Desde este miércoles 12 hasta el viernes 14 de noviembre, las universidades públicas de todo el país estarán paralizadas en el marco del paro nacional de 72 horas convocado por la Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios (CONADU). La medida reclama al Gobierno de Javier Milei la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso y vetada de hecho por el Poder Ejecutivo.
En el Nordeste, la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), la Universidad Nacional de Misiones (UNaM) y otras casas de estudio confirmaron su adhesión, mientras los gremios locales —como Adiunne y Adunam— reclaman también la reapertura de paritarias, recomposición salarial y mayores becas estudiantiles.
Paro universitario por desfinanciamiento y salarios congelados
La ley suspendida por el Ejecutivo contemplaba actualizaciones presupuestarias por inflación, recomposición salarial para docentes y no docentes, y mejoras en hospitales y programas universitarios. Sin embargo, el Gobierno sostiene que el Congreso debe indicar “de dónde sacar los fondos”, dejando sin efecto su aplicación.
“Estamos en la misma situación que antes de la promulgación de la ley”, explicó a NEA HOY el vicerrector de la UNNE, José Basterra, quien adelantó que la universidad recurrirá a la Justicia para exigir el cumplimiento de la norma. El funcionario advirtió que el sistema universitario enfrenta una “incertidumbre total”: sin previsión de fondos para 2026, con un 45% de atraso salarial y recortes en infraestructura y extensión.
El contraste formoseño: silencio oficial y persecución docente
Mientras las universidades del país se movilizan, la situación en la Universidad Nacional de Formosa (UNaF) muestra otro escenario. La gestión del rector Augusto Parmetler, identificada con el espacio político de Milei, mantiene una línea de silencio acrítico frente al ajuste y acumula denuncias por persecución laboral y censura interna.
Según el gremio de trabajadores universitarios, más de 50 docentes e investigadores fueron sancionados o sometidos a juicios académicos por manifestarse contra el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario. La conducción universitaria, señalan, “funciona como brazo local de un proyecto que busca disciplinar a las universidades públicas”.
Universidades en alerta y judicialización del conflicto
La UNNE, al igual que la UBA y otras universidades nacionales, evalúa acciones judiciales contra el Gobierno nacional por incumplimiento de la ley. “La suspensión de la norma es inconstitucional: vulnera derechos y afecta la autonomía universitaria”, sostienen desde el sistema académico.
El presupuesto 2026 presentado por el Ejecutivo replica el de este año, sin siquiera incorporar un ajuste del 10% por inflación. En términos reales, el financiamiento universitario cae más de un 30% respecto de 2023, según la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).
Docentes, no docentes y estudiantes del NEA anuncian asambleas, clases públicas y movilizaciones durante los tres días de paro, con el objetivo de visibilizar el vaciamiento presupuestario y exigir un plan federal que garantice el funcionamiento de las universidades.
El futuro en juego en el NEA
“Estamos haciendo una reingeniería para terminar el ciclo lectivo, pero sin expectativas”, resumió Basterra. Esa frase resume el clima en las universidades del Nordeste, donde el ajuste nacional amenaza con poner en riesgo la continuidad académica en 2026.
Mientras tanto, en las calles del NEA se escuchará una consigna clara: “Sin financiamiento no hay universidad pública, y sin universidad pública no hay futuro».
Con información de Corrientes Hoy, La Voz de Misiones, BAE Negocios, Chaco Día por Día.
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