El domingo pasado, José Luis Espert anunció su renuncia como candidato a senador de La Libertad Avanza tras el estallido del escándalo por su vínculo con Federico «Fred» Machado. El economista libertario recibió 200.000 dólares en transferencias directas del narcotraficante, además de haber utilizado sus aviones en 36 vuelos durante la campaña de 2019, valuados en 350.000 dólares. Durante semanas, Espert mintió sobre esos fondos hasta que las pruebas judiciales lo obligaron a reconocerlos, argumentando que correspondían a una supuesta asesoría para una minera guatemalteca que nunca realizó.
Pero el caso de Machado no es solo un problema para Espert. Es también un dolor de cabeza para el presidente Javier Milei, quien comparte con el narcotraficante detenido en Viedma un detalle nada menor: el mismo abogado. Francisco Oneto representa legalmente tanto a Milei como a Machado, una superposición de roles que plantea interrogantes sobre los verdaderos motivos por los cuales el presidente sostuvo a Espert hasta último momento, pese a la evidencia abrumadora de su financiamiento narco.
Detenido desde abril de 2021 por pedido de Estados Unidos, donde enfrenta acusaciones por narcotráfico, lavado de dinero y fraude electrónico por montos que superan los 350 millones de dólares, Machado disfruta de una libertad vigilada en Río Negro mientras su expediente rebota entre despachos judiciales sin resolución definitiva.
Por qué no extraditan a Fre Machado a EE.UU.?, Juan Grabois te lo explica ✌️🇦🇷 pic.twitter.com/4qIoSYFf2W
— Fernando (@Bernabeto) October 4, 2025
La cronología del caso resulta elocuente. El pedido de extradición llegó a la Corte Suprema el 3 de mayo de 2022. Para el 5 de abril de 2023, el procurador interino Eduardo Casal ya había dictaminado a favor de la extradición, detallando minuciosamente los cargos que pesan sobre Machado: asociación delictuosa para la fabricación y distribución de cinco kilogramos o más de cocaína con intención de ingresarla ilegalmente a Estados Unidos, lavado de dinero y fraude electrónico. Sin embargo, ese dictamen favorable no aceleró el proceso sino que, paradójicamente, pareció inaugurar una nueva fase de estancamiento.
A partir de septiembre de 2024, ya bajo el gobierno de Javier Milei, el expediente comenzó un peculiar peregrinaje entre los despachos de los jueces del máximo tribunal. Ricardo Lorenzetti lo mantuvo dos meses, luego pasó a Carlos Rosenkrantz durante tres meses, después a Horacio Rosatti el 21 de febrero de 2025. Durante meses, el caso fue rebotado entre Rosenkrantz y Lorenzetti hasta que en agosto de este año la Corte decidió enviarlo nuevamente a Neuquén ante un pedido de la defensa de Machado.
El argumento de la defensa para solicitar esta nueva dilación fue que se habrían modificado las circunstancias de la acusación en Texas, particularmente por cambios en la situación judicial de Kayleigh Moffet, otra de las personas imputadas en el entramado narco. La Corte aceptó el planteo sin mayores verificaciones y remitió el expediente al juzgado federal de Neuquén para que solicitara información complementaria a través de Cancillería. Cuando finalmente llegó la respuesta desde Estados Unidos, confirmó que la situación de Moffet no modificaba en absoluto los cargos contra Machado y que el pedido de extradición seguía plenamente vigente.
🚨ALERTA: LA CORTE SUPREMA HARÍA LUGAR A LA EXTRADICIÓN DE MACHADO
El Ejecutivo es el que tiene que hacer efectiva la orden. pic.twitter.com/AexoTq8St5
— Jack__Pierre 💛 (@Jackes_is_back) October 6, 2025
Lo llamativo del timing no pasó desapercibido. La resolución de la Corte que favoreció esta nueva demora data del 21 de agosto de 2025, apenas cuatro días después de que el periodista Sebastián Lacunza publicara en ElDiario.ar una nota reveladora sobre los vínculos entre José Luis Espert y Fred Machado, incluyendo mensajes y detalles sobre viajes en aviones del narcotraficante. ¿Casualidad o estrategia para sacar el expediente del radar mediático justo cuando comenzaba a generar ruido en plena campaña electoral?
