Con salarios que retrocedieron a niveles de hace diez años en 21 provincias, presupuestos provinciales que se ven afectados por la baja de los fondos nacionales y la eliminación de pilares de financiamiento como el FONID, la educación pública atraviesa su ajuste más profundo en décadas. Según un informe de Argentinos por la Educación, los salarios docentes actuales son más bajos que en 2014.
Las medidas del gobierno de Javier Milei -quita del incentivo docente, disolución de la paritaria nacional, la declaración de la educación como servicio esencial y las restricciones al derecho a huelga- reconfiguraron las reglas del sector y trasladaron el peso del ajuste directamente al bolsillo docente y a los presupuestos provinciales. El resultado: más maestras y profesores por debajo de la línea de pobreza, más provincias incapaces de sostener programas básicos, más brechas entre regiones.
El Presupuesto nacional del 2026 agrava la situación, porque propone destinar solo 0,75% del PBI a Educación, un número que retrocede a niveles previos a 2010 y que se ubica muy lejos de la meta del 6% establecida por ley. Este año, solo en noviembre, el área educativa sufrió recortes profundos: el Fondo de Incentivo Docente cayó un 100%, las partidas para Becas y Gestión Estudiantil se redujeron 78%, las Acciones de Formación Docente también retrocedieron 78%, la Infraestructura y el Equipamiento disminuyeron 51% y el Desarrollo de la Educación Superior se recortó 30%.
En Argentina, los docentes enfrentan salarios que en la mayoría de las provincias no alcanzan para cubrir lo básico. Esto ocurre en un marco donde la administración libertaria adoptó una serie de medidas que impactaron directamente en la educación, agravando problemas estructurales y/o empeorando las condiciones de vida de sus trabajadores.
El salario docente, tras las reformas de los 90, depende en casi su totalidad de los presupuestos provinciales, pero el problema es que con el ajuste que Milei implementó a los distritos, estos tiene menos fondos nacionales por lo que deben comprometer fondos propios (tanto en educación como en el resto de los sectores).
Las provincias recibieron en noviembre un golpe profundo a sus finanzas: las transferencias por recursos tributarios de origen nacional y los fondos de coparticipación se desplomaron en términos reales, según el último informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA). Pese al discurso oficial que intenta mostrar estabilidad, los datos exhiben lo contrario: la recaudación cae porque la economía se achica.
El informe del CEPA comparó los ingresos provinciales de noviembre de 2025 con los del mismo mes de 2024, tomando como referencia una inflación estimada del 1,9%. El resultado fue contundente, ya que hubo un retroceso generalizado del 5% en los recursos de origen nacional, una caída que evidencia la profundidad de la contracción económica y sus efectos directos en los presupuestos provinciales.
«En comparación con 2014, todas las provincias de la región presentan salarios, en términos reales, inferiores a los de ese año», detalló el informe. En el NEA, los sueldos de los docentes de Chaco mostraron niveles mayores a los del 2014, siguiendo con una tendencia alcista desde el 2021 hasta la actualidad. Sin embargo, la negativa del Gobierno de Leandro Zdero de aplicar la cláusula gatillo amenaza con volver a provocar una caída a los haberes del sector.
En Formosa y Misiones se mantiene el pago del Fondo de Incentivo Docente que la Nación dejó de financiar y que representaba entre el 7% y el 10% del salario. En Formosa, además, continúa el plus por Conectividad. La provincia buscó amortiguar el ajuste nacional: en 2024 destinó un 138% más de recursos que en 2023 y el salario docente tuvo una mejora del 31% interanual. Junto al aumento del punto índice, también se creó un nuevo complemento por servicio.
Presupuesto nacional 2026
En el Proyecto de Ley de Presupuesto 2026 que envió el Ejecutivo al Congreso se prevé destinar menos del 1% del PBI a educación (de aprobarse, sería el tercer año consecutivo por debajo de ese porcentaje).
Según el texto oficial, el Estado nacional invertirá en 2026 apenas el 0,75% del PBI, es decir, la mitad de lo que se destinaba hace una década (1,59% en 2015). El ajuste se enmarca en un programa económico que consolida la reducción del gasto público como política de Estado. De hecho, el Presupuesto proyecta para el próximo año un nivel de gasto real 57% inferior al de 2023.
Sobre ello, un informe privado advirtió que el Presupuesto 2026 debería tener un aumento global de 940% en todas sus partidas para mantener un mismo nivel de asignación presupuestaria real respecto de 2023.
De acuerdo con estimaciones de la Fundación Éforo, «la inflación acumulada en los años 2023, 2024 y 2025 rondará el 940%, por lo que ese debería ser el nivel de incremento de las partidas en el inicio de 2026 si se quisiera mantener el nivel real del gasto público». Por el contrario, las partidas presentan una mejora nominal del 411% (529 puntos porcentuales menos de los necesarios para estar en un nivel similar a los valores presupuestados de 2023).
Fuente: Conclusión
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