El gobierno anunció el lunes que Carlos Alberto Presti, actual jefe del Ejército, ocupará el Ministerio de Defensa, convirtiéndose en el primer militar activo en liderar esa cartera desde el retorno democrático. La medida generó reacciones encontradas, con voces que debaten la conveniencia institucional de nombrar a un uniformado en el cargo. Sin embargo, organismos de derechos humanos concentran sus críticas en otro aspecto: los vínculos familiares del designado con la represión dictatorial y su ausencia de posicionamiento al respecto.
Los crímenes del padre
Roque Carlos Presti, padre del flamante ministro, comandó el Regimiento de Infantería 7 de La Plata durante la última dictadura militar. Bajo su mando operaron centros clandestinos de detención como La Cacha, Arana y la Comisaría Quinta, según consta en legajos de la CONADEP.
En 1987, Roque Presti reconoció ante la Cámara Federal haber recibido listas con nombres de personas a secuestrar el mismo 24 de marzo de 1976. Fue señalado en más de 40 causas por secuestro, desaparición forzada y torturas. Entre los episodios más resonantes figura el operativo del 24 de noviembre de 1976 contra la casa de la familia Teruggi-Mariani en la ciudad de La Plata, donde fue asesinada Diana Teruggi y secuestrada su hija Clara Anahí, de tres meses de edad. La niña permanece desaparecida. Su abuela, Chicha Mariani, cofundó Abuelas de Plaza de Mayo.
💥Como un acto de provocación asume en Defensa el militar Carlos Alberto Presti, hijo del genocida, asesino de embarazadas,Roque Presti,
En el traspaso lo único que le preocupó a Bullrich es que no le toquen los negocios de su marido Guillermo Yanco. 💵 pic.twitter.com/sU9ZS0alwV— 𝐀𝐑𝐆𝐄𝐍𝐓𝐈𝐍𝐀 𝐇𝐎𝐘 🎙🎧📻📰 🇦🇷 🌟🌟🌟 (@Antonio27591643) November 24, 2025
Roque Presti también estuvo involucrado en el operativo conocido como La Noche de los Lápices, el secuestro de diez estudiantes secundarios en septiembre de 1976. Cuatro sobrevivieron; los otros seis permanecen desaparecidos y se presume que fueron ejecutados a principios de 1977. La Ley de Obediencia Debida de 1987 dejó a Roque Presti en libertad. Murió en 1993 sin haber sido juzgado por estos hechos.
Un silencio de décadas
Carlos Alberto Presti tenía dos años cuando su padre asumió el comando del Regimiento 7, así que no se trata de culpar a un niño de los crímenes de su padre. El problema es que no existe registro público de que el flamante ministro de Defensa se haya expresado sobre los delitos cometidos por su padre ni sobre el terrorismo de Estado durante la dictadura. La agrupación Desobedientes, conformada por hijos e hijas de represores que rompieron con el legado familiar, señaló que «cualquier militar con un padre genocida que no tome posición sobre que ninguna diferencia política puede dirimirse mediante el exterminio presenta serias dudas sobre su compromiso democrático«.
Otros descendientes de represores eligieron distanciarse públicamente de los actos de sus padres, colaborar con la justicia o pedir perdón en nombre de sus apellidos. El caso de Presti contrasta con esas trayectorias.
Alberto Presti, el nuevo jefe del Ejército designado por el gobierno de Milei, es hijo de Roque Carlos Presti: durante la dictadura genocida fue coronel. Murió impune, acusado de secuestros, desapariciones y torturas a 44 víctimas de delitos de lesa humanidad. pic.twitter.com/4jmuQaj75M
— H.I.J.O.S. Capital (@hijos_capital) January 3, 2024
El debate institucional
La designación de un militar activo como ministro de Defensa generó opiniones divididas en el ámbito político y castrense. El exministro Agustín Rossi advirtió que «con esta designación las Fuerzas Armadas quedan involucradas en el destino del gobierno, cuando deberían ser preservadas de cualquier circunstancia política«.
Oscar Aguad, también exministro del área, señaló que «Presti debiera pasar a retiro, primero porque la ley no lo permite, los militares no pueden mezclarse en política y además para no crear confusiones. Las Fuerzas Armadas no pueden adherir a ningún gobierno de turno«. En sentido contrario, el general retirado César Milani consideró que «en la Argentina, cualquier político puede estar al frente del área de Defensa por una cuestión de conveniencia electoral o política y un militar formado es totalmente coherente para ese cargo«. Milani, sin embargo, cuestionó la orientación ideológica del designado.
El comunicado oficial de la Oficina del Presidente indicó que la medida busca inaugurar «una tradición» de militares al frente de Defensa y dar por finalizada «la demonización de nuestros oficiales, suboficiales y soldados«. Presti permanecerá en actividad y, según trascendió, podría asumir con uniforme militar.
Es rotundamente falso que la designación de un militar al frente del Ministerio de Defensa represente un retroceso para la democracia, como sostuvo el exministro Agustín Rossi. Retroceso fue el resultado electoral de 2023, consecuencia directa de un peronismo que insistió en…
— César Milani (@GeneralMilani) November 23, 2025
La reacción de organismos de derechos humanos
Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, calificó la designación como «una provocación». En declaraciones a Radio Splendid, expresó: «No corresponde. Cada uno debería estar en lo suyo. Esta idea de poner a un militar en un lugar que no le corresponde… No está preparado para eso y tampoco lo sabe hacer. Nos están mortificando con ideas extrañas que tenemos la obligación de impedir«.
La preocupación de los organismos no se limita a lo simbólico. El Ministerio de Defensa tiene responsabilidades concretas en la cooperación con los juicios de lesa humanidad que continúan en Argentina y con la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI) en la búsqueda de nietos apropiados.
Abuelas de Plaza de Mayo ya había denunciado anteriormente obstaculización en el envío de información desde el Ministerio a CONADI. La pregunta que quedará abierta es cómo funcionará esa cooperación con un ministro que nunca condenó públicamente los crímenes de la dictadura, incluidos aquellos en los que su padre estuvo directamente involucrado.
Por lo pronto, la designación de Presti se enmarca en una serie de medidas del actual gobierno que organizaciones defensoras de derechos humanos han cuestionado: desfinanciamiento del INADI, declaraciones reivindicatorias de la dictadura por parte de funcionarios, y la presencia de otros familiares de represores en cargos públicos.
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