La causa por la desaparición de Loan Peña atraviesa uno de sus momentos más decisivos desde que el niño fue visto por última vez en junio de 2024. Tras meses de maniobras políticas, conflictos internos en la querella, denuncias de encubrimiento y demoras injustificadas en el fuero federal, en los últimos días se produjeron movimientos clave: definiciones judiciales que ordenan el rumbo del juicio, nuevas medidas de búsqueda y un fuerte reclamo de los padres en Comodoro Py para evitar que la investigación se cierre.
Este escenario de tensión acumulada reconfigura el caso y vuelve a poner en primer plano responsabilidades políticas, judiciales y familiares.
El giro inesperado de los padres: del enfrentamiento con Valdés a la despolitización
El caso tuvo un elemento llamativo desde el inicio: la oscilante relación de los padres de Loan Peña con el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés.
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Julio 2024: Críticas abiertas. A 19 días de la desaparición, José Peña aseguró que el Gobierno provincial “no estaba a favor” de la familia y que nadie se había acercado desde la gobernación. La frase “ellos están tirando para el otro lado” marcó el quiebre.
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Agosto 2024: Reunión íntima con Valdés y salida de Burlando. A 80 días del hecho, los padres pidieron una reunión privada en la residencia oficial. Su hijo relató que fue una “decisión familiar”, motivada por la desesperación. Ese mismo día revocaron el mandato del abogado Fernando Burlando.
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Septiembre 2024: Denuncia formal. A punto de cumplirse 100 días, la familia denunció a Valdés, Braillard Poccard y Buenaventura Duarte por “mal desempeño” e inacción. Exigieron juicio político y remarcaron que Valdés celebró públicamente una hipótesis falsa que “les cerraba a todos en el poder”.
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Junio 2025: Pedido de despolitización. Un año después, María Noguera pidió que no usaran el nombre para «hacer política” y reclamó apoyo sin banderías.
Este recorrido muestra cómo la familia pasó de denunciar encubrimiento político a pedir neutralidad, un cambio que generó tensión en la causa y también entre los propios abogados.
Rupturas en la querella, presiones internas y el rol clave de Codazzi
El trabajo de la querella estuvo atravesado por conflictos, salidas forzadas y maniobras de presión.
La salida de Burlando
El 30 de agosto de 2024 se enteró por los medios de que lo habían desplazado. Cuestionó duramente la decisión: ¿Vos te juntarías con los que entorpecieron la causa? Yo no iba a entregar a Loan”. La tensión se agravó por su enfrentamiento con el abogado José Fernández Codazzi, figura clave en el intento de desvío.
El “guion ficcional” del accidente
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El 28 de junio de 2024, Codazzi llevó a Laudelina Peña a declarar una versión falsa: que Loan había sido atropellado por Caillava y Pérez.
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La hija de Laudelina denunció que su madre fue “amenazada y sobornada” para sostener ese relato.
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Burlando pidió su detención y La Alameda reveló que el vehículo usado para trasladarlas pertenecería a una agencia vinculada al senador Diego Pellegrini, señalado como nexo político de Valdés.
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Según un testigo protegido, Pellegrini habría encargado el guion a pedido del gobernador.
El intento de silenciar a la prensa
El abogado Juan Pablo Gallego —quien reemplazó a Burlando— envió una carta documento al periodista Nahuel Suárez (A24), quien denunciaba un parate deliberado en la causa. Suárez interpretó el gesto como un acto de censura: “¿La orden viene de más arriba?”
El papel de la jueza Pozzer Penzo: inacción, protección política y un ultimátum judicial
La jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, quedó en el centro del escándalo institucional.
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Acusaciones de encubrimiento. La Alameda la denunció por mal desempeño, inacción y por “proteger” a funcionarios provinciales.
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Negación de pruebas sensibles. Rechazó la citación de funcionarios políticos, policiales y judiciales vinculados al gobierno correntino.
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Desestimación de la pista narco. Nunca investigó vínculos con narcomenudeo ni la relación entre el entorno familiar y figuras delictivas locales. Había 30 preguntas sin respuesta.
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El ultimátum. La Cámara Federal de Apelaciones le ordenó resolver antes del 29 de noviembre de 2025 la situación procesal de los imputados, calificando como “irrazonable” la demora bajo el argumento de esperar la aparición del niño.
Este ultimátum —sumado a la presión mediática y a las contradicciones políticas— sería clave para destrabar el expediente.
La resolución judicial del 27 de noviembre de 2025: unificación, rechazo de nulidades y juicio confirmado
Después de meses de controversias, el Tribunal Oral Federal de Corrientes tomó una decisión que redefine el rumbo de la causa.
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Unificó todas las causas.
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Rechazó todas las nulidades.
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Ratificó la competencia federal.
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Fijó fecha de juicio: 27 de febrero de 2026.
Vale recordar que, en la previa a la resolución judicial que ordenó y reactivó definitivamente el rumbo del expediente, los padres de Loan dieron un último paso decisivo: viajaron a Comodoro Py para impedir que la investigación corriera riesgo de cerrarse por “caducidad de prueba”. En la audiencia del 19 de noviembre ante Casación, su abogada, María Belén Ruso Cornara, subrayó que la desaparición forzada es un delito permanente y que, mientras Loan no aparezca, ninguna instancia puede clausurar la instrucción.
