El segundo aniversario de la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada coincide con el Día de los Derechos Humanos, una fecha que, desde el retorno democrático, se convirtió en una reafirmación anual del compromiso argentino con las políticas de Memoria, Verdad y Justicia. Sin embargo, entre 2024 y 2025 ese pacto fue profundamente alterado.
El gobierno de Javier Milei desplegó un conjunto de medidas —desde recortes, despidos y cierres, hasta acciones diplomáticas sin precedentes— que conforman un ataque integral a las bases construidas durante décadas para juzgar y visibilizar los crímenes de la dictadura cívico-militar.
El vaciamiento del Estado y el riesgo sobre la prueba judicial
El episodio más alarmante ocurrió en el Archivo General de la Armada (AGA), donde en 2024 la Marina inició un proceso de mudanza y “depuración” de documentación. La autorización para triturar archivos encendió alertas inmediatas entre organismos y querellas: muchos de esos documentos son clave para causas aún activas, entre ellas la que investiga los crímenes cometidos en la ESMA, el mayor centro clandestino de detención del país.
El manejo discrecional del material recordó, además, el rol histórico del AGA en encubrir el accionar represivo, especialmente a través de la COPESE, creada durante la dictadura para borrar pruebas. La intervención judicial llegó con rapidez: una medida cautelar prohibió mover, alterar o destruir documentación vinculada a crímenes de lesa humanidad.
En paralelo, el Ministerio de Defensa, a cargo de Luis Petri, avanzó con la disolución del Equipo de Relevamiento y Análisis Documental (ERyA), operativo desde 2010 para aportar pruebas a los juicios. También fue eliminada la Unidad Especial de Investigación de la CONADI, y se restringió el acceso a archivos estatales, afectando directamente el avance en causas por apropiación de bebés y desaparición forzada.
La designación de Carlos Alberto Presti: otro punto de quiebre en la política de Defensa
La decisión de Javier Milei de nombrar al teniente general Carlos Alberto Presti como ministro de Defensa —el primer militar en ocupar ese cargo desde el retorno democrático en 1983— abrió un frente de críticas que se sumó al clima de tensión ya existente por el avance del negacionismo y el desmantelamiento de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia.
El trasfondo personal también amplificó el rechazo: Presti es hijo de Roque Carlos Presti, militar acusado por crímenes de lesa humanidad en La Plata, y su ascenso ya había generado un fuerte remezón interno cuando fue designado jefe del Ejército en 2024, obligando al retiro de 22 generales.
Espacios de memoria vaciados: despidos, destrucción y censura
Los espacios de memoria fueron uno de los blancos centrales de la política de ajuste. Más de 400 trabajadores fueron despedidos en 2024, afectando áreas esenciales como investigación, arqueología, conservación y mantenimiento en sitios emblemáticos.
El vaciamiento también alcanzó al Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, cerrado desde enero de 2025 bajo el argumento de una reestructuración. El cierre fue interpretado como un ataque a la memoria colectiva y un intento de disciplinar la producción cultural crítica.
Incluso se avanzó sobre las perspectivas de género dentro de la política de memoria: en el Museo Sitio de Memoria ESMA se retiró la muestra permanente “Ser Mujeres”, dedicada a visibilizar la violencia sexual, la esclavización y las experiencias específicas de las mujeres en los centros clandestinos.
Ruptura de la tradición argentina en derechos humanos ante la ONU
La política exterior también acompañó este giro. Argentina rompió con cuatro décadas de consensos diplomáticos en materia de derechos humanos y se alineó con Estados Unidos e Israel en votaciones inéditas:
- votó en contra de una resolución de la ONU para prevenir la tortura;
- fue el único país en rechazar una resolución contra la violencia hacia mujeres y niñas;
- rechazó una resolución a favor de los pueblos originarios;
- respaldó el embargo de EE.UU. contra Cuba;
- votó contra la exigencia de retirar tropas israelíes de Gaza y Cisjordania.
Estas decisiones representaron un quiebre histórico en la política exterior argentina y consolidaron una postura que rompe el pacto democrático construido desde 1983.
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