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Noelia Villafañe de MARA: «La eliminación del monotributo implicará que los monotributistas tengan que pagar más impuestos»

La presidenta de Monotributistas Asociados advierte que eliminar el régimen simplificado no solo perjudicará a pequeños contribuyentes, sino que colapsará el sistema de salud público y llevará a miles a la informalidad. Las cifras revelan un panorama crítico: un mecánico que hoy paga menos del 4% en impuestos tendría que afrontar una carga tributaria de más del 40%.
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Desde que el gobierno nacional anunció su intención de eliminar 20 impuestos nacionales como parte de una reforma tributaria integral, la pregunta que resuena es si el monotributo será uno de ellos, barriendo así con el sistema simplificado que permite a 5 millones de trabajadores facturar sus servicios. Para Noelia Villafañe, presidente de Monotributistas Asociados República Argentina (MARA), el silencio oficial no hace más que confirmar sus peores temores.

«Nosotros venimos advirtiendo desde 2024 que la reforma tributaria eliminaría el monotributo«, explica Villafañe en entrevista a NEA HOY. La organización que preside, apartidaria y con diálogo fluido con todas las fuerzas políticas, comenzó entonces una batalla para evitar lo que considera una decisión que tendrá consecuencias devastadoras no solo para los 4.885.000 monotributistas inscriptos, sino para toda la sociedad argentina.

Los números que no cierran

Para entender la magnitud del problema, Noelia Villafañe propone un ejemplo concreto: un electricista o mecánico en Misiones que factura $600.000 mensuales. Bajo el régimen actual de monotributo, paga aproximadamente 3,9% en impuestos. Si el gobierno elimina la figura del monotributo, lo obliga a pasar al régimen general como responsable inscripto para poder seguir trabajando en blanco.

«Solamente de IVA tendría que pagar el 21%, es decir $126.000 de esos $600.000«, detalla la dirigente. Pero la carga no termina ahí: debe sumarse el pago de autónomos para jubilarse (con un aporte superior al componente previsional del monotributo actual) y el impuesto a los ingresos brutos. El resultado: más de $250.000 en impuestos mensuales, lo que representa más del 40% de sus ingresos.

«Esto termina haciendo inviable la actividad económica para esa persona«, sentencia Noelia Villafañe. Y aclara que no se trata solo de «mover más las manos» o trabajar más horas, como algunos podrían argumentar desde una lógica de libre mercado.

 

El caso de los acompañantes terapéuticos

Para ilustrar las limitaciones de ese razonamiento, Villafañe recurre a un ejemplo particularmente sensible: los acompañantes terapéuticos. Estos profesionales, que trabajan 8 horas diarias acompañando a niños con discapacidad, cobran alrededor de $600.000 mensuales.

«Esta persona no podría trabajar 12 horas. Tiene que tomarse colectivo, ir a una escuela, estar 4 horas, luego ir a otra escuela, estar 4 horas«, describe. No se trata de un consultorio donde se pueden dar turnos corridos, sino de un trabajo que demanda traslados, presencia física y, sobre todo, energía emocional para dar cobertura a pequeños que necesitan ese acompañamiento para crecer.

«Si estos acompañantes terapéuticos no pueden seguir ejerciendo su actividad económica, muchos dirán ‘dedicáte a otra cosa’. Pero acá lo grave es que tenemos que valorar como sociedad a quien realiza este trabajo por vocación«, reflexiona Noelia Villafañe. Y advierte sobre las consecuencias a futuro: «Un pequeño que hoy tiene un acompañante terapéutico y todas las terapias para crecer, si no los tuviéramos, vamos a tener un problema muy grande en la salud mental de la sociedad«.

Más allá del bolsillo: la pérdida de la obra social

La carga impositiva no es el único problema. Los monotributistas perderían también la cobertura de obra social, el salario familiar y la asignación universal por hijo. En el régimen de autónomos, estos beneficios no están contemplados.

«Hoy muchos monotributistas tienen cubiertas sus terapias, sus tratamientos oncológicos, diabéticos y de enfermedades crónicas gracias a las obras sociales«, enumera Villafañe. La alternativa sería pagar una prepaga (que hoy supera los $200.000 mensuales) o recurrir al sistema de salud público, que «hoy está colapsado«.

Las consecuencias serían dramáticas: «Esas mamás que hoy tienen cubiertas las terapias para sus hijos con discapacidad tendrían que ir al hospital público. Hoy tienen fonoaudióloga dos veces por semana, en el hospital público tendrían turno una vez cada 6 meses«.

En casos extremos, advierte, se pone en riesgo la vida de pacientes oncológicos, diabéticos y con enfermedades crónicas que «necesitan sí o sí de una medicación o de un tratamiento y no van a poder esperar los tiempos del Estado«.

El efecto dominó en toda la sociedad

Villafañe es enfática al señalar que la eliminación del monotributo no afecta solo a los pequeños contribuyentes. Utiliza el ejemplo de «doña Rosa«, una ciudadana común que cuando se le rompe el vehículo recurre a Mario, el mecánico de barrio monotributista, que le cobra un precio menor que una empresa automotriz.