Para dimensionar la lentitud de la Corte en este caso resulta útil recordar las palabras del ministro de Justicia bonaerense, Juan Martín Mena, quien señaló que el mismo tribunal tardó apenas 70 días en confirmar la condena a Cristina Kirchner, mientras que lleva más de tres años y cuatro meses cajoneando la extradición de Machado. La diferencia en los tiempos de resolución según el imputado plantea interrogantes incómodos sobre los criterios que rigen las prioridades del máximo tribunal argentino.
Otro elemento que suma opacidad al caso es la trama de abogados que conecta a Machado con el entorno presidencial. Francisco Oneto, quien representa legalmente a Machado, es también abogado de Javier Milei. Esta superposición de roles no solo plantea un potencial conflicto de intereses, sino que también podría explicar por qué el presidente sostiene de manera tan firme a José Luis Espert, financiado por Machado durante su campaña con al menos 200.000 dólares en transferencias directas y 350.000 dólares en vuelos privados.
El testimonio del abogado y exdiputado Jorge Yoma agrega otra capa de sospecha a la narrativa. Yoma reveló públicamente que en su momento los abogados de Machado se le acercaron solicitando su asistencia profesional para lograr que el procurador Eduardo Casal «durmiera» el dictamen sobre la extradición. Yoma rechazó el caso, pero su relato deja entrever la existencia de operaciones de lobbying judicial destinadas a proteger al narcotraficante.
Mientras tanto, Machado permanece en su vivienda familiar ubicada a 15 kilómetros del centro de Viedma, monitoreado con tobillera electrónica pero lejos de las condiciones carcelarias que enfrentaría en Estados Unidos si la extradición finalmente se concretara. En Texas lo esperan acusaciones por conspiración para fabricar y distribuir cocaína, en Florida ya fue condenado a pagar 179 millones de dólares a 22 víctimas de un esquema Ponzi mediante el cual estafó a compradores de aviones.
La jueza estadounidense Beth Bloom determinó que Machado debe pagar por daños compensatorios 29 millones de dólares, por daños triplicados 58 millones, por daños punitivos 87 millones, más intereses que acumulan casi 20.000 dólares diarios. Sin embargo, en el expediente judicial de Florida consta que Machado se encuentra «prófugo, detenido en Argentina», una descripción que resume la paradoja de su situación: técnicamente detenido, pero protegido por un sistema judicial que no avanza.
El de Machado es un caso fácil de extradición. La Corte lo tuvo dormido durante 2 años y medio. Ahora directamente se sacó el expediente de encima con excusas absurdas y ordenando un trámite diplomático que va a generar aún más demoras. pic.twitter.com/jkINBJyX4X
— Natalia Volosin (@nataliavolosin) October 3, 2025
La Corte Suprema ahora tiene nuevamente el expediente en sus manos tras la respuesta de Estados Unidos confirmando la vigencia de los cargos. Según fuentes judiciales, el tribunal estaría próximo a resolver en el transcurso de esta semana, después de tres años y medio de demoras. Si finalmente accede al pedido, Machado sería entregado a las autoridades estadounidenses, pero la decisión final recae en el Poder Ejecutivo, que tiene diez días hábiles para conceder o rechazar la extradición por «especiales razones de soberanía nacional, seguridad u orden público».
En ese margen de discrecionalidad presidencial es donde residen las mayores dudas. Un gobierno que comparte abogados con el narco cuya extradición debe autorizar, un presidente que sostiene contra toda lógica al candidato financiado por ese mismo narcotraficante, una Corte Suprema que dilata durante años un expediente con dictamen favorable, y una trama de operadores judiciales que conecta al poder ejecutivo con la defensa del acusado conforman un entramado que, como mínimo, merece el escrutinio público más riguroso.
La justicia argentina enfrenta una prueba de credibilidad en el caso Machado. Cada día de demora adicional, cada maniobra procesal aceptada sin mayor análisis, cada coincidencia temporal sospechosa erosiona la confianza ciudadana en la independencia del Poder Judicial. Si el máximo tribunal finalmente resuelve la extradición, deberá explicar por qué tardó tres años y medio en hacer lo que el procurador dictaminó en menos de un año. Y si el Poder Ejecutivo la autoriza, tendrá que aclarar por qué Milei sostiene políticamente a Espert mientras su gobierno debería estar facilitando la entrega de Machado a la justicia estadounidense.
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