La noche del miércoles en Lima terminó en tragedia. Eduardo Ruiz, un manifestante de 24 años, murió por un disparo de arma de fuego durante una protesta masiva frente al Congreso peruano. El proyectil, según las investigaciones preliminares, habría sido disparado por un policía de civil infiltrado entre la multitud. La manifestación dejó además 103 heridos —78 policías y 24 civiles— y 10 detenidos. Era una jornada más de rechazo al nuevo gobierno de José Jerí, quien apenas días antes había asumido la presidencia tras la destitución de Dina Boluarte.
La escena resume el momento que vive Perú: un país fracturado, exhausto, donde la política se ha vuelto un carrusel de presidentes efímeros y la violencia cotidiana —narcos, extorsiones, sicarios— define más la vida de los ciudadanos que cualquier decisión del poder formal. Jerí es el séptimo presidente desde 2018. Su predecesor, Boluarte, fue destituida por «incapacidad moral» con 122 votos de 130 posibles. Ella misma había llegado al poder tras la caída de Pedro Castillo en diciembre de 2022, en medio de acusaciones de autogolpe.
Este caos no es un accidente. Es el resultado de décadas de un modelo económico que sacrificó cohesión social en nombre del equilibrio fiscal, que desmanteló al Estado mientras las élites extractivas acumulaban fortunas y que convirtió a la informalidad en el único refugio para el 70% de los peruanos. Y ese modelo, paradójicamente, es el que el presidente argentino Javier Milei ha señalado como su horizonte.
El espejo roto que Milei admira
Desde que asumió la presidencia, Milei ha mencionado repetidamente a Perú como ejemplo de lo que Argentina debería ser: un país con inflación controlada, cuentas fiscales ordenadas y apertura comercial. Las recetas aplicadas desde los años noventa —inspiradas en el FMI y la gestión de Alberto Fujimori— lograron estabilidad macroeconómica y atrajeron inversión extranjera. Pero detrás de esos indicadores hay una sociedad desgarrada.
El «milagro peruano» funcionó para una minoría vinculada a la minería, el gas y la agroexportación. Para el resto, significó precarización laboral, servicios públicos insuficientes y una desigualdad estructural que nunca se cerró. Hoy, las calles de Lima, Trujillo y Arequipa son escenario de una violencia que ya no distingue entre barrios ricos y pobres: extorsiones, sicariato, ajustes de cuentas. El narcotráfico se convirtió en salida laboral para miles de jóvenes sin futuro. Perú produce más coca que cualquier país excepto Colombia.
Los transportistas son quienes más sufren esta realidad. Más de 40 conductores han sido asesinados en Lima en lo que va de 2025, según la Coordinadora de Empresas de Transporte. Las denuncias por extorsión aumentaron un 29% entre enero y agosto respecto al mismo período de 2024. Los homicidios crecieron un 10%. Cristian Arias, chofer con más de 20 años de experiencia, lo dice sin rodeos: «En el día a día yo no sé si voy a regresar a mi casa«.
🇵🇪🗣️El mensaje de Boluarte tras ser destituida por el Congreso
Dina Boluarte se dirigió a la nación después de que el Congreso de Perú aprobara la madrugada de este viernes una moción de vacancia contra ella por permanente incapacidad moral.https://t.co/XXf7ejGNNj pic.twitter.com/WWlWnoWeNy
— RT en Español (@ActualidadRT) October 10, 2025
La Generación Z sale a las calles
Ese hartazgo está en el origen de las protestas que se multiplican desde septiembre. Jóvenes de la Generación Z —nacidos entre 1997 y 2012— tomaron las calles con banderas peruanas y símbolos del manga «One Piece», un ícono global de resistencia juvenil que ya se había visto en Nepal, Indonesia y Paraguay. En Nepal, las protestas terminaron con la renuncia del primer ministro. En Perú, el movimiento exige la caída de un sistema completo.
