La situación económica de las familias correntinas continúa deteriorándose, impulsada por un incremento constante en el costo de la canasta básica y agravada por el impacto de los tarifazos en los servicios públicos y la inminente amenaza de reformas laborales que podrían precarizar los salarios.
Según el Índice Barrial de Precios (IBP) de septiembre de 2025, relevado por el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (ISEPCi) Corrientes, una familia tipo (dos adultos y dos niños) necesitó 973.446,73 para acceder a la Canasta Básica Total (CBT) y así superar la línea de pobreza. Para no caer en la indigencia (cubrir la Canasta Básica Alimentaria o CBA), se requirieron 426.950,32.
La variación anual de la CBT, de septiembre de 2024 a septiembre de 2025, fue del 15,70%. Los mayores incrementos acumulados en el año (diciembre 2024 a septiembre 2025) se registraron en el rubro Carnicería, con un 22,46%, aunque en el mes de septiembre los alimentos con más subas fueron el jugo concentrado (14,58%), el yogurt firme (9,09%) y el queso crema (7,69%) dentro del rubro Almacén.
Informe n°64 del Índice Barrial de Precios Septiembre 2025
👉🏼En la provincia de #Corrientes, durante septiembre, una familia tipo necesitó $973.446,73 para acceder a la #CBT y no encontrarse por debajo de la línea de pobreza, además, precisó de $426.950,32 para la #CBA pic.twitter.com/7LAXaM3uk6
— ISEPCi Corrientes (@ISEPCiCorriente) October 22, 2025
La visión de ISEPCI Corrientes: ajuste y deterioro de la economía familiar
Silvana Lagraña, directora del ISEPCi Corrientes, enfatizó que los mayores incrementos en la CBT se sostienen debido a las «diversas políticas regresivas del gobierno nacional», las cuales solo han significado un «brutal ajuste y deterioro constante de la calidad de vida de las familias». Lagraña identifica claramente el origen de gran parte de este aumento:
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Quita de subsidios: La quita de subsidios en servicios como el transporte y la energía se traslada directamente a los precios y representa un costo importante para las economías de los hogares.
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Otros factores: También mencionó incrementos significativos en lo vinculado a la comunicación, alquileres y educación.
La directora del ISEPCi advierte que estas variaciones se dan en un contexto donde persisten problemáticas estructurales: la caída del consumo, el aumento del trabajo informal, los ingresos bajos o congelados (remuneraciones, jubilaciones, pensiones y programas de trabajo), y la constante destrucción del empleo formal. Además, las familias se encuentran más endeudadas que en períodos anteriores.
En este sentido, Lagraña concluye que la gestión nacional de Javier Milei «solo favorece a sectores concentrados de la economía y a la casta en nuestro país», llevando adelante acciones políticas que destruyen la calidad de vida de los trabajadores, jubilados y pensionados, y poniendo en peligro Derechos Fundamentales como la Educación y la Salud Pública.
Previamente, en julio de 2025, Lagraña ya había advertido que, aunque la inflación mostrara signos de moderación, los precios de la Canasta Básica se mantenían en niveles alarmantes, superando la capacidad adquisitiva de muchas familias.
El impacto de los tarifazos en las familias de Corrientes
La suba de tarifas, resultado de la política de «sinceramiento tarifario» implementada por el Gobierno nacional, impactó de lleno en el costo de vida. Aunque un relevamiento del Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-Conicet) se centra en el AMBA, este indica la magnitud del ajuste a nivel nacional:
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Aumentos acumulados: Entre diciembre de 2023 y octubre de 2025, la canasta de servicios públicos en el AMBA se incrementó un 514% (seis veces en menos de dos años).
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Servicios líderes: Los incrementos más altos fueron el Gas natural (913%) y el Transporte (852%). En conjunto, las subas tarifarias superaron con amplitud al índice general de precios (500%+ frente a una inflación acumulada del 171%).
Esta situación se refleja de manera crítica en Corrientes con el transporte público. En octubre de 2025, se aprobó el aumento del boleto de colectivo urbano, que pasará de $1.290 a $1.890 a principios de noviembre, un incremento del 46%. Con esta suba, Corrientes se convierte en la ciudad con el boleto urbano más caro del NEA.
Este incremento llega tras un año de subas acumuladas del 545%. Para un trabajador con sueldo mínimo, cubrir solo los traslados en colectivo ahora implica destinar casi el 18% de su ingreso mensual, un efecto directo del retiro de los aportes nacionales al transporte del interior.

La amenaza de los «salarios dinámicos» en medio del encarecimiento de la canasta básica
El panorama se ve agravado por la propuesta de reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional, que busca introducir el concepto de «salarios dinámicos». Esta medida, presentada como una «modernización», plantea un riesgo directo al poder adquisitivo de los trabajadores.
El esquema busca convertir los salarios mínimos garantizados fijados por los convenios colectivos (que actualmente sirven como pisos de protección) en techos salariales, permitiendo que cada empresa negocie individualmente con sus empleados. Los referentes gremiales alertan que convertir los pisos salariales en techos es «precarizar el trabajo» y abriría la puerta a sueldos por debajo del nivel de vida necesario, además de generar mayor desigualdad.
El proyecto también conlleva dos riesgos cruciales para el costo de vida:
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Eliminación de ajuste por inflación: Eliminaría la actualización automática por inflación, lo que en un contexto donde la inflación supera las recomposiciones salariales, podría significar una licencia para ajustar los sueldos hacia abajo mientras los precios siguen subiendo.
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Debilitamiento gremial: Propone negociaciones descentralizadas empresa por empresa, lo que debilita la negociación colectiva y fragmenta la representación sindical.
De esta manera, la reforma es vista por los sindicatos como una estrategia para abaratar la mano de obra y trasladar el costo de la crisis directamente a los asalariados, en un momento de fuerte tensión social y pérdida de poder adquisitivo.

La combinación del encarecimiento de la canasta básica, los fuertes tarifazos en servicios públicos y las reformas laborales en debate configuran un panorama de creciente vulnerabilidad económica en Corrientes. En los hogares, la sensación es de agotamiento: los ingresos ya no alcanzan para cubrir lo esencial y las perspectivas a corto plazo se vuelven inciertas.
Frente a este contexto, los datos del ISEPCi y las advertencias gremiales reflejan una misma realidad: el ajuste nacional no solo golpea el bolsillo, sino que también amenaza con profundizar la desigualdad social y el deterioro del trabajo formal en la región.
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