El panorama para el sector de la discapacidad es cada vez más crítico. Los pagos se demoran, los aranceles permanecen congelados y los programas de atención se reducen. Cada interrupción en el financiamiento se traduce en terapias suspendidas, acompañamientos que no pueden continuar y tratamientos que definen la calidad de vida de miles de personas.
Por eso, el paro y la movilización de este miércoles fueron la expresión de un reclamo sostenido que busca evitar el colapso de un sistema que ya no da más. Desde temprano, trabajadores, prestadores, familias y personas con discapacidad se concentraron en la Plaza del Congreso y marcharon hacia el Ministerio de Salud bajo una consigna que condensó el sentimiento común: “La discapacidad no puede esperar”.
Una ley de emergencia en discapacidad aprobada, pero sin aplicación
El reclamo se centra en la Ley 27.793, sancionada en septiembre de 2025, que declara la Emergencia Nacional en Discapacidad hasta diciembre de 2026. La norma busca garantizar el acceso a la salud, la rehabilitación, la educación, el trabajo y la protección social, además de establecer la actualización mensual de aranceles y la regularización de deudas con los prestadores.
Sin embargo, a más de un mes de su promulgación, la ley sigue sin aplicarse. No se reglamentaron sus artículos principales ni se liberaron los fondos necesarios. En los hechos, la norma existe, pero no funciona. Ese incumplimiento es el núcleo del reclamo: fue aprobada para garantizar derechos y hoy esos derechos continúan vulnerados.
“El Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad propuso a los prestadores realizar un cese de actividades para visibilizar que la ley no se cumple y que esto no da para más”, expresó uno de los referentes del espacio. “Exigimos una mesa urgente para actualizar aranceles y poner en marcha la ley.”
El malestar se profundizó tras los hechos ocurridos el 17 de octubre en la Agencia Nacional de Discapacidad, donde familias y referentes fueron maltratados y desoídos. Desde entonces, el mensaje fue uno solo: sin diálogo ni medidas concretas, el sector no puede seguir esperando.
“No se trata de asistencia, sino de derechos”
Durante la movilización, una madre resumió el drama cotidiano del sector: “Los pagos llegan tarde o no llegan; los prestadores se endeudan, los centros cierran y las familias quedan a la deriva”. No se trata de un conflicto administrativo, sino de una crisis humana que afecta directamente la vida de miles de personas. Cada demora o ajuste se convierte en una vulneración más.
La Ley 27.793 nació para dar respuestas urgentes, pero sin voluntad política ni recursos, la emergencia se profundiza. El reclamo no se limita a lo económico: apunta a la responsabilidad del Estado de garantizar derechos básicos. Detrás de cada programa que no se aplica hay una vida que se paraliza.
Frente al Ministerio de Salud, la escena fue clara. La paciencia se agotó y la urgencia se transformó en bandera. Lo que se pide no es caridad ni asistencia, sino la decisión política de cumplir lo que ya fue votado. Lo que está en juego no es una planilla ni un presupuesto: es el derecho a vivir con dignidad.
Represión a jubilados frente al Congreso
Mientras el sector de discapacidad marchaba, a pocos metros la Policía Federal volvió a reprimir a jubilados que protestaban pacíficamente frente al Congreso. El operativo, dispuesto por el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich, dejó imágenes de violencia y repudio. Los jubilados reclamaban por aumentos y medicamentos cuando fueron empujados y golpeados por efectivos de la PFA. “Somos gente grande y nos tiran los fierros encima, ¡están locos!”, denunció uno de los manifestantes.
Cada vez más desatada la policía de Bullrich. Miren cómo empujan a este hombre y lo tiran al piso en la marcha de los jubilados. Ni los de TN lo pueden creer. pic.twitter.com/RwTwRryUW4
— Todo Negativo (@TodoNegativo) October 22, 2025
Periodistas que cubrían la protesta en vivo cuestionaron el accionar policial al observar que los adultos mayores marchaban por la vereda, sin cortar el tránsito, cuando comenzaron los empujones. “Son jubilados, ¿les parece que hay violencia? Están reclamando”, expresó indignada una cronista en plena transmisión.
El Gobierno respondió con un inmenso despliegue de Infantería, vallados y camiones hidrantes frente a un grupo de manifestantes reducido. Las imágenes recorrieron los medios y redes sociales, desatando un fuerte repudio.
Un país que espera, sin poder esperar más
La jornada del miércoles dejó dos postales que se tocan: personas con discapacidad y jubilados reclamando lo que el Estado prometió y no cumple. Derechos básicos convertidos en reclamos, y reclamos respondidos con indiferencia o represión.
Ambos sectores reflejan los rostros más vulnerables del ajuste libertario. Mientras el discurso oficial habla de orden y austeridad, las calles muestran otra verdad: la del país que sigue esperando —sin poder esperar más— que se respeten los derechos esenciales de quienes más necesitan del Estado.
Con información de Tiempo Argentino y El Destape.
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