, que implicará nuevos incrementos en las tarifas para amplios segmentos de usuarios. Según explicó Juan José Carbajales, director de la consultora Paspartú, la iniciativa responde al objetivo de «reducir el costo fiscal de los subsidios energéticos, que el Gobierno ya bajó en un punto del PBI desde el inicio de la gestión y ahora busca reducir un cuarto de punto adicional, para cerrar 2026 en torno al 0,5% del PBI».
El especialista señaló que el nuevo esquema apunta a retirar de manera gradual la asistencia estatal a los hogares con ingresos superiores a tres canastas básicas totales, mientras quienes aún la reciban tendrán topes de consumo con precios diferenciales en electricidad y gas. «La idea es que el proceso se extienda durante todo 2026», explicó. No obstante advirtió que el punto más débil del diseño es que no se realizó una audiencia pública formal, sino una consulta de 15 días hábiles, lo que podría abrir la puerta a eventuales cuestionamientos judiciales.
Justamente, la Diputada nacional Jimena López cuestionó el mecanismo y reclamó que “este tipo de decisiones deben pasar por audiencias públicas y por el Congreso. Estamos hablando de un impuesto que impacta directamente en el bolsillo de la gente”. Tras analizar la implementación del nuevo esquema, la legisladora denunció la existencia de un «doble cobro».
En ese sentido, explicó que el nuevo sistema provocará que millones de hogares paguen más del 100% del costo real de la energía. Esto se debe a un adicional del 3,4% en la boleta destinado a un fondo de infraestructura que el propio Gobierno disolvió meses atrás. López aclaró que, dado que los costos de infraestructura ya se abonan mediante una suma fija, la medida constituye un «impuesto encubierto».
Gustavo Lopetegui, ex vicejefe de Gabinete y ex secretario de Energía, remarcó que el Gobierno ya avanzó de manera significativa en la reducción de estas partidas. «En 2023 los subsidios representaban el 1,7% del PBI; en 2024 bajaron a 1 punto; este año cerrarán en torno al 0,66% del PBI, unos US$2500 millones, y el objetivo oficial es llevarlos al 0,5% en 2026, cerca de US$1600 millones», detalló.
En despachos oficiales reconocen que en algunos momentos del año los usuarios residenciales recibirán aumentos en sus facturas de luz y de gas que mostrarán porcentajes abultados de variación, arriba de los dos dígitos.
Con información de La Nación
ADEMÁS EN NEA HOY:
Empresas de transporte de Chaco advierten que no podrán pagar el aguinaldo y proponen cuatro cuotas
