El Presidente Javier Milei ya firmó el veto total a las leyes de aumento a jubilados, moratoria previsional y emergencia en discapacidad. Lo hizo el sábado, evitando llegar a último momento para el plazo permitido pero a la vez esperando que siendo un fin de semana, la crueldad pase más o menos desapercibida. Porque mientras castiga a los jubilados y a las personas con discapacidad, premia al campo con una baja de retenciones que cuestan lo mismo que le niega a los sectores más indefensos de la población.
La fábrica de vetos
Desde que asumió, Javier Milei hizo del veto su caballito de batalla. Algo que debería usarse de manera excepcional en pos de una convivencia democrática se volvió el bastón de mando en una presidencia que se cree monárquica. Milei, los 2 hermanos para ser exactos, no negocian, imponen. Hoy le toca el turno a las 3 leyes claves para mejorar un poquito la vida de los más damnificados en este ajuste: el aumento a jubilados, la prórroga de la moratoria previsional y la declaración de emergencia en discapacidad.
La noticia se publicó a la medianoche en el Boletín Oficial. Mientras tanto el Poder Ejecutivo sigue negociando a contrarreloj con gobernadores y legisladores amigos para asegurarse que sus vetos no sean rechazados. En el caso de las jubilaciones y la moratoria, los números le cierran. Pero en discapacidad hay problemas: hasta los aliados ponen reparos.
La emergencia en discapacidad es algo tan tangible y sensible que hasta a los “radicales con peluca” les da calor respaldar al Presidente en esta. «Hemos hecho planteos en el caso concreto de Discapacidad. Son temas sensibles y nosotros tenemos que poner la cara muchas veces y tenemos que volver a la provincia», afirmó en diálogo con Diputados TV el legislador Pablo Cervi (UCR), objetando el veto presidencial. Pero más allá de los números los vetos de Milei tienen una lógica de blindaje, de “cerrar” el Congreso como espacio de representación y transformar todas las decisiones legislativas en un obstáculo para superar. Poner palos en la rueda para blindar el ajuste.
Ajuste selectivo
El tema es que dicho ajuste también es selectivo. Mientras Milei veta leyes que buscan mejorar un poco la vida de los jubilados y de las personas con discapacidad, anuncia con entusiasmo una baja en las retenciones al campo. Bajó las alícuotas a la carne aviar, el maíz, el girasol, el sorgo y la soja. En total, una pérdida de recaudación que equivale al 0,2% del PBI.
A la par, la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) explicó que el aumento del 7,2% a las jubilaciones que Milei vetará también representa el 0,2% del PBI. Es decir, que la misma plata que se le «perdonó» al campo podría usarse para a los jubilados. Pero hace rato que la lógica mileista dejó de regirse por datos duros. Sus razones son puramente ideológicas.
No se trata de una discusión sobre eficiencia, sino sobre prioridades. En palabras del propio Presidente, quienes apoyan las leyes previsionales son “degenerados fiscales” y “genocidas del futuro”. Pero cuando se trata de premiar al agro, no hay insultos ni vetos, solamente guiños y sonrisas que intentan ser cómplices. Resulta que el ajuste no lo paga la casta, que está sentada en la Rural, sino los jubilados.
Represión y disciplina
Pero el veto no queda solamente en el Congreso, el veto se volvió una herramienta de disciplinamiento. Cada vez que el Congreso aprueba una ley que no encaja en su dogma, Milei no debate, veta, y después castiga a quienes osan resistir. Miércoles tras miércoles las fuerzas que responden al presidente reprimen a jubilados, personas con discapacidad y toda persona que se anime a acercarse al Congreso para defender sus derechos.
Hasta ahora la respuesta del Gobierno fue gases, balas de goma y criminalización. La Ministra Patricia Bullrich siempre justificó la represión diciendo que se trataba de “infiltrados de la casta”, mientras desde las redes oficiales se difundían imágenes estigmatizantes de personas con discapacidad participando de la protesta. Ni hablar de los periodistas que intentaron captar parte de la represión, como Pablo Grillo. Ellos también fueron castigados.
“Lo que estamos viendo es un modelo de disciplinamiento social. La represión no es un exceso, es una política”, denunció el periodista Ari Lijalad en su programa radial. Y no se trata de un caso aislado, Milei ya lo hizo con el protocolo antipiquetes, con los docentes, con los investigadores científicos y ahora con quienes cobran la mínima o esperan acceder a una jubilación.
El Congreso bajo amenaza
En términos prácticos, se puede decir que Milei gobierna con minoría legislativa pero mayoría de facto, gracias al miedo o acuerdos que impone sobre los legisladores y a la fragmentación de las bancadas opositoras. Este uso indiscriminado del veto burocratiza (aún más) al Congreso y nulifica su funcionamiento como poder del Estado.
Hoy en día, la posibilidad de articular mayorías en ambas cámaras para rechazar los vetos de Milei parece lejana… pero no imposible. En la votación de la ley de moratoria y movilidad, la oposición alcanzó entre 135 y 140 votos, lo que podría permitirle insistir si se mantiene unida.
Este es un escenario complicado porque el Gobierno ya mandó al Jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos a “tender puentes” con los legisladores y gobernadores que estén dispuestos a dar una mano. Si eso falla, según trascendió, se prepara una “ley antirrechazo” que elevaría a tres cuartos los votos necesarios para anular un veto presidencial, algo completamente fuera del marco constitucional.
El rey está desnudo
La sobreactuación libertaria tiene un costado profundamente conservador y centralista: las decisiones no se discuten ni se consensúan. Se bajan por decreto o se imponen a fuerza de represión. Pero algo que se deja entrever en este “plan b” del Gobierno Nacional es que si tienen que analizar una alternativa, posiblemente económica, para sostener su veto es que: en verdad sí “hay plata”, pero sólo para lo que ellos quieren, y que no tienen la palabra final en todo.
El problema no es solo jurídico, sino democrático. Cuando un poder anula de forma sistemática a otro, el equilibrio institucional se rompe. La pregunta que queda flotando es si el Congreso está dispuesto a asumir su rol y ponerle un freno a este modelo de veto perpetuo.
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