En la primera semana de sesiones extraordinarias, el Gobierno no pudo concretar su estrategia parlamentaria por completo. Si bien alcanzó a aprobar la propuesta general en Diputados el Presupuesto 2026, con 132 votos a favor a 97 en contra, no garantizaron respaldos provinciales, lo que podría representar un mensaje de sus aliados. Aún así, Casa Rosada podría intentar la sanción de un porcentaje del proyecto en el Senado antes del fin de año. Sobre el cierre de la sesión, definieron a los tres representantes para la Auditoría General de la Nación.
Presupuesto 2026: los puntos más importantes
Entre las proyecciones del Presupuesto 2026, el Gobierno estipula un crecimiento del 5,4% del PBI, una inflación anual del 10,1% y un tipo de cambio de $1.423 hacia diciembre del próximo año, objetivo que implicaría un fortalecimiento del peso nacional dado que en la jornada de sesión el dólar cerró a $1.475. Además, se considera como meta un superávit fiscal primario del 1,5% del PBI.
Según la Oficina del Presupuesto del Congreso, la recaudación crecerá 0,47% del PIB, «con mayor presión sobre Combustibles y el Impuesto a las Ganancias, y menor en Bienes Personales». El organismo también detectó que las transferencias corrientes a provincias se incrementan 31,1% respecto del cierre previsto para este año; mientras que las empresas públicas recibirán $4,4 billones en transferencias corrientes y de capital.
El Impuesto a las Ganancias aportaría $16,5 billones, con una suba real del 12,8%. El IVA, $32,9 billones, con un crecimiento real del 8%. Débitos y créditos bancarios —uno de los tributos que el Gobierno aspira a reducir o eliminar— generaría $16,4 billones, con una mejora real del 10%. Por otro lado, se prorroga hasta 2045 la eximición de tributos a la energía renovables.
Entre los proyectos más criticados por la oposición se encontraba el artículo 69, que reducen los territorios geográficos alcanzados por el Régimen de Zona Fría; y el artículo 70, que derogaba tres artículos del Régimen de Asignaciones Familiares eliminando la movilidad de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y del resto de las asignaciones sujetadas a la movilidad previsional, pasando a depender de las decisiones discrecionales del Poder Ejecutivo.
Además, en su artículo 75, eliminaba dos leyes sancionadas este año que fueron insistidas por dos tercios del Congreso: la de Emergencia Nacional en Discapacidad y la de Financiamiento Universitario. Para las universidades nacionales, el Presupuesto prevé recursos por $4,8 billones, que «resultará insuficiente», según un comunicado del Consejo Interuniversitario Nacional. Para la Atención Integral a las Personas con Discapacidad, los aumentos iban a ser determinados en forma trimestral por el Ministerio de Salud y la ANDIS.
En el artículo 30, se derogan también las disposiciones legales para el aumento paulatino de inversión en Educación Técnico Profesional, el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología y el Sistema de Educación Nacional y el Fondo Nacional de la Defensa. También se establece el congelamiento del bono de $70.000 para jubilados, dispuesto en el 2023, aunque se establece un incremento real del 5,7% en jubilaciones.
Fuente: Ámbito
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