El nuevo municipio de Dos Hermanas, creado en mayo pasado como desprendimiento de Bernardo de Irigoyen, atraviesa una crisis sin precedentes. Sin interventor designado desde su creación, el flamante distrito misionero se ha convertido en territorio liberado para la especulación inmobiliaria y los conflictos de tierras, que han escalado hasta llegar a los atentados contra quienes se organizan para defender sus derechos.
La docente Nuria Lantos, quien trabaja en el IEA 17 (una escuela técnica agropecuaria ubicada en el paraje La Laguna Azul) y vive en Tres Vecinos, dentro del ejido municipal, es una de las principales impulsoras de la organización vecinal que reclama la regularización de las tierras. Por esta labor, sufrió un atentado hace pocos días cuando desconocidos incendiaron su automóvil como escarmiento.
«Nosotros entendemos que si se logra regularizar las tierras, hay mucha gente a la que se le termina un negocio con el que viene lucrando hace muchos años, que es el de atropellar, comprar a precio vil y después vender», explica Lantos sobre las motivaciones detrás de la violencia que sufren los vecinos organizados.
Un municipio con tierras sin dueños claros
El problema de fondo es estructural: aproximadamente el 70% de la superficie del nuevo municipio no tiene sus tierras regularizadas. Esta situación incluye tanto el casco urbano como las zonas rurales, donde viven pequeños productores dedicados principalmente a la ganadería, producción de maíz, mandioca y poroto para autoconsumo.
Gran parte de estas tierras pertenecían históricamente a empresas madereras que se dedicaron a la extracción de madera nativa desde los años 50. Cuando estas empresas se retiraron, las familias continuaron poblando la zona, estableciéndose durante tres generaciones sin que se regularizara su situación dominial.
«En los últimos meses empezó a aparecer cada vez más seguido gente que viene con intenciones de sacar a otro con papeles en la mano que no sabemos de dónde salieron», relata la docente, describiendo el modus operandi de quienes pretenden apropiarse de las tierras.
Escalada de violencia
Los conflictos no son nuevos, pero se han intensificado notablemente en los últimos meses. El primer hecho de relevancia ocurrió hace un mes, cuando la policía detuvo a cinco hermanos de una familia que se negaba a permitir el paso de un maderero que alegaba tener permisos para extraer madera.
«Vino un operativo de la policía, el maderero y el juez en persona a tratar de abrir paso y la familia se resistió», cuenta Lantos. Los cinco hermanos estuvieron ocho días detenidos y ahora enfrentan causas por amenazas. Durante su detención, los vecinos organizaron vigilias frente a la comisaría y un corte en la aduana para presionar por su liberación.
Hace quince días, otro episodio violento sacudió la zona cuando «entró un matón a los tiros en la chacra de una familia» que son alumnos de la escuela donde trabaja Lantos. Aunque inicialmente lograron que los intrusos se retiraran, estos volvieron a ocupar otra parte del terreno. Este caso particular lleva seis años en la justicia sin resolución.
La organización vecinal busca respuestas
Ante la escalada de violencia y el abandono estatal, los vecinos se organizaron y realizaron una reunión masiva el 2 de septiembre, donde redactaron un petitorio dirigido al gobierno provincial solicitando una mesa de trabajo para regularizar las tierras del municipio.
El documento fue entregado en distintas oficinas de Posadas una semana después. El viernes pasado, el subsecretario de Tierras, Daniel Beller, se comunicó telefónicamente con Lantos prometiendo una reunión para la semana próxima, aunque para entonces ya habían quemado el vehículo de la docente.
«Sin vehículo ya es bastante complicado» trasladarse a Posadas, explicó Lantos al funcionario, quien acordó realizar la primera reunión en el territorio, aunque los vecinos insisten en que toda la mesa de trabajo debe desarrollarse localmente.
Un vacío de poder que favorece los abusos
La situación se agrava por la ausencia de autoridades locales. Dos Hermanas, con sus 11.000 habitantes, permanece sin interventor desde su creación como municipio autónomo. «No puede ser que desde mayo estamos en esta situación y pasan este tipo de cosas y no tenemos a quién dirigirnos. Nosotros como familias nos sentimos superdesamparados», lamenta Lantos.
Antes de la autonomía municipal, los vecinos podían recurrir al intendente de Bernardo de Irigoyen, quien aunque no tenía competencia directa sobre los temas de tierras, podía interceder o facilitar reuniones. Ahora no tienen a quién acudir, ni siquiera han logrado obtener custodia policial pese a las amenazas.
El negocio detrás del conflicto
Los intereses en juego son diversos según cada caso. En las zonas donde aún existe monte nativo, aparecen empresarios madereros interesados en la extracción, como el caso del detenido de 2 de Mayo que provocó las detenciones. En áreas más cercanas al casco urbano, el negocio parece apuntar a la especulación inmobiliaria, especialmente considerando que el propio centro urbano carece de títulos de propiedad y deberá ser loteado.
«Al lotearse el valor aumenta enormemente«, explica Lantos sobre uno de los incentivos para la apropiación irregular de tierras Actualmente unas 50 familias participan activamente de la organización vecinal, aunque la docente estima que el problema afecta a más de la mitad de la población del municipio. «Siempre hay un grupo duro que se moviliza, pero detrás de eso hay mucha gente que por ahí tiene miedo, que no se organiza, pero que también está siendo afectada«.
Un reclamo de presencia estatal
Los vecinos organizados son claros en su demanda: no buscan enfrentamientos sino la intervención del Estado para solucionar el conflicto. «Consideramos que esto se resuelve con mayor presencia del Estado y no con este abandono que propicia un clima ideal para que pasen este tipo de cosas», sostiene Lantos.
La docente advierte que si no se resuelve la situación actual, el atentado contra su vehículo será solo «un capítulo más, pero no el último, de una escalada de violencia» que la preocupa especialmente en una zona de frontera «donde la gente está acostumbrada a resolver las cosas de esta manera».
El caso de Dos Hermanas se suma así a los múltiples conflictos de tierras que atraviesan la provincia de Misiones, evidenciando la necesidad urgente de políticas públicas que regularicen la situación dominial y eviten que la especulación y la violencia se apropien de territorios donde las familias rurales han construido su historia durante generaciones.
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