El posible descenso de la edad de imputabilidad en Argentina reaviva un debate profundo que interpela a toda la sociedad. En un contexto de avanzada punitivista, el Dr. Carlos María Miers, ex juez de menores, dialogó con «DETRÁS DE LAS NOTICIAS» en Radio Digital, poniendo el foco no solo en la necesidad de modernizar el Código Penal, sino en la obligación incumplida del Estado adulto para con sus infancias y adolescencias.
La propuesta: una reforma integral y punitiva
Actualmente, la ley argentina establece la punibilidad entre los 16 y 18 años para delitos graves, con alojamiento en centros especializados y no en cárceles de adultos. Para los menores de 16, rige una lógica tutelar con posibles medidas de privación de libertad en centros no-cerrados.
Sin embargo, el Congreso Nacional debate la propuesta de bajar la edad de punibilidad a los 14 años, e incluso se mencionó un proyecto anterior del Gobierno Nacional que la establecía en 13. Esta iniciativa se enmarca en un discurso que sostiene que el delito juvenil «existe, crece y cuesta vidas», y que busca «terminar con la impunidad».
El discurso oficial señala la necesidad de penalizar la adolescencia vulnerada, atribuyendo el crecimiento del delito a los gobiernos anteriores”. El Dr. Miers si bien avala la necesidad de una reforma integral del Código Penal, se muestra cauteloso respecto a la baja de la imputabilidad, subrayando las limitaciones de la ley penal para reducir el delito y la necesidad de respetar los marcos internacionales.
El ex juez considera que la reforma es necesaria principalmente para integrar nuevos tipos penales que surgieron con la evolución social y tecnológica, como: Delitos Informáticos (estafas, etc.), grooming, ecocidio y daños ambientales, lavado de activos. También celebra la imprescriptibilidad de delitos como homicidio agravado, corrupción y narcotráfico, y los delitos contra la Administración Pública, entendiendo que esto es una herramienta crucial contra la corrupción, dado el «grado de perjuicio que se ocasiona».
Miers desestima que la ampliación del espectro de delitos, el aumento de penas o la baja de imputabilidad contribuyan a la reducción del delito. «El homicidio siempre estuvo tipificado, pero homicidio siempre hubo, no es que se redujo, al contrario… no creo que reduzca los índices de delito. No, no, su incidencia va a ser ínfima, muy poca».
Enfatiza que el foco en la pena ignora la necesidad de abordar la crisis estructural del sistema penitenciario y de menores. Advierte que una reforma sin inversión en infraestructura solo generará un sistema carcelario «mucho más abarrotado, reventado,» que ya está en crisis hace décadas.
El límite constitucional y la convención del niño
El punto más crítico para Miers es el respeto a la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (CIDN), que tiene jerarquía constitucional en Argentina (Art. 75, inc. 22). La CIDN exige al Estado fijar una edad antes de la cual un menor no puede ser juzgado ni procesado. Miers subraya que una ley ordinaria, como el Código Penal, no puede estar por encima de una norma constitucional. De no respetarse la CIDN, cualquier profesional del derecho podría plantear la inconstitucionalidad de la norma, haciendo que «todo se va a caer».
El debate sobre la edad, más allá del número (13, 14, o el anterior de 16), debe girar en torno al quantum de la pena para elaborar un régimen penal juvenil que sea coherente con los límites mínimos y máximos establecidos para adolescentes. En este escenario discursivo, la mirada debe correrse del adolescente para posarse en la responsabilidad del Estado y la población adulta.
El Dr. Miers es tajante: la reforma penal debe ir de la mano de una reforma en la estructura penitenciaria y de menores que garantice Infraestructura digna, para evitar el hacinamiento en un sistema explotado; personal idóneo, el Estado tiene la obligación de preparar y entrenar a personas para custodiar y acompañar a «chicos especiales», que requieren un tratamiento específico, no punitivo sin más. Además, un abordaje estructural, la pena y la imputabilidad son ineficaces sin políticas sociales de prevención, educación y reinserción social.
El señalamiento final no es a la adolescencia que delinque, sino a la población adulta y a la dirigencia política que no logró condicionar las estructuras para que el crecimiento de cada niño, niña y adolescente no se vea truncado por la posibilidad de un apresamiento a temprana edad.
La baja de la imputabilidad es la respuesta más fácil a la compleja problemática de la violencia, pero es una respuesta que ignora la obligación estatal de proteger y la realidad estructural de un sistema social que ha fallado en garantizar a las infancias y adolescencias sus derechos fundamentales. Cualquier avance punitivo que no venga acompañado de una inversión social y edilicia paralela e inmediata, es un simple ejercicio de retórica política que solo garantizará la continuidad de la crisis.
Fuente: FM Digital 91.3
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