Cuando se plantea el problema de la inseguridad y el desempleo, nunca falta quien insiste en la “mano dura” para asegurarse que los jóvenes no estén ociosos y desesperados. Argentina revivió este debate en el 2022, cuando Patricia Bullrich planteó la posibilidad de un servicio militar obligatorio (SMO). Sin embargo, hoy en día es Perú quien puso el tema en agenda nuevamente con 2 proyectos legislativos que buscan volver a la “colimba”.
Las propuestas vienen de la Municipalidad de Los Olivos y, la otra, de la congresista María Acuña (Alianza para el Progreso). Ambos proyectos proponen que los jóvenes desempleados, sin estudios y con antecedentes judiciales sean obligados a prestar servicio militar obligatorio como una medida para combatir la delincuencia y fortalecer la seguridad ciudadana. Ésto nos lleva a preguntarnos si ésta es una solución efectiva o podría tener consecuencias nefastas.
El Servicio Militar Obligatorio en Perú
Un estudio señala que entre el 2021 y el 2023, el porcentaje de peruanos que han sido víctimas de un delito pasó de 18,2% a 27,1%. ¿A qué viene esto? La congresista María Acuña sostiene que el servicio militar obligatorio sería eficaz para alejar a los jóvenes de las redes delictivas y darles una oportunidad de reintegrarse a la sociedad a través de la disciplina y la formación. El servicio militar dejó de ser obligatorio en Perú en 1999.
A la par, la Municipalidad de Los Olivos, que es un distrito de carácter popular de clase media de la provincia de Lima, también presentó un proyecto similar. Este proyecto sugiere que aquellos jóvenes desempleados por más de 6 meses, sin estudios o con sentencias judiciales por omisión de asistencia familiar sean obligados a prestar servicio militar. Ambas iniciativas creen que el SMO podría usarse para prevenir la delincuencia juvenil.
¿La solución a la delincuencia?
La idea básica detrás de estos proyectos es que el servicio militar obligatorio podría ayudar a los jóvenes a alejarse de la delincuencia y brindarles una estructura y disciplina que les permitiría tener una oportunidad de reintegrarse en la sociedad. La premisa parte de la idea que el ámbito militar les ofrecería una nueva perspectiva de vida, basada en el trabajo, la formación en valores y el desarrollo de habilidades.
El tema es que, en Perú, según las cifras del Ministerio Público y el Poder Judicial, solo un pequeño porcentaje de los delitos es cometido por menores de edad, y de los delincuentes sentenciados, menos del 10% son jóvenes de 18 años o menos. Aunque es indiscutible la necesidad de generar oportunidades para los jóvenes en situación de vulnerabilidad, los problemas más grandes son la falta de educación, la pobreza estructural y la desigualdad social.
¿Qué piensa Argentina?
En diciembre de 1901 se sanciona la “Ley Riccheri” que establecía el SMO. La llamada “colimba” (un acrónimo de las actividades que los conscriptos realizaban con frecuencia: correr, limpiar y barrer) fue considerada un rito de paso en la vida de los jóvenes. Una especie de proceso de “transformación” que les imprimía la “disciplina” y la “responsabilidad” necesarias para enfrentar la vida adulta.
“Hoy ningún padre o madre sabe si su hijo adolescente va a salir vivo del servicio militar. Si sobrevive, de seguro no va a volver siendo el mismo. ¿Nos hemos preguntado si este cambio es para mejor o peor, o si nosotros los civiles tenemos la misma definición de ‘hacerse hombre’ que quienes manejan hoy nuestras fuerzas armadas? Tal vez muchas de las pesadillas que ocurrieron en este país desde 1905, el año en que se introdujo el Servicio Militar, tienen algo que ver con esta educación militar autoritaria”, reza un artículo de 1988.
Un siglo con 6 golpes de estado y una dictadura cívico militar particularmente violenta cambiaron la visión general del SMO. Todo esto además se coronó con la traumática experiencia del caso Carrasco, donde un conscripto murió bajo la tortura de sus superiores, junto con la creciente evidencia de las violaciones de derechos humanos y la cultura autoritaria dentro de las Fuerzas Armadas, llevó a la abolición del SMO en 1994.
Bullrich y el Servicio Militar Obligatorio
Una de las grandes partidarias de la vuelta del SMO en el país es Patricia Bullrich. En 2019, cuando también era Ministra de Seguridad, pero de Macri, Bullrich impulsó el Servicio Cívico Voluntario en Valores, un programa orientado a jóvenes entre 16 y 20 años, sin trabajo ni estudios, para brindarles capacitación en oficios, formación en valores democráticos y orientación vocacional. El programa fue voluntario.
La Diputada Provincial Amalia Granata se sumó a la movida, proponiendo la vuelta del servicio militar pero esta vez que sí sea obligatorio. Es más, Granata aboga por un sistema al igual que el de Israel donde tanto hombres como mujeres deben cumplir con la conscripción. Según ambas funcionarias el servicio militar podría “encaminar” la conducta de los jóvenes.
El enfoque militarista
Uno de los miedos que surgen cuando aparece el enfoque militarista es que el SMO se convierta en un espacio donde se cometen abusos y pulula la violencia, como lo demostró, repetidas veces, la historia de Argentina con casos de maltrato y torturas en los cuarteles. La desaparición del conscripto Carrasco y los miles de testimonios de chicos que sufrieron vejaciones a manos de sus superiores muestran el lado oscuro de la «colimba».
Por otro lado, el enfoque militarista no aborda las verdaderas causas de la delincuencia juvenil. La pobreza, la falta de acceso a la educación, la discriminación y la falta de oportunidades son los factores que realmente empujan a muchos chicos a caer en las redes delictivas. Ni los proyectos de Perú ni los de Argentina tocan este problema.
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