El Senado argentino se prepara para dar batalla al Poder Ejecutivo en uno de los frentes más sensibles de la gestión de Javier Milei: el uso de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). Un amplio arco opositor que incluye al kirchnerismo, PRO, UCR y bloques provinciales logró esta semana el consenso necesario para dictaminar un proyecto que modificaría sustancialmente el régimen legal de estos instrumentos, imponiendo límites más estrictos a una herramienta que el presidente ha utilizado profusamente desde su llegada al poder.
Cambios de fondo al sistema actual
El proyecto, que surgió del consenso en la Comisión de Asuntos Constitucionales presidida por la senadora cordobesa Alejandra Vigo, propone dos cambios fundamentales al actual sistema de DNU. Por un lado, establece que bastará con el rechazo de una sola cámara del Congreso para que un decreto pierda vigencia, en contraposición al régimen actual que exige el rechazo de ambas cámaras. Por otro, fija un plazo perentorio de 90 días corridos para que el Congreso se expida sobre cada decreto, transcurrido el cual la norma quedará automáticamente derogada.
La iniciativa representa un golpe directo a la estrategia legislativa del oficialismo, que hasta ahora ha encontrado en los DNU un atajo eficaz para impulsar medidas sin pasar por el tedioso trámite parlamentario. La actual Ley 26.122, sancionada en 2006 durante el gobierno de Néstor Kirchner, otorga vigencia plena a los decretos mientras no sean rechazados por ambas cámaras, algo que en la práctica los vuelve muy difíciles de anular.
El caso emblemático del DNU 70/2023
El ejemplo más ilustrativo de esta disfuncionalidad es el polémico DNU 70/2023, diseñado por el entonces ministro Federico Sturzenegger e implementado por Milei en diciembre de 2023. Este decreto, que establecía una amplia reforma económica desreguladora, fue rechazado por el Senado en marzo de 2024, pero al no ser tratado en la Cámara de Diputados continúa vigente en sus aspectos no judicializados.
“El gobierno se ha aprovechado de esta situación para dictar estos decretos que le podríamos poner un titulo: donde hay una necesidad nace un NEGOCIO PARA LOS AMIGOS DEL PODER.”
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Con el nuevo esquema propuesto por la oposición, esta situación sería imposible. El rechazo del Senado habría sido suficiente para dejarlo sin efecto, y además se agrega una cláusula que prohíbe al Poder Ejecutivo dictar un nuevo decreto sobre la misma materia durante el año parlamentario si uno anterior ya fue rechazado.
Consenso opositor inédito
La amplitud del acuerdo opositor resulta llamativa en el fragmentado escenario político argentino. La iniciativa fue encabezada por Vigo (Provincias Unidas) y contó con las firmas de Juan Carlos Romero (Cambio Federal), Guadalupe Tagliaferri (PRO), Eduardo Vischi, Flavio Fama y Pablo Blanco (UCR), Mónica Silva (Juntos Somos Río Negro), además de legisladores de Unión por la Patria como Mariano Recalde, Florencia López, Silvia Sapag y Daniel Bensusán.
Durante el debate en comisión, Vigo defendió el dictamen señalando que los DNU «son instrumentos de excepción que contravienen la idea de la separación de poderes«, mientras que Tagliaferri fue más directa: «Con la ley actual, es más fácil tener un decreto que una ley. La modificación busca terminar con esa distorsión«.
«El gobierno sabe que no va a tener mayoría en ninguna de las cámaras. Su plan es gobernar con veto y decreto, por eso busca tener los 84 diputados que necesita para garantizar los vetos». El gobierno más antidemocrático que hemos conocido en décadas, sin dudas. pic.twitter.com/q2mQCu6oQI
— La estamos viendo (@LaEstamosViendo) August 18, 2025
Reforma a la Comisión Bicameral
El proyecto también apunta a reformar la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, organismo encargado de analizar los decretos y que actualmente se encuentra paralizado desde marzo. La propuesta establece que la presidencia quede en manos de la oposición, que se alterne anualmente entre Diputados y Senado, y que los legisladores no puedan ser reelegidos en ese cargo después de dos años.
Actualmente, esta comisión está presidida por el oficialista Oscar Zago y cuenta con 16 miembros. El cambio representaría un golpe estratégico al Ejecutivo, que ha logrado sostener varios de sus DNU aprovechando el apoyo parcial en el Congreso y la parálisis de este organismo de control.
La respuesta oficialista
Desde La Libertad Avanza, la reacción fue de rechazo y cuestionamiento. El senador Juan Carlos Pagotto adelantó que presentará un dictamen propio y criticó que no se haya difundido previamente un borrador del texto opositor. «No podemos modificar la Constitución, pero sí reglamentar el ejercicio de cada herramienta«, sostuvo el legislador oficialista.
En el PRO también hay matices: algunos legisladores prefieren esperar la opinión de especialistas constitucionalistas y del propio Ejecutivo antes de tomar una definición final sobre el proyecto.
Tensión creciente entre poderes
La iniciativa promete tensar aún más la relación entre el Congreso y la Casa Rosada, en un escenario donde el oficialismo busca consolidar poder en Diputados mientras la oposición redobla esfuerzos para limitar el «gobierno por decreto». El proyecto también habilita el tratamiento de decretos durante el receso parlamentario, lo que permitiría revisar decisiones presidenciales como la designación por decreto de Manuel García Mansilla y Ariel Lijo en la Corte Suprema a principios de este año.
Si el proyecto prospera en el recinto senatorial, representaría un duro revés para Milei, quien hasta ahora encontró en los DNU una herramienta clave para impulsar su agenda reformista sin depender de las mayorías parlamentarias. La batalla definitiva se dará en la próxima sesión del Senado, donde la oposición buscará convertir en ley esta limitación al poder presidencial.
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