La Justicia Federal prohibió la circulación de los audios filtrados de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del mandatario, luego de que el Gobierno denunciara un supuesto caso de “inteligencia ilegal”.
El juez Patricio Maraniello ordenó que no se publiquen las grabaciones a través de ningún medio de comunicación ni redes sociales, y consideró que la filtración constituye una “grave violación a la privacidad institucional”.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, celebró la resolución y sostuvo que “no se trató de una filtración, sino de un ataque ilegal, planificado y dirigido para condicionar al Poder Ejecutivo en plena campaña electoral”.
La reacción de Patricia Bullrich
En una escalada de tensión, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, pidió a la Justicia Federal que se allanen las casas de los periodistas de C5N Jorge Rial y Mauro Federico, quienes difundieron los audios en sus programas.
La presentación fue realizada por el abogado del Ministerio de Seguridad, Fernando Soto, que señaló la “gravedad inusitada” del hecho al tratarse de grabaciones privadas, aunque reconoció que son “jurídicamente inocuas y carentes de relevancia penal”.

El escándalo y las internas
Las grabaciones, difundidas inicialmente por el canal de stream Carnaval, muestran a Karina Milei hablando de la necesidad de “estar unidos” y relatando jornadas laborales de más de 15 horas en Casa Rosada. Si bien no contienen referencias directas a la causa ANDIS ni a hechos de corrupción, la filtración fue presentada por el Gobierno como una “operación de inteligencia ilegal” atribuida a un supuesto entramado de opositores y servicios paralelos.
“Se está convirtiendo en un régimen totalitario”, respondió Jorge Rial tras conocer el pedido de allanamiento en su contra, en alusión al avance del Gobierno contra periodistas.
El episodio abre un nuevo frente de conflicto para la administración de Javier Milei, que ya enfrenta internas en su propio gabinete y críticas por su gestión. Mientras tanto, la decisión judicial y el pedido de Bullrich reavivan el debate sobre los límites entre la privacidad de los funcionarios, el derecho a la información y la libertad de prensa.
Con información de C5N.
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