El conflicto en el Hospital Garrahan escaló este viernes con la ocupación pacífica de las oficinas de la dirección médica, en rechazo a los descuentos de hasta 500 mil pesos aplicados a quienes participaron de las últimas medidas de fuerza. La protesta fue organizada por trabajadores de la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) y la Junta Interna de ATE, quienes exigen la presencia del director Mariano Pirozzo, designado por el ministro de Salud Mario Lugones, a quien acusan de actuar como “interventor político” del centro pediátrico más importante del país.
“Nos descontaron salarios a enfermeras, instrumentadoras y maestras que no llegan a fin de mes, muchas son madres solteras. Mientras tanto, contratan asesores por más de tres millones de pesos y dicen que no hay plata”, denunció Alejandro Lipcovich, delegado general de ATE. “No vamos a irnos hasta que devuelvan lo que se quedaron de nuestros sueldos”, agregó Norma Lezana, referente de APyT.
Una medida en defensa del derecho a huelga
La ocupación comenzó al mediodía como parte de una “permanencia pacífica” en la sede de la dirección, ubicada dentro del hospital, y continuará hasta que se restituyan los haberes descontados. Desde el gremio explicaron que los descuentos se aplicaron a trabajadores que participaron de los paros y cacerolazos realizados en rechazo a la decisión del gobierno de Javier Milei de no aplicar la Ley de Emergencia Pediátrica, una norma aprobada por el Congreso que busca recomponer los salarios y garantizar fondos para hospitales infantiles.
“Nos quieren disciplinar con descuentos millonarios por reclamar. Pero no vamos a naturalizar el autoritarismo. El Gobierno viola una ley votada cuatro veces por el Parlamento y todavía tiene el cinismo de hablar de austeridad mientras precariza la salud pública”, expresó la APyT en un comunicado.
El Gobierno endurece su posición
Lejos de buscar un canal de diálogo, el ministro de Salud Mario Lugones respondió al conflicto con dureza. En redes sociales publicó un texto titulado: “El que para, no cobra”, donde ratificó la política de descuentos y acusó a los gremios de “extorsión” y “violencia”.
“No vamos a permitir que la casta sindical ni los grupos violentos vuelvan a poner sus intereses por encima de los chicos”, sostuvo Lugones. “El que para no cobra. Quienes pararon nueve veces el último mes tuvieron descuentos en sus haberes. El Garrahan es de los niños, no de quienes lo usan como bandera política”, afirmó.
Desde la dirección del hospital, alineada con la postura del ministro, aseguraron que los descuentos responden a “una política de presentismo que rige para todo el personal” y calificaron la medida sindical como “una toma violenta y extorsiva”, acusando a los manifestantes de mantener “a empleados administrativos como rehenes”.
Un hospital en crisis y una ley sin cumplir
El Garrahan, símbolo de la salud pública pediátrica argentina, atraviesa una crisis que combina desfinanciamiento, conflictos gremiales y decisiones políticas controvertidas. La Ley de Emergencia Pediátrica, aprobada por amplia mayoría en el Congreso, continúa sin ser aplicada por decisión del Ejecutivo nacional, que argumenta “falta de fondos”.
Sin embargo, esta semana el Gobierno modificó el presupuesto 2026 para aumentar en $20 mil millones los recursos destinados a hospitales nacionales, cifra que representa menos del 30% de lo que exige la ley suspendida.
“El interventor Pirozzo viene de ejecutar 200 despidos en el Bonaparte. Ahora pretende hacer lo mismo en el Garrahan. Es parte del plan motosierra que está destruyendo la salud pública”, denunció Lipcovich. El diputado Pablo Yedlin (Unión por la Patria) cuestionó la decisión oficial y señaló: “La desfinanciación del Garrahan siempre fue política, no económica. Mintieron cuando dijeron que no había fondos”.
El trasfondo: salud pública bajo ataque
El conflicto en el Garrahan refleja un clima más amplio de ajuste sobre el sistema sanitario y hostigamiento a los trabajadores del sector público. Desde el gremio advierten que el recorte de derechos laborales y el uso de los descuentos como castigo buscan disciplinar la protesta y debilitar los reclamos salariales en un contexto inflacionario que pulveriza los ingresos.
“Cada descuento es un castigo ejemplificador para el resto del personal. No quieren que nadie levante la voz. Pero el Garrahan se construyó con lucha, no con miedo”, expresó una enfermera durante la permanencia. Mientras tanto, las oficinas del hospital siguen tomadas, los gremios mantienen su exigencia de diálogo, y el Ministerio de Salud endurece su retórica. En el medio, los chicos —los verdaderos destinatarios del Garrahan— siguen esperando que la política no los deje otra vez sin su hospital.
Con información de Infobae y Tiempo Argentino.
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