La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) cerró un acuerdo salarial del 1,3% para septiembre y 1,2% en octubre, que garantiza que los haberes queden por debajo de la inflación. La decisión se alinea con la política del Gobierno nacional, que también aplicó aumentos inferiores al índice de precios en el sector público. En la misma línea, el Sindicato de Camioneros adoptó un esquema similar al de la UOCRA.
Desde el inicio de su gestión, el Gobierno libertario fijó como política que los salarios no superen la inflación, incluso rechazando homologar acuerdos privados que se apartaban de esa pauta. Así, los empleados públicos nacionales recibirán solo un incremento del 14,81% en todo 2025, mientras que la inflación proyectada para ese período supera el 28%.
El 1,3% pactado en la construcción está por debajo de la estimación de septiembre del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), que calcula la inflación en 2,2%. En tanto, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) prevé que en el último trimestre de 2025 rondará el 7%. De confirmarse, tanto el acuerdo de la UOCRA como el de Camioneros implicarán una fuerte pérdida de poder adquisitivo.
Qué convenio firmaron la UOCRA y Camioneros
El acuerdo entre la UOCRA, liderada por Gerardo Martínez, y la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) incluye una suba del 1,3% en septiembre y del 1,2% en octubre, además de un incremento en los bonos.
Con estos dos ajustes, los salarios pasarán a ser: ayudante, de $40.000 a $61.800; medio oficial, de $42.000 a $64.900; oficial, de $46.000 a $71.000; y oficial especializado, de $48.000 a $74.200.
Por su parte, el Sindicato de Camioneros, encabezado por Hugo Moyano, acordó un incremento del 1,2% en septiembre, 1,1% en octubre y 1% en noviembre y 1% en diciembre.
La crisis en la construcción
La construcción, uno de los principales motores de la economía argentina, es también uno de los sectores más golpeados por las políticas nacionales y atraviesa una crisis profunda, reflejada en la destrucción de empleo, la paralización de obras y la incertidumbre empresarial. Desde el inicio de la gestión de Javier Milei se perdieron 65.382 puestos de trabajo formales, lo que equivale a una caída acumulada del 15,5%.
A esto se suma la demora en el pago de certificados de obra —en muchos casos superior a 90 días—, que pone en riesgo a más de 4.000 PyMES constructoras y complica el pago de salarios y obligaciones con proveedores. Así, los trabajadores del sector enfrentan no solo la amenaza de perder su empleo, sino también una caída en su poder adquisitivo producto de la pauta salarial oficial que siguen sus representantes gremiales.
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