Un día después de conocerse el nuevo índice inflacionario que volvió a perforar el piso del 2% mensual, las declaraciones de la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, cayeron como un balde de agua fría sobre una sociedad que ya acumula pérdidas históricas en su poder adquisitivo. Durante un evento del Milken Institute en Washington, la funcionaria respaldó públicamente el programa de ajuste que el ministro de Economía, Luis Caputo, viene negociando desde hace una semana con el Tesoro estadounidense y el organismo multilateral.
«En mi parte del mundo, en Europa Central y del Este, tuvimos ejemplos de líderes valientes que hicieron cosas muy difíciles, recortaron pensiones y salarios en un 40% o 50% y fueron reelegidos«, señaló Georgieva ante la consulta sobre cómo los gobiernos pueden sostener políticamente los ajustes fiscales. La referencia no dejó dudas sobre el camino que espera el FMI para Argentina: un nuevo recorte drástico sobre los ingresos de trabajadores y jubilados, profundizando una tendencia que ya lleva años de deterioro sistemático.
Las palabras de la directora del FMI llegan en un momento político clave. Con las elecciones legislativas a la vuelta de la esquina, el gobierno de Javier Milei necesita desesperadamente sumar diputados y senadores que le permitan aprobar las reformas estructurales que el organismo internacional exige como condición para un nuevo desembolso. La estrategia oficial parece clara: conseguir respaldo electoral primero, aplicar el ajuste después.
«Argentina está llevando adelante un programa de ajuste muy drástico. El éxito va a depender de lograr que la gente acompañe«, sostuvo Georgieva, en una frase que resume la apuesta del Fondo: que la población tolere pasivamente una nueva transferencia de ingresos hacia el sector financiero y los grandes capitales.
Un ajuste sobre otro ajuste
Lo que propone el FMI no es cualquier cosa. Implica llevar la pérdida del poder adquisitivo a niveles comparables con los albores de la era industrial. Según datos oficiales procesados por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal, los salarios y jubilaciones ya registran caídas de entre 20% y 41% respecto a 2017, uno de los últimos años de relativa estabilidad en los ingresos reales.
Los empleados públicos fueron los más golpeados en este período: acumulan una pérdida del 33% de poder de compra, necesitando un incremento real del 50% solo para volver a los niveles de hace ocho años. Los trabajadores privados formales, aunque con cierta recuperación marginal durante 2024, aún se encuentran 20% por debajo de aquel piso. Y los jubilados sin bonificaciones adicionales enfrentan la situación más dramática: 41% de caída acumulada, lo que requeriría un aumento del 70% para recuperar lo perdido.
Dijo @M_Saredi en nuestra radio
“El FMI sugiere “ajustar” el gasto previsional.
Y el gobierno argentino, en lugar de defender a los jubilados, parece dispuesto a aceptar la receta.
⚖️ Ajustar con las pensiones y jubilaciones, es ajustar sobre la dignidad”. pic.twitter.com/zNdpEJNpM6— El Nacional de Matanza (@NacionalMatanza) October 9, 2025
Desde el inicio del gobierno de Milei en diciembre de 2023, el panorama no ha hecho más que agravarse. Un informe del Mirador de Actualidad del Trabajo y la Economía reveló que los salarios y jubilaciones «no logran recuperar nada de lo perdido» en estos meses. El salario público quedó 19% por debajo del nivel de diciembre de 2023, lo que representa una pérdida promedio de 8,1 millones de pesos por trabajador. El sector privado se estancó cinco puntos por debajo de ese nivel, acumulando pérdidas de 1,7 millones de pesos por empleado. Y las jubilaciones continúan 23% por debajo, con una pérdida promedio cercana a los 4 millones de pesos por beneficiario.
La transferencia multimillonaria
Estos números fríos esconden una realidad económica brutal: una transferencia masiva de ingresos desde los sectores populares hacia otros segmentos de la economía. El informe del Mirador de Actualidad del Trabajo y la Economía (MATE) cuantificó esta redistribución regresiva en 55 billones de pesos durante el último año. De ese total, 40,1 billones salieron directamente de los bolsillos de los trabajadores asalariados. Otros 9,4 billones correspondieron a menor recaudación de la seguridad social, 4 billones a las obras sociales y 1,5 billones a los sindicatos.
¿Hacia dónde fue ese dinero? Principalmente, al sistema financiero y las grandes corporaciones que se beneficiaron de la caída del costo laboral. El superávit fiscal que celebra el gobierno se construyó sobre esta base: reducir los ingresos de la mayoría para garantizar el pago a los acreedores externos y mantener contentos a los mercados.
El contexto electoral y la inflación persistente
La revelación de estos planes ocurre en un momento especialmente delicado. El dato de inflación conocido ayer confirmó lo que muchos economistas advertían: la desaceleración de los precios se frenó y el índice volvió a superar el 2% mensual por quinto mes consecutivo. Lejos quedó la promesa oficial de llegar a la inflación cero. En cambio, la economía argentina enfrenta una inflación persistente que sigue erosionando el poder de compra, mientras el gobierno insiste en profundizar el ajuste sobre salarios y jubilaciones.
En este escenario, las elecciones legislativas aparecen como el verdadero campo de batalla. El oficialismo necesita conquistar bancas en el Congreso para tener los votos que le permitan aprobar las reformas que exige el FMI. La estrategia es transparente: construir poder político ahora para implementar el ajuste después, cuando ya no haya que enfrentar las urnas hasta 2027.
Georgieva, consciente de esta dinámica, insistió en la importancia de «hacer que la gente entienda que un déficit en expansión y un mayor gasto público no necesariamente son buenos para ellos«. Sin embargo, reconoció que «todavía no descubrimos cómo llevar a la gente con nosotros en decisiones difíciles«. Una confesión implícita de que estas políticas carecen de consenso social genuino y dependen de la imposición desde arriba.
El hermetismo de las negociaciones
Mientras tanto, en Washington, el equipo económico argentino mantiene el más estricto hermetismo sobre los detalles del acuerdo en discusión. Junto a Caputo se encuentran el secretario de Política Económica, José Luis Daza; el secretario de Finanzas, Pablo Quirno; y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili. Cuando los periodistas argentinos consultaron a Georgieva sobre el avance de las conversaciones, la respuesta fue lacónica: «Estamos trabajando, estamos trabajando«.
Lo que sí quedó claro es la hoja de ruta. El FMI espera que Argentina profundice el ajuste sobre los sectores populares, llevando las pérdidas de poder adquisitivo hasta el 50% si fuera necesario, a cambio de un nuevo desembolso de divisas. El gobierno de Milei, por su parte, parece dispuesto a cumplir, confiando en que el resultado electoral de octubre le dará el respaldo parlamentario necesario para imponer estas medidas sin mayores obstáculos.
La pregunta que resuena es si la sociedad argentina, después de ocho años de ajustes sucesivos que llevaron a pérdidas de entre 20% y 41% del poder adquisitivo, está dispuesta a «acompañar» un nuevo recorte que podría duplicar ese deterioro. O si, por el contrario, las elecciones legislativas se convertirán en un plebiscito sobre los límites de lo tolerable en términos de sacrificio social.
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