La crisis que atraviesan los prestadores de servicios de salud para personas con discapacidad en Misiones refleja una problemática nacional que se ha profundizado durante 2024. Jazmín Kinder, delegada de prestadores de servicios de salud precarizados, describe una situación límite que amenaza la continuidad de tratamientos esenciales para miles de personas.
Un año de congelamiento total
Los números son contundentes y revelan la magnitud de la crisis. «En septiembre de 2024 tuvimos nuestro último aumento, que fue en cuatro cuotas», explica Kinder. «Lo terminamos de cobrar en febrero aproximadamente, porque con los atrasos de los pagos, recién en febrero o marzo llegamos a cobrar completamente».
Desde entonces, los prestadores no han recibido ningún ajuste en sus tarifas, mientras que todos sus costos operativos han aumentado al ritmo de la inflación. Esta situación ha llevado a muchos profesionales a una encrucijada: mantener los tratamientos a pérdida o cerrar sus consultorios.
La comparación histórica que presenta Kinder es dramática: «En 2015 necesitábamos 25 horas semanales para llegar a la canasta básica. Ahora necesitamos 89 horas de trabajo semanal para poder llegar a la canasta básica«. Esto significa que un profesional debería trabajar 16 horas diarias, los siete días de la semana, solo para alcanzar un ingreso básico.
Un sistema integral en crisis
El sistema de prestaciones para personas con discapacidad abarca cuatro grandes áreas, todas afectadas por el congelamiento. Las prestaciones de apoyo incluyen servicios de consultorio como psicopedagogía, fonoaudiología, psicología, kinesiología y terapia ocupacional. También están las prestaciones educativas, con maestras integradoras que acompañan a los estudiantes en las escuelas.
El transporte especializado, fundamental para trasladar a los pacientes entre diferentes terapias, representa otro eslabón crítico. «La prestación de transporte está muy por debajo de lo que cuesta el litro de nafta«, señala Kinder, evidenciando cómo la desactualización de tarifas afecta servicios esenciales. Los centros de día, instituciones que concentran múltiples servicios para personas que requieren apoyos más significativos, completan este ecosistema que hoy se encuentra en riesgo.
La realidad económica insostenible
La brecha entre ingresos y gastos se ha vuelto insalvable para muchos prestadores. Mientras una hora particular de psicopedagogía cuesta 21.000 pesos según el Colegio de Psicopedagogos, las obras sociales pagan apenas 12.300 pesos por la misma prestación. Además, existe una diferencia temporal crítica: los pacientes particulares pagan al finalizar la sesión, mientras que las obras sociales demoran hasta tres meses en efectuar los pagos.
«Nuestras obligaciones están aumentando al ritmo de la inflación, incluso más, y nuestro sueldo no aumenta«, resume Kinder. Los prestadores deben cubrir alquileres de consultorios, monotributo, ingresos brutos, mobiliario, materiales e impresiones, todos con aumentos constantes mientras sus ingresos permanecen congelados.
Nuevas trabas burocráticas
Paralelamente al congelamiento tarifario, el gobierno nacional ha implementado nuevas herramientas administrativas que complican aún más el panorama. Los «módulos de rehabilitación intensiva», originalmente diseñados para instituciones categorizadas, ahora se aplican también a prestaciones de apoyo individuales.
«Dan un máximo de dos sesiones semanales hasta ocho mensuales, pero si el usuario necesita más terapias, se van dividiendo esas sesiones, entonces termina teniendo una sesión semanal«, explica Kinder. Esta modalidad contradice las indicaciones médicas y reduce la intensidad de los tratamientos justo cuando los pacientes más los necesitan.
El veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad
En este contexto crítico, el Congreso había aprobado una Ley de Emergencia en Discapacidad que buscaba dar respuestas urgentes. La norma contemplaba la actualización de las prestaciones congeladas y el aumento de las pensiones no contributivas al 75% del haber mínimo jubilatorio.
Sin embargo, el gobierno nacional vetó la ley, argumentando posteriormente que estudiaría aumentos para el sector. «Lo vimos como un manotazo de ahogado del gobierno que no quería que se apruebe, que se caiga el veto«, interpreta Kinder sobre los anuncios gubernamentales.
La propuesta oficial careció de especificaciones sobre montos y cronogramas, a diferencia de la ley vetada que establecía indexación mensual según la inflación. «Este gobierno está teniendo en todos los sectores paritarias a la baja: inflación del 2% y paritarias con techo del 1%«, contextualiza la dirigente.
Un futuro incierto
La situación actual amenaza la sostenibilidad del sistema de atención a personas con discapacidad en Misiones y el resto del país. Muchos prestadores evalúan cerrar sus consultorios, lo que reduciría dramáticamente la oferta de servicios especializados.
«No hay cuerpo que aguante trabajar 89 horas por semana«, concluye Kinder, sintetizando la imposibilidad práctica de mantener el sistema actual. Sin actualizaciones tarifarias urgentes y sin una política integral que reconozca la importancia de estos servicios, miles de personas con discapacidad podrían quedar sin acceso a tratamientos esenciales.
La crisis de los prestadores de discapacidad en Misiones es un espejo de las políticas nacionales que priorizan el ajuste fiscal por sobre derechos fundamentales, poniendo en riesgo la salud y el bienestar de uno de los sectores más vulnerables de la sociedad.
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