El gobierno nacional presentó en diciembre su proyecto de reforma del Código Penal con un mensaje claro: «el que las hace las paga». La iniciativa promete reducir la delincuencia endureciendo penas, haciendo imprescriptibles delitos graves y expandiendo el texto legal de 316 a 920 artículos. Sin embargo, una revisión de las estadísticas del sistema judicial y penitenciario argentino revela una paradoja sobre esta mirada: el problema de la seguridad no parece encontrarse en la falta de castigos, sino la incapacidad del Estado para aplicarlos.
Los números que desmienten la reforma
Si hay un problema de inseguridad en Argentina, no es porque quien las haga no este pagando, porque de hecho la población carcelaria viene en aumento año a año. Las cárceles federales albergan actualmente 12.062 personas, un aumento del 3,2% respecto a diciembre de 2024.
Pero el verdadero problema no está en la aprehensión, sino en lo que pasa después. Según la Procuraduría de Violencia Institucional, el 39,5% de las personas detenidas en cárceles federales no tiene condena firme. Son casi 4.800 individuos privados de su libertad sin que un juez haya determinado su culpabilidad. En 2023, esa cifra alcanzaba el 47%. Entre jóvenes de 18 a 21 años, el porcentaje de prisión preventiva roza el 70%.
¿Cómo puede el gobierno proponer penas más severas cuando miles de personas permanecen años encarceladas sin juicio? Una respuesta posible podría encontrarse en el colapso del Poder Judicial. Un informe del Consejo de la Magistratura revela que el 33,6% de los cargos judiciales está vacante: 337 puestos sin cubrir sobre un total de 1.002. En la Justicia Nacional, la situación es aún más grave, con el 43% de las vacantes concentradas en ese fuero.
La última designación masiva de jueces federales ocurrió en noviembre de 2023. Desde entonces, el gobierno de Milei no envió ningún pliego al Senado, pese a tener 184 concursos terminados esperando aprobación. Mientras tanto, se estima que hacia fin de año otros 142 jueces alcanzarán la edad de jubilación. Si todos se retiran, la mitad de los cargos quedaría acéfala.
Las consecuencias de esta parálisis son tangibles. En Tucumán, la Justicia Federal de primera instancia quedó sin jueces locales durante semanas, debiendo recurrir a magistrados de Catamarca para subrogar los juzgados. El presidente del Colegio de Abogacía de Córdoba, Ricardo Gil Lavedra, calificó la situación como «intolerable e inadmisible».
Más mano dura, más reincidencia
Pero el problema trasciende la lentitud procesal. El sistema penitenciario opera con 529 presos por encima de su capacidad máxima, un exceso del 4,6%. La sobrepoblación no es solo un problema humanitario: es un factor determinante en el fracaso de la reinserción social.
Argentina presenta una de las tasas de reincidencia más altas de la región: más del 65% de quienes cumplen condena vuelve a delinquir. Las razones saltan a la vista cuando se analizan los programas de reinserción. Solo el 17% de los detenidos participa en capacitación laboral y apenas el 48% accede a programas educativos. Sin herramientas para reintegrarse a la sociedad, la cárcel se convierte en una puerta giratoria.
La ministra de Seguridad saliente, Patricia Bullrich, defendió la reforma argumentando que «las condenas no las sienta la sociedad como insuficientes«. Sin embargo, expertos como el jurista Matías Bailone, de la UBA, cuestionan la lógica punitiva: «Subir las penas complica la tarea jurisdiccional y agrava la situación del Código Penal. No hay una necesidad real de este tipo de reforma«.
En la misma sintonía, el ex titular de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas Manuel Garrido evaluó que «Subir las penas es puro populismo penal. Un código debe buscar racionalidad y proporcionalidad. Solo piensan en la represión, pero no toman en cuenta los recursos disponibles para concretar la política criminal que proponen«.
El proyecto incluye aspectos positivos, como la tipificación de nuevos delitos del siglo XXI (cibercrimen, stealthing, pornovenganza) y la unificación normativa tras 105 años de reformas parciales. Pero el núcleo de la iniciativa apuesta por el castigo como solución mágica, ignorando que el sistema penitenciario ya está colapsado y que la justicia no tiene capacidad operativa para procesar más causas.
Más penas sin más jueces, más presos sin programas de reinserción y más años de cárcel sin capacidad de alojamiento solo profundizarán el círculo vicioso. La pregunta que el gobierno elude es si realmente busca reducir el delito o simplemente capitalizar el rédito político de mostrarse implacable con el crimen.
Los números sugieren que la reforma del Código Penal es una respuesta contundente a un problema mal diagnosticado o simple demagogia para los votantes sin soluciones reales. Mientras persistan 337 cargos judiciales vacantes, miles de presos sin condena y una tasa de reincidencia superior al 65%, endurecer penas no será más que un placebo que tranquiliza a la opinión pública sin resolver nada de fondo.
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