Con el resultado electoral a favor, el Gobierno de Javier Milei anunció que presentará en diciembre las reformas laboral y tributaria, con el objetivo de tratarlas durante las sesiones extraordinarias del Congreso. Desde la Casa Rosada aseguran que los textos ya están redactados y que el oficialismo, tras mejorar su representación legislativa, “está en condiciones de avanzar con cambios estructurales”.
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, confirmó la iniciativa: “Queremos modificar la Ley de Contrato de Trabajo y avanzar en reformas tributarias. Ahora tenemos más fuerza política para hacerlo”. En los hechos, el oficialismo contará con un tercio de los escaños en ambas cámaras y busca apoyo de gobernadores aliados y del llamado Consejo de Mayo, que integra a representantes del Gobierno, empresas y sindicatos.
Qué propone la nueva reforma laboral
El secretario de Trabajo, Julio Cordero, adelantó que el proyecto contempla tres ejes centrales:
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“Salarios dinámicos”: habilita que los convenios colectivos fijen montos máximos en lugar de mínimos, lo que permitiría a las empresas pagar por debajo del acuerdo general.
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Paritarias por empresa: se eliminaría la negociación por rama de actividad, debilitando el poder de los sindicatos.
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Pago en distintas monedas y banco de horas: los empleadores podrían liquidar sueldos en divisas y reorganizar las jornadas laborales según productividad.
Según el Gobierno, estos cambios “modernizan las relaciones laborales” y fomentan el empleo formal. Sin embargo, los gremios y especialistas laborales advierten que implican un retroceso en derechos conquistados, abriendo la puerta a la precarización y a la fragmentación del salario.
“De pisos a techos”: el salario que puede bajar
El concepto de “salario dinámico”, eje del nuevo esquema, modifica la lógica histórica de los convenios colectivos. Los valores dejarían de ser pisos garantizados para transformarse en techos de referencia, según la “capacidad de cada empresa”.
El exministro de Trabajo Carlos Tomada cuestionó duramente la propuesta: “Lo que plantea Cordero es que los salarios actuales sean el techo. Para bajar, se pueden bajar sin ningún problema. Es una reforma anti-trabajadores y no genera empleo”.
Tomada explicó que la verdadera productividad “no se logra con explotación, sino con inversión, formación y mejores condiciones logísticas”.
Los datos desmienten el discurso oficial
Pese a que el Gobierno argumenta que la flexibilización impulsará la creación de empleo, los indicadores muestran un escenario opuesto.
Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), desde que Javier Milei asumió se perdieron 126.950 empleos privados formales y cerraron más de 18 mil empresas, la mayoría pymes.
Los sectores más afectados fueron la construcción (-13,7%), la industria manufacturera (-3,3%) y los servicios (-3,8%). En promedio, cada día cierran 30 empresas y se pierden más de 400 empleos.
El antecedente del DNU 70/2023: una motosierra sobre el derecho laboral
La nueva reforma laboral se apoya en el antecedente del Decreto 70/2023, dictado por Milei apenas asumió, que extendió el período de prueba de tres a ocho meses, eliminó multas por empleo no registrado y habilitó fondos privados para reemplazar las indemnizaciones.
Aquel decreto fue rechazado por organizaciones sindicales, que lo calificaron como un intento de volver al modelo laboral de 1976, con pérdida de derechos y debilitamiento gremial.
Más despidos, menos derechos
Desde diciembre de 2023, el Gobierno nacional despidió a más de 45.000 trabajadores del Estado, según reconoció el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. A la par, se prohibieron reuniones sindicales en dependencias públicas y se limitaron las licencias gremiales.
La ofensiva oficial sobre el trabajo formal y el sector público, sumada a los bajos salarios y la recesión, consolidan un escenario de mayor informalidad y empobrecimiento.
Un modelo que castiga al trabajo
A casi un año del inicio del Gobierno libertario, los datos económicos muestran que la flexibilización laboral no generó empleo ni reactivación. Por el contrario, aumentó la precarización, se desplomó el poder adquisitivo y se deterioró el tejido productivo nacional.
“La promesa de libertad terminó siendo libertad para despedir, para pagar menos y para eliminar derechos”, sintetizan desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). La nueva ofensiva legislativa que se prepara para diciembre consolida esa línea: un modelo donde los derechos laborales se subordinan al mercado, y los trabajadores, otra vez, son los que pagan el costo del ajuste.
Con información de TN, Perfil y datos de NEA HOY.
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