La intempestiva remoción de Evelyn Karsten de la Secretaría Parlamentaria de la Cámara de Diputados sumó un capítulo explosivo al escenario político correntino. La dirigente de La Libertad Avanza, que anticipó acciones judiciales, apuntó directamente contra el gobernador Gustavo Valdés y vinculó el episodio con un deterioro más amplio en el funcionamiento institucional de la provincia, marcado –según ella– por decisiones discrecionales y un manejo político que también impactó en la investigación por la desaparición de Loan Peña.
La denuncia pública de Evelyn Karsten, publicada en redes sociales tras la sesión preparatoria, fue contundente: acusó a Gustavo Valdés de usar su poder “por revanchismo” y de violentar el Reglamento de la Cámara y la Constitución Provincial para desplazarla. La ex candidata a vicegobernadora afirmó que su salida no tiene fundamentos legales y que la maniobra busca disciplinar a quienes no se alinean con el oficialismo: “No le gusta mi cara y no acepta que lo contradigan”, disparó en su cuenta oficial de Instagram.
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La reacción llega en un momento especialmente sensible: mientras la provincia atraviesa una de las mayores crisis institucionales en años, la causa por la desaparición de Loan Peña ingresó en su tramo decisivo con fuertes denuncias de encubrimiento político, maniobras judiciales y un avance forzado hacia el juicio.
Del quiebre institucional al caso Loan: un hilo en común
La crítica de Karsten hacia Valdés retomó un punto clave que atraviesa el expediente de Loan desde el inicio: el rol del poder político correntino. En su descargo, la dirigente recordó que el gobernador deja como legado “el mal accionar de su gobierno ante la desaparición de un niño de 5 años”.
No es un señalamiento menor: desde junio de 2024, cuando Loan fue visto por última vez, el expediente estuvo rodeado de denuncias, cambios de versión, presiones y maniobras destinadas a desviar la investigación.
La propia familia de Loan mantuvo una relación oscilante con Valdés: pasó de acusarlo de “no estar a favor” de la búsqueda y de “tirar para el otro lado”, a reunirse en privado en Casa de Gobierno y luego denunciarlo por mal desempeño y por validar una hipótesis falsa. La tensión escaló en septiembre de 2024, cuando pidieron su juicio político.
Un año después, la desaparición de Loan volvió a colocarse en el centro de la escena: la Justicia Federal unificó las causas, rechazó las nulidades y fijó fecha de juicio para el 27 de febrero de 2026, luego de un ultimátum de la Cámara Federal que calificó de “irrazonable” la demora en el expediente.
Maniobras de desvío y protección política
El avance del caso puso en evidencia una red de encubrimientos y de presiones que, según distintas denuncias, involucró actores políticos cercanos a Valdés. El episodio más grave fue el “guion” del accidente: una declaración falsa impulsada por el abogado José Fernández Codazzi, quien llevó a Laudelina Peña a sostener que Loan había sido atropellado.
Fundación La Alameda denunció que ese armado habría sido operado por el senador provincial Diego Pellegrini, considerado uno de los nexos políticos del gobernador. La jueza federal Cristina Pozzer Penzo, por su parte, quedó en el centro de las críticas por inacción, por no citar a funcionarios provinciales y por rechazar líneas de investigación sensibles. Su actuación fue denunciada por mal desempeño.
Karsten, en su descargo, retomó esta línea de cuestionamientos: sostuvo que la estructura de poder en Corrientes opera bajo “aplaudidores”, protege intereses propios y castiga a quienes incomodan. Su remoción, para ella, se inscribe en ese mismo patrón.
Un mensaje político que reconfigura alianzas
La ahora ex secretaria parlamentaria no evitó la confrontación directa: acusó a Valdés de utilizar su posición para resolver “una cuestión personal”, de actuar con “pobreza de espíritu” y de encabezar un liderazgo basado en la fuerza y no en los argumentos.
Su postura, que rompe cualquier puente con el oficialismo provincial, llega apenas semanas después de que Karsten buscara posicionarse como una dirigente moderada dentro de La Libertad Avanza, dispuesta a defender obra pública, educación y salud, incluso frente al ajuste nacional.
El giro discursivo es evidente: ahora se muestra como opositora frontal de Valdés en un proceso donde el caso Loan –imposible de despolitizar– vuelve a funcionar como un termómetro del deterioro institucional en Corrientes.
Hacia los tribunales y hacia un juicio clave
Karsten anticipó que judicializará su remoción y que demostrará la nulidad de la sesión. En paralelo, el expediente Loan se encamina al juicio oral luego de que Casación confirmara que la desaparición forzada es un delito permanente y que no se puede cerrar la investigación mientras el niño no aparezca.
El cruce entre ambos procesos –el político y el judicial– vuelve a situar a Corrientes en un punto de máxima tensión: una provincia donde las disputas internas, las denuncias por encubrimiento y la fragilidad institucional se mezclan con el caso más doloroso de los últimos años.
Con información de redes oficiales y datos de NEA HOY.
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