El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, promulgó este miércoles una Ley contra el crimen organizado que refuerza la protección de los agentes públicos, endurece las penas por obstrucción de investigaciones y apunta a coordinar el control federal de las fuerzas de seguridad. La medida llega en medio de la conmoción nacional por la “Operación Contención”, un megaoperativo en las favelas de Río de Janeiro que dejó al menos 132 muertos, en lo que ya se considera la redada más sangrienta de la historia del estado.
“Brasil necesita una política de seguridad moderna, integrada y que no convierta las favelas en zonas de guerra”, expresó Lula durante la promulgación. El mandatario insistió en que el combate al crimen debe centrarse en las raíces del narcotráfico, mediante inteligencia financiera y desmantelamiento de redes económicas, y no a través de “matanza ni represión indiscriminada”.
El presidente recordó que su gobierno envió al Congreso un proyecto para unificar las fuerzas policiales y crear mecanismos de control federal sobre las operaciones regionales, con el objetivo de evitar abusos y garantizar transparencia.
Sancionei a Lei 15.245/2025 que aumenta a proteção a agentes públicos que combatem o crime organizado e endurece as punições a quem tenta dificultar estas investigações. O Governo do Brasil não tolera as organizações criminosas e atua para combatê-las com cada vez mais vigor.
— Lula (@LulaOficial) October 30, 2025
La masacre que conmocionó a Brasil
La “Operación Contención”, lanzada el martes por el gobernador de Río, Cláudio Castro, movilizó a unos 2.500 efectivos en los complejos de Penha y Alemão. Según el gobierno estatal, la redada buscaba capturar a cabecillas del Comando Vermelho, una de las mayores facciones del narcotráfico. El balance oficial confirmó 121 muertos —cuatro de ellos policías— y 113 detenidos, aunque la Defensoría Pública elevó el número de víctimas a 132, advirtiendo que no todos los fallecidos pertenecían a organizaciones criminales.
Vecinos y activistas denunciaron ejecuciones sumarias y uso excesivo de la fuerza. “Hay personas ejecutadas con tiros en la nuca o por la espalda. Esto no puede considerarse seguridad pública”, denunció el activista Raull Santiago. Las escenas en las favelas fueron estremecedoras: cuerpos en las calles, vecinos recuperando cadáveres bajo el humo de los enfrentamientos y testimonios de violencia extrema. “Degollaron a mi hijo y colgaron su cabeza como un trofeo”, relató entre lágrimas Raquel Tomas, madre de un joven de 19 años.
El caos paralizó la ciudad: escuelas suspendieron clases, el transporte colapsó y miles de personas quedaron encerradas en sus casas. “Esto ha sido una masacre, no una operación. Vinieron a matar”, resumió Cida Santana, madre de otra víctima.
Me reuni hoje pela manhã com ministros do meu governo e determinei ao ministro da Justiça e ao diretor-geral da Polícia Federal que fossem ao Rio para encontro com o governador.
Não podemos aceitar que o crime organizado continue destruindo famílias, oprimindo moradores e…
— Lula (@LulaOficial) October 29, 2025
La respuesta del gobierno federal
En medio de la indignación, el ministro de Justicia Ricardo Lewandowski viajó a Río para reunirse con el gobernador Castro y anunció la creación de una Oficina de Emergencia de Enfrentamiento al Crimen Organizado, que coordinará acciones entre fuerzas nacionales y locales.
“El principal instrumento de combate al crimen organizado no son los fusiles, sino las investigaciones que identifiquen y embarguen los recursos de las bandas”, afirmó el ministro, anticipando que el apoyo federal se centrará en inteligencia y aislamiento carcelario de líderes criminales.
La grieta política brasileña frente al narcotráfico
El gobernador Castro, aliado del expresidente Jair Bolsonaro, defendió el operativo y lo calificó como “un éxito”. “Las únicas víctimas fueron los cuatro policías muertos. No hubo inocentes. Los fallecidos eran narcoterroristas”, declaró, utilizando un término que se popularizó en la retórica bolsonarista. La operación generó un fuerte alineamiento de la derecha, con gobernadores como Ronaldo Caiado (Goiás) y Romeu Zema (Minas Gerais) que felicitaron públicamente a Castro y calificaron la acción como “ejemplar”.
En redes sociales, Flávio Bolsonaro, hijo mayor del exmandatario, aprovechó la masacre para impulsar la narrativa de que las facciones criminales deben ser consideradas “organizaciones terroristas”. Su hermano Carlos Bolsonaro fue más allá y acusó a Lula de “debilitar la soberanía nacional” al no permitir acciones conjuntas con Estados Unidos contra estos grupos.
Em coletiva de imprensa, o ministro Ricardo Lewandowski reforça a importância de uma atuação integrada entre as forças de segurança pública no país.
▶️ Confira mais detalhes no vídeo.
🎥 Audiovisual/PR pic.twitter.com/8YqF4ElBP3
— Ministério da Justiça e Segurança Pública (@mjspgov) October 29, 2025
Brasil: Un país entre el miedo y la esperanza
Mientras las familias lloran a sus muertos y las favelas siguen militarizadas, el gobierno de Lula intenta redefinir la política de seguridad brasileña en un contexto de polarización y desconfianza.
“Brasil no puede aceptar que el crimen siga destruyendo familias y oprimiendo a la población”, dijo el mandatario, prometiendo que la seguridad pública no puede basarse en la muerte, sino en la justicia social y la reconstrucción del tejido comunitario.
Con información de Página 12.
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