El asesinato de la oficial ayudante Daiana Raquel Da Rosa, ocurrido en Misiones a finales de octubre, volvió a abrir un interrogante sobre lo que puede ser la violencia dentro de las Fuerzas Armadas y de seguridad. Daiana, quien formaba parte de la Comisaría de la Mujer en la localidad de Comandante Andresito, fue asesinada por su expareja y colega, el oficial ayudante Natanael Comes, quien también pertenecía a la fuerza policial. Luego de matarla, Comes se suicidó en la misma vivienda donde cometió el crimen.
Algo similar se vio en el caso de Brisa Páez, una marinera de 21 años que fue brutalmente golpeada durante un ejercicio de adiestramiento en la Jefatura Militar de Vicente López el 4 de abril de este año. Brisa llegó en coma inducido a terapia intensiva y estuvo al borde de la muerte durante 2 semanas. 6 integrantes de la Armada fueron procesados, incluyendo su expareja, quien fue imputado por violencia de género y lesiones agravadas. La jueza a cargo, Sandra Arroyo Salgado, calificó lo ocurrido como “violencia institucional y de género en un contexto de subordinación jerárquica”. Eso fue lo que permitió que la causa no quedara reducida a un mero “exceso” durante una práctica militar.
La historia de Daiana y Brisa parecen muy distintas pero ambas son ejemplos de cuando las políticas de género dentro de las fuerzas armadas y de seguridad no logran garantizar una contención eficaz, ni evitar las violencias que se ejercen puertas adentro.
¿Qué políticas existen?
No es que no haya habido un esfuerzo, no, de hecho el Ministerio de Defensa viene trabajando en adoptar la perspectiva de género dentro de las Fuerzas Armadas desde hace ya un tiempo. Desde la creación del Observatorio de la Mujer en 2006 hasta la implementación de la Dirección de Políticas de Género en 2009, pasando por la aprobación de leyes clave como la Ley Micaela (27.499), se elaboraron protocolos, cursos obligatorios y programas de acompañamiento con el objetivo de prevenir y erradicar la discriminación y la violencia de género dentro del ámbito militar.
En total, existen 22 Oficinas de Género repartidas entre el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, con equipos interdisciplinarios destinados a recibir denuncias y asesorar a quienes sufren violencia, acoso, abuso de autoridad o discriminación. Su rol institucional es ofrecer un primer nivel de escucha, intervención y orientación respecto a situaciones que afectan la integridad física y emocional de las y los trabajadores de las fuerzas, tanto civiles como militares.
Pero, como advierte Leticia Basilotta en su ensayo “Género y Fuerzas Armadas en Argentina”, la existencia de protocolos y oficinas no siempre se traduce en acceso real a la justicia, especialmente cuando los agresores son parte de la misma cadena de mando. El miedo a las represalias, la dependencia en las calificaciones para los ascensos y el disciplinamiento interno hacen que, muchas veces, la denuncia sea una opción impracticable.
“El problema no es la falta de normas, sino el miedo persistente a que quien denuncia sea castigado por hacerlo”, escribe. El trabajo de Basilotta revela que más de la mitad de las víctimas de violencia laboral en Argentina no denuncia, y de quienes lo hacen, más de la mitad es despedida o aislada. En un ámbito jerárquico como el militar, este riesgo se multiplica.
Oficinas de Género: del dicho al hecho
Las Oficinas de Género en cada fuerza están diseñadas para asistir a las personas que sufren violencia, acoso o discriminación, y tienen el mandato de no exigir la vía jerárquica para recibir denuncias. Sin embargo, esa excepción formal choca con la realidad cotidiana. Las Oficinas dependen funcionalmente de cada fuerza, y su participación termina, muchas veces, condicionada por las mismas estructuras que generan el problema. Puede que la confidencialidad y la protección no siempre estén garantizadas, especialmente cuando quien denuncia debe seguir trabajando junto a su agresor.
En el caso de Brisa, uno de los imputados, que además era expareja de la víctima, fue procesado con prisión preventiva por lesiones graves triplemente agravadas por haber sido cometidas contra quien mantuvo una relación de pareja, mediando alevosía y violencia de género en concurso ideal con abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario. Se verificó que el imputado había sido el responsable de los golpes más fuertes hacia la marinera a lo que subyacía el componente adicional de la relación previa que había mantenido con la víctima.
Además, la jueza libró oficio al Ministerio de Defensa y al presidente de la Comisión Unicameral de Defensa Nacional del Senado, con el objeto de poner en su conocimiento los graves hechos investigados en los que se encontraban comprometidos derechos fundamentales en el contexto de “evidente ejercicio de violencia institucional y violencia de género”, por parte de superiores jerárquicos; que “reflejan, una preocupante distancia entre las prácticas institucionales observadas y las exigencias legales, convencionales y constitucionales vigentes en materia de derechos humanos”
La perspectiva de género puede salvar vidas
Los agresores de Brisa enfrentan un proceso judicial que ya sentó precedentes: aplicar agravantes por violencia de género y abuso de autoridad. Quizá sea un paso para que las Fuerzas Armadas vean un cambio en su cultura interna. Romper el silencio nunca es fácil, pero para que eso pase, hace falta que se garantice la seguridad de la víctima y acompañar a quienes no pueden elegir entre su carrera y su dignidad.
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