«Este Gobierno no nos representa«, «No más corrupción«, «Nos están matando«, gritan en cada marcha. Lando, uno de los coordinadores del movimiento, explicó a CNN que la sociedad esperaba esta oportunidad para actuar sin miedo. Pero el miedo está presente: muchos manifestantes se cubren el rostro, temen represalias, ataques en línea o que los tachen de terroristas.
La respuesta del Estado ha sido la represión. Más de 40 personas resultaron heridas entre el 20 y 28 de septiembre, según la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. La Policía ha usado gases lacrimógenos de forma indiscriminada, luces láser tácticas y, según testimonios, perdigones de plomo. Al menos 26 periodistas fueron agredidos. Algunos manifestantes denunciaron que sus teléfonos celulares fueron suspendidos antes de las protestas.
Boluarte acusó a los jóvenes de ser anarquistas manipulados. Su gobierno fue investigado por la muerte de 49 personas durante las protestas de 2022 y 2023, pero un fallo del Tribunal Constitucional suspendió la investigación hasta que termine su mandato en 2026. Ahora, con Jerí en el poder —también señalado por acusaciones de violación— la sensación de impunidad persiste.
Poderes paralelos: cuando el Estado no gobierna
El problema de fondo no es solo quién ocupa la presidencia. Es que el poder real en Perú ya no está en el Ejecutivo. Una coalición difusa de líderes políticos, muchos vinculados a redes de corrupción, toma las decisiones clave desde el Congreso. Entre ellos, Keiko Fujimori, José Luna Gálvez y Waldemar Cerrón. Juntos han impulsado lo que los peruanos llaman «leyes procrimen«: normas que protegen a mineros ilegales, debilitan las investigaciones fiscales y, en la práctica, favorecen a las economías ilícitas.
Las minas de oro ilegales generan miles de millones de dólares al año. Uno de cada tres peruanos conoce personalmente a una víctima de extorsión. El Estado no controla vastas zonas del territorio donde narcotraficantes, mineros y mafias locales imponen sus propias reglas. Activistas, periodistas y líderes sindicales que se resisten son asesinados con impunidad.
🇵🇪 Dina Boluarte cayó, pero la crisis en Perú sigue igual.
El nuevo presidente, José Jerí —acusado de violación—, representa al mismo sistema que sostiene a las élites y bloquea cualquier opción popular.La supuesta “democracia” peruana no se ha roto, fue diseñada para ser… pic.twitter.com/7yZhw8rqyP
— Canal Red Latinoamérica (@CanalRedLat) October 15, 2025
La advertencia para Argentina
Perú mantuvo sus «cuentas ordenadas«, pero al costo de un país sin cohesión social ni instituciones sólidas. Es una democracia en la que el Congreso destituye presidentes como fichas descartables y donde las libertades básicas —trabajar sin ser extorsionado, denunciar sin represalias, caminar sin miedo— han desaparecido.
Milei idealiza ese camino: disciplina fiscal sin inclusión, crecimiento sin Estado, mercado sin contrapesos y modelo extractivista/importador para traer dólares sin generar empleo. Pero si algo enseña la crisis peruana es que cuando se vacía de contenido al Estado, otros poderes ocupan su lugar. Y esos poderes no rinden cuentas ante nadie.
Argentina nunca ha destituido a un presidente, pero el clima político que alimenta el gobierno libertario empieza a parecerse al de Lima: polarización extrema, fractura social, narcotráfico en expansión. Los escándalos en torno a funcionarios cercanos al presidente —desde irregularidades en el entorno de su hermana Karina hasta las denuncias en el caso Andis— suman ingredientes a un cóctel peligrosamente familiar.
El espejo peruano no refleja el éxito. Refleja el colapso de un modelo donde el mercado creció y la democracia se achicó. Si Argentina se mira demasiado tiempo en él, puede terminar viendo su propio futuro.
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