Javier Milei se enfrenta a otro paquete de vetos tras la paliza electoral en Buenos Aires y con el gobierno nacional ya inmerso en la campaña para las elecciones del 26 de octubre. En medio del escándalo por los audios de Spagnuolo, la suba del dólar y la interna oficialista, el mandatario tiene tiempo hasta jueves para vetar las leyes de emergencia pediátrica y financiamiento universitario además de la ley de reparto de Adelantos del Tesoro de la Nación (ATN) impulsada por todos los gobernadores de provincias.
Desde que el Senado, en emergencia pediátrica y financiamiento universitario, y Diputados, en el caso de la ley de distribución de los ATN, comunicó formalmente la sanción de las normas al Poder Ejecutivo Nacional comenzaron a correr los 10 días hábiles que Milei tiene para vetar parcial o totalmente las leyes. Ese plazo se cumplirá este jueves. De acuerdo al artículo 80 de la Constitución Nacional “se reputa aprobado por el Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto en el término de 10 días útiles”.
Rechazo al veto de Javier Milei
El Presidente viene de sufrir el rechazo a su veto a la emergencia en discapacidad a nivel nacional y la sostenibilidad de nuevos vetos está en duda en el Congreso no sólo tras la derrota política en la provincia de Buenos Aires y el alejamiento de gobernadores aliados que conformar el bloque de Provincias Unidas sino porque el oficialismo atraviesa un momento de extrema debilidad legislativa en medio de la campaña electoral.
Con el programa económico en duda pese a haber ratificado a su gabinete, el Poder Ejecutivo Nacional aspira a sostener su «muralla fiscal» frente a las iniciativas legislativas que se aprueban en el Poder Legislativo como la emergencia pediátrica y el financiamiento universitario.
La semana pasada en el marco de su viaje a Los Ángeles, durante su disertación en el Instituto Milken, Milei advirtió que «en el Congreso Nacional, los políticos llevan tres meses intentando lanzarnos un misil fiscal que aumente el gasto público, con la intención de tumbarnos el superávit y retornar el sendero de la emisión, inflación y miseria. En Argentina vivimos una verdadera inversión del sentido común: el Congreso opositor quiere forzar al Ejecutivo a gastar más para que pierda una elección; pocas cosas hablan mejor de nuestro compromiso con el orden macroeconómico que esto».
Frente a un eventual nuevo veto que debería ser publicado este jueves por el PEN en el Boletín Oficial, el Gobierno quedaría expuesto a una nueva derrota en el Congreso ya que la oposición se encuentra en condicione de insistir sobre las leyes con dos tercios de los votos en el recinto. Lo que implicaría una nueva derrota expuesta en plena campaña electoral.
Esta semana, en un video que ya circula en redes sociales, el rector, el vicerrector y los decanos de las 13 Facultades de la Universidad Buenos Aires le piden al Presidente, la reglamentación de la ley de financiamiento universitario aprobada por el Senado el 22 de agosto y que preve la convocatoria a paritarias para recomponer los salarios docentes y no docentes según la inflación, la actualización de los gastos de funcionamiento y la creación de fondos destinados a infraestructura, becas, carreras estratégicas y actividades académicas.
Dudas por el Hospital Garrahan
También fija un esquema de financiamiento progresivo, del 1% del PBI en 2026 al 1,5% en 2031. En 2024, el Congreso aprobó una norma similar que fue vetada por Milei. Esa decisión provocó una caída de casi la mitad del poder adquisitivo de los salarios. En el caso de la ley de Emergencia Pediátrica, que incluye el reconocimiento y garantía de funcionamiento del Hospital Garrahan, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, evitó confirmar si el Gobierno vetará la ley.
Otro veto que deberá definir Javier Milei en las próximos horas apunta a la ley de distribución de los ATN impulsado por los 24 gobernadores. En medio de la convocatoria a los mandatarios provinciales para que se reúnan con Francos, la Casa Rosada se enfrenta a un escenario delicado teniendo en cuenta que aún esta pendiente de aprobación también la ley que dispone la eliminación de los fondos fiduciarios que se financian con el impuesto a los combustibles líquidos para que esos fondos sean repartidos también a las provincias.
Mensaje de los gobernadores
La ley ya aprobada de los ATN elimina la discrecionalidad política en la distribución de esa partidas al plantear un mecanismo automático de reparto acorde a la ley de coparticipación. De acuerdo a la estimación de los gobernadores, el costo fiscal equivaldría solo al 0,03% del PBI ($253.000 millones). Y advierten: «Si nos convocan a una mesa de diálogos y arrancan vetando esta ley, va a ser una declaración de guerra. Además son recursos que ya les pertenecen a las provincias”.
El lunes, los gobernadores de Provincias Unidas que se plantean como una alternativa a la polarización entre Fuerza Patria (FP) y el mileísmo mantuvieron un encuentro por Zoom. Participaron Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Ignacio Torres (Chubut), Gustavo Valdés (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy) y Claudio Vidal (Santa Cruz). La marca tendrá su bautismo de fuego en las legislativas de octubre, cuando sus integrantes estrenan la boleta en las urnas.
Fuente: Ámbito
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