Hace poco más de un mes, la provincia de Formosa inició un proceso que marca un hito en su historia institucional: la Convención Constituyente. Desde entonces, los convencionales han llevado adelante un trabajo intenso y sistemático, buscando modernizar y ampliar los derechos consagrados en la Constitución provincial, al tiempo que incorporan nuevos instrumentos de participación ciudadana y de protección de los sectores más vulnerables.
El proceso, que ya cumplió 12 sesiones plenarias, estuvo caracterizado por debates profundos y consensos significativos, así como por algunos desencuentros políticos e intercambios entre los bloques. Uno de los hechos más mediatizados fue la renuncia del bloque de La Libertad Avanza encabezado por Gabriela Neme y Francisco Paoltroni. Este gesto, aunque resaltó tensiones internas, se vinculó con un pedido desde Nación para que culminara su participación, según se denunció en la propia convención. El otro frente opositor, encabezado por la UCR, criticó fuertemente esta decisión, argumentando que significaba darle la espalda a los votantes. Sin embargo, este abandono múltiple no detuvo el ritmo de las reformas que buscan reflejar los cambios sociales y tecnológicos que demanda la sociedad formoseña contemporánea; incluso los Convencionales del oficialismo y del radicalismo afirmaron mayor fluidez luego de la salida del bloque libertario, puesto que quienes los suplantaron hasta el momento ha aportado y discutido las reformas propuestas. Un dato que refleja esto se da en las votaciones que aprobaron normas por unanimidad, como el aumento en la cantidad de miembros del Superior Tribunal, que pasó de tres a cinco.
El camino hacia la nueva Carta Magna: las reformas más recientes
Entre los avances más recientes se encuentra la reforma del artículo 68, que ahora garantiza especial protección a la madre y al niño, asegurando que el Estado arbitre los recursos necesarios para su asistencia. Además, se amplió la noción de familia para abarcar distintas configuraciones, reconociendo los vínculos afectivos más allá de la estructura tradicional.
En materia laboral, la modificación del artículo 85 introdujo derechos concretos para las mujeres embarazadas, incluyendo licencias remuneradas y tiempo destinado a la lactancia dentro de la jornada laboral. Asimismo, se reafirma la protección del trabajo de menores y se mantiene la prohibición de trabajos nocturnos o incompatibles con su edad.
El capítulo cultural y educativo también fue objeto de transformaciones sustanciales. El artículo 92 reconoce la cultura como un derecho humano y social fundamental, incorporando explícitamente a los pueblos originarios y destacando la pluralidad de expresiones culturales en la provincia. Se aprobó además un nuevo artículo que establece la protección y promoción del patrimonio cultural, así como el respaldo a industrias culturales como motores de desarrollo económico y social.
La educación recibió un tratamiento integral y actualizado. El artículo 93 reafirma su carácter de derecho humano fundamental, garantizando obligatoriedad, gratuidad, inclusión, calidad y acceso universal. Se incorporaron además los artículos 94 y 95, que establecen la planificación, supervisión y asignación presupuestaria de los recursos educativos, asegurando que estos se destinen exclusivamente a fines educativos. Un nuevo artículo consolida la normativa sobre educación, garantizando desde los cinco años hasta la finalización de la secundaria, incluyendo la educación técnica, pedagógica y superior.
Los derechos de niños, niñas y adolescentes también fueron fortalecidos. Las modificaciones al artículo 69 los reconocen como sujetos activos de derechos, con protección integral y acceso a la justicia en condiciones de confidencialidad y eficacia.
Una constitución modernizada
En el ámbito judicial, la reforma del artículo 171 avanza hacia un sistema con mayor oralidad y transparencia, asegurando audiencias públicas y el uso de mecanismos alternativos de resolución de conflictos. También se otorgó rango constitucional al Tribunal Electoral Permanente, garantizando su independencia, y se creó el Ministerio Público como órgano autónomo, con Procurador y Defensor General, promoviendo la paridad de género en los tribunales.
En cuanto a la ciencia, la tecnología y la innovación, los artículos 100 y 101 consolidan el derecho de toda persona a acceder al conocimiento científico y tecnológico, promoviendo la apropiación social de los avances y el desarrollo de tecnologías emergentes como inteligencia artificial, nanotecnología y biotecnología. Además, se incorporan derechos de cuarta generación: conectividad universal, alfabetización digital y protección de la identidad genética y biomédica.
Por último, la reforma del artículo 70 reconoce a los jóvenes como protagonistas de la sociedad, garantizando su participación y desarrollo integral mediante políticas públicas que promuevan igualdad de oportunidades, educación superior, formación en oficios e inserción laboral.
La duodécima sesión: límites y responsabilidades en casos de intervención federal
Este lunes por la tarde, la Convención Constituyente celebró su duodécima sesión plenaria. Durante la jornada, se aprobaron modificaciones a los artículos 14, 32, 78, 135, 165 y 169 de la Constitución provincial.
El artículo 14 fue actualizado para incluir las comunicaciones digitales y electrónicas dentro de la protección a la libertad de prensa y expresión, iniciativa presentada por el Frente Amplio Formoseño y acompañada por los bloques Justicialista, Nuevo País y Alianza por la Libertad y la República.
En el artículo 135 se incorporó una corrección clave en la línea sucesoria, contemplando por primera vez la acefalía simultánea de Gobernador y Vicegobernador. También se eliminó el último párrafo del artículo 78, que hacía referencia a jubilaciones de privilegio.
El artículo 165 fue modificado para suprimir la expresión «o Procurador General», en línea con la reciente creación del Ministerio Público como órgano autónomo. Asimismo, se eliminó la primera oración del artículo 169, por tratarse de una cláusula transitoria vinculada al Consejo de la Magistratura, hoy ya en funcionamiento.
Intervención: una reforma que evita el antecedente correntino
La reforma más relevante se dio en el artículo 32, referido a las intervenciones federales. Se estableció que estas deben limitarse exclusivamente a remediar las causas que las originaron, sostener o restablecer autoridades legítimas y garantizar los derechos constitucionales y que el interventor y sus funcionarios serán responsables civil, penal, administrativa y políticamente por los daños que ocasionen, y no podrán contraer empréstitos que comprometan el patrimonio provincial.
Además, los sueldos de los interventores no serán pagados por la Provincia, y la Nación responderá por los daños que la intervención provoque. De esta manera, se previene que ocurra lo que pasó en Corrientes, cuya intervención terminó con una denuncia de robo de fondos públicos por parte de la llamada «banda de los cordobeses», encabezada por el radical Oscar Aguad apuntado por la sustracción de 60 millones de dólares.
Un punto de inflexión histórico
Estas transformaciones, que abarcan familia, trabajo, educación, cultura, justicia, ciencia, juventud y el régimen de intervención federal, reflejan un enfoque moderno y progresista de la Constitución provincial.
A un mes de iniciada la Convención, Formosa no solo está actualizando su marco legal, sino también fortaleciendo derechos emergentes y consolidando un sistema inclusivo, equitativo y participativo. La renuncia del bloque de Neme y Paoltroni permitió un avance en el proceso democrático, que implica debates y tensiones, pero no disminuye el alcance histórico de estas reformas. En definitiva, este primer mes marcó un punto de inflexión para Formosa: un paso firme hacia una Constitución más moderna, inclusiva y acorde con los desafíos del siglo XXI.
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