La Diputada nacional Jimena López, del Frente Renovador, denunció que el nuevo esquema tarifario impulsado por el Gobierno nacional se trata de un «impuesto encubierto» dentro de la factura de electricidad y gas, que terminará afectando a millones de usuarios en todo el país. La legisladora explicó una trama técnica compleja que, lejos de ser un reordenamiento de subsidios, implica la incorporación de un «doble cobro» oculto que no fue debatido ni aprobado por el Congreso. Según la Resolución 484/2025 de la Secretaría de Energía, los hogares que queden fuera del subsidio no pagarán simplemente el costo real de la energía, sino el 103,4% de ese costo, bajo el argumento de financiar infraestructura. «Eso no es una tarifa: es un impuesto dentro de la boleta», sostuvo López, subrayando la falta de claridad conceptual del nuevo esquema.
Conforme a lo expuesto por la Diputada, el descubrimiento surge del trabajo técnico realizado por su equipo especializado en tarifas energéticas y por la Fundación Encuentro. «Si no hay gente mirando todos los días el Boletín Oficial y analizando las resoluciones, estas cosas pasan sin ruido», advirtió.
Los principales perjudicados por este esquema serán más de tres millones de usuarios residenciales, especialmente aquellos que viven en regiones con consumos energéticos elevados por razones climáticas y estructurales. En el NEA y el NOA, las altas temperaturas obligan a un uso intensivo de la electricidad durante gran parte del año. En las zonas frías, el consumo de gas o energía eléctrica para calefacción es indispensable para atravesar el invierno.
«El problema es sencillo: ya estamos pagando un cargo destinado a infraestructura y mantenimiento del sistema energético, y ahora lo vuelven a sumar con otro nombre», explicó López. Ese nuevo ítem llamado «fondo fiduciario para el transporte eléctrico federal» aparece reflejado como un 3,4% adicional en la boleta, bajo una denominación extensa y poco comprensible para el usuario común, vinculada a un fondo de infraestructura que el propio Gobierno disolvió meses atrás.
Claves para entender la resolución
La denuncia se centra en que se estaría obligando a los usuarios a pagar dos veces. Esto se debe a dos razones principales: en primer lugar, los costos de infraestructura ya están contemplados en las tarifas vigentes. En segundo lugar, y de manera crucial, estos fondos actualmente no se están utilizando en inversiones reales, dado que la obra pública en el sector energético está paralizada. «No solo pagaríamos dos veces, sino que encima esos recursos no se están usando», remarcó López.
En el NEA, el NOA y las zonas frías, la energía representa una necesidad esencial. Sin embargo, el nuevo esquema no contempla estas realidades. Por el contrario, establece topes de consumo y criterios de subsidios homogéneos que empujan a miles de hogares a perder el beneficio y pagar tarifas mucho más altas. «Vamos a terminar pagando más quienes vivimos en regiones con consumos diferenciales», alertó la Diputada.
Más allá de la denuncia técnica, el trasfondo político revela una lógica que se repite: una mirada centralista del Estado nacional que diseña políticas energéticas desde la Capital Federal, sin contemplar las profundas desigualdades territoriales del país. En el área metropolitana, los usuarios cuentan con mayor diversidad energética: acceso al gas, menor dependencia eléctrica y consumos más moderados por condiciones climáticas más estables. En cambio, las zonas mencionadas con anterioridad enfrentan consumos estructuralmente más altos.
A esto se suma el mecanismo elegido por el Gobierno para avanzar con la medida: una consulta pública online, no vinculante y con escasa difusión. «Este tipo de decisiones tienen que pasar por audiencias públicas y por el Congreso. Estamos hablando de un impuesto que impacta directo en el bolsillo de la gente», reclamó la Diputada.
En cuanto a los beneficiados, López fue clara: el Gobierno nacional, que recauda fondos sin ejecutarlos en obras, y las grandes empresas energéticas, que aumentan su recaudación. En contrapartida, el ajuste vuelve a recaer sobre los hogares, los pequeños comercios, los clubes de barrio y las economías regionales.
Finalmente, la legisladora insistió en la necesidad de construir una mayoría política y federal que frene esta decisión arbitraria de Nación. «Esto no pasó por el Congreso y tiene que pasar. Las provincias tienen que llevar este reclamo a ambas cámaras y poner un límite», afirmó. Para López, el debate de fondo es evitar que las tarifas se conviertan en una herramienta de recaudación encubierta que profundice las desigualdades y castigue, una vez más, a quienes más necesitan de la energía para vivir.
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