«En cuanto Mario cierre la puerta de su actividad económica, doña Rosa va a tener que ir a la empresa automotriz y pagar un mayor costo por el mismo servicio«, explica. «Esto afecta a la sociedad en su conjunto, va a repercutir en un mayor costo de bienes y servicios«.

 

La precarización laboral estatal y una estrategia de achicamiento

Durante las reuniones con diputados, surgió otro tema espinoso. El diputado Diego Santilli mencionó que el monotributo era «precarización laboral«. La respuesta de MARA fue contundente: «El propio Estado se precariza laboralmente a través de la figura del monotributo«.

Muchas provincias tienen enfermeros y empleados municipales monotributistas. «Cuando deje de existir el monotributo, sabemos muy bien que no van a pasar a planta, van a tener que pasar a ser responsables inscriptos pagando mucho mayor impuesto y perdiendo los beneficios«, señala Villafañe.

La dirigente sugiere que esto podría ser incluso una estrategia encubierta para avanzar en mayores despidos estatales sin asumir el costo político directo: «Un empleado municipal que tiene un ingreso muy bajo, si le dicen ‘la mitad de tu sueldo se va a ir en impuestos’, directamente va a decir ‘me voy solo’. Tal vez es una estrategia para producir desvinculaciones«.

En otras palabras, la eliminación del monotributo funcionaría como una forma indirecta de reducir la planta estatal. «Si hoy no podés seguir facturando al Estado en calidad de responsable inscrito porque ya no existe el monotributo, bueno, acá tenés la puerta y andate«, resume Villafañe la lógica implícita. El resultado sería el mismo que un despido masivo, pero sin la responsabilidad política de haberlo ejecutado directamente.

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A los trabajadores contratados por monotributo se les reduciría el poder adquisitivo del salario en un 40% si se les exige pasar al sistema de autónomo.

El impacto en los planes sociales

Pero la estrategia de achicamiento no se limitaría al empleo estatal. Villafañe identifica otra consecuencia que coincide con la intención gubernamental de recortar el gasto social: la eliminación de asignaciones universales por hijo y salarios familiares.

Al pasar al régimen de autónomos, los monotributistas perderían automáticamente el acceso a estos beneficios. «Hoy un empleado municipal tiene un ingreso muy bajo y además recibe asignación universal por hijo. Si pasa a autónomo, pierde el salario familiar«, explica la dirigente.

Esta situación afectaría especialmente a los llamados «monotributistas sociales», aquellas personas que compatibilizan el régimen simplificado con planes sociales como el Salario Social Complementario. Al verse obligados a pasar al sistema regular, se encontrarían ante una disyuntiva: pagar una carga impositiva que hace inviable su actividad y perder los planes, o volver a la informalidad para mantener los beneficios sociales.

«La excusa perfecta para eliminar muchas de las asignaciones universales por hijo y salarios sociales complementarios«, sintetiza Villafañe. El gobierno lograría así un doble objetivo: reducir el gasto en planes sociales de manera «automática» y obligar a miles de personas a elegir entre la formalidad económica y la supervivencia familiar.

El camino a la informalidad

La gran preocupación de MARA es que la eliminación del monotributo no aumentará la recaudación, sino que tendrá el efecto contrario: llevará a miles a la clandestinidad. «No porque sean chorros y no quieran pagar impuestos, sino porque el bolsillo directamente no les va a dar para pagar una carga tributaria altísima«, aclara Nora Villafañe.

«Ningún país serio puede crecer con una alta economía en negro. Fomentar la clandestinidad no es una buena decisión política para ningún gobierno«, advierte. El monotributo, señala, debe verse «con una visión mucho más social», porque es lo que hace que mucha gente no esté hoy en la informalidad.

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Con las políticas de Milei, fue aumentando la economía informal.

Una propuesta alternativa en construcción

Ante el pedido del diputado Santilli de presentar una propuesta alternativa, MARA enfrenta un dilema: «Tendríamos que ver a qué monotributistas actuales permitimos seguir en el sistema y a cuáles van a tener que pasar al régimen general. Es una decisión muy difícil porque todos tienen sus particularidades«.

La organización trabaja ahora en «salvar a los sectores más vulnerables del monotributo«, aunque reconoce que también es necesario «encontrar una solución a todo el resto que necesitan una figura como la del monotributo para sostener su actividad«.

El silencio oficial preocupa especialmente a Nora Villafañe: «Si el monotributo no estuviera dentro del listado de los 20 impuestos a eliminar, tranquilamente se podrían haber evitado toda esta incertidumbre«. MARA envió notas a todos los diputados, especialmente al jefe de bloque de La Libertad Avanza, sin obtener respuesta. «Ellos ya saben cuáles son los 20 impuestos que van a ser eliminados«, concluye. La falta de una negativa clara alimenta los temores de que el monotributo esté, efectivamente, en la lista negra de la reforma tributaria.

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