El rechazo al veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad marca un antes y un después en la agenda pública argentina. No se trata de un simple trámite legislativo, sino de un hecho político y social que interpela a todo el país: las personas con discapacidad y sus familias no pueden seguir siendo las primeras en pagar los costos del ajuste económico.
La decisión de sostener la vigencia de la ley aprobada previamente en el Congreso fue celebrada en todo el país como un acto de justicia. La emergencia en discapacidad no es una consigna, ni un reclamo sectorial; es la descripción de una realidad cotidiana marcada por recortes, demoras y suspensiones que afectan tratamientos, terapias, pensiones y medicamentos imprescindibles para la vida de miles de personas.
El valor de la organización
El rechazo al veto presidencial que se dio ayer y el fallo judicial que comunicó en Formosa el mismo día, confirman la importancia de la organización social y del trabajo en conjunto Sin la presión de las familias, las asociaciones y los referentes, la voz de las personas con discapacidad seguiría invisibilizada en la agenda política nacional.
«Nosotras fuimos a representar a la provincia en el Consejo Federal y planteamos lo que estaba pasando. No es solo Formosa, todas las provincias están sufriendo lo mismo. Por eso es fundamental unirnos y seguir levantando la voz. Las personas con discapacidad no pueden quedar relegadas a la buena voluntad de un funcionario o a la rapidez de un trámite. Necesitan certezas y derechos garantizados», expresó Florencia Santa Cruz, Presidenta de la Asociación Camino Azul.
El desafío que se abre ahora es transformar este rechazo al veto en una oportunidad para construir una política pública de discapacidad sostenida, con financiamiento estable y reglas claras. No se trata de negar la necesidad de auditorías o de transparencia en el sistema, sino de evitar que esas medidas se conviertan en barreras que castiguen a quienes más necesitan.
Fallo histórico en Formosa
En Formosa, el fallo judicial a cargo de la jueza federal María Belén López Macé ordenó al Gobierno nacional dejar sin efecto las suspensiones y retenciones de las pensiones por discapacidad en Formosa. Para muchas familias, ese fallo significó un alivio en medio de la incertidumbre. Santa Cruz lo sintetizó con claridad: «Nosotros no estamos en contra de las auditorías. Es necesario que existan controles, sí, pero lo que no puede pasar es que esas auditorías afecten a las personas que más necesitan. Hemos visto cómo, por no poder completar en diez días la documentación exigida, se suspendieron pensiones y tratamientos a personas que realmente tienen discapacidad».
La dirigente social destacó que en el Consejo Federal de Discapacidad (COFEDIS) pudieron plantear esta situación y descubrieron que la realidad que se vive en las provincias no coincide con lo que desde Nación se transmite. «Nos decían que los que tienen CUD no tienen que presentar papeles, y era mentira. En las provincias pedían una enorme cantidad de requisitos imposibles de cumplir en los plazos dados», explicó.
Más allá del dinero: lo esencial de la vida
En su testimonio, Santa Cruz subrayó que reducir el debate a una cuestión monetaria es desconocer lo esencial: la vida de las personas. «Cuando hablamos de suspensión no es solo de dinero, sino también de terapias, tratamientos, medicamentos que son esenciales en las personas con discapacidad. Yo no imagino a una persona con autismo sin su medicación. Hemos tenido casos de adolescentes que quedaron sin medicamentos y eso es devastador para la familia. En uno de esos casos, la provincia tuvo que intervenir y garantizar la continuidad. Eso debería ser responsabilidad de Nación».
El relato pone en evidencia una verdad incómoda: el Estado nacional no tuvo respuestas claras ni criterios definidos para garantizar la continuidad de las pensiones y tratamientos. Santa Cruz lo expuso con crudeza: «Les preguntamos qué criterios usaban para decidir quién sigue cobrando y quién no, y no supieron contestar. Incluso me dijeron que las pensiones solo debían cobrarlas las personas postradas. Eso es una burla. Hay muchísimas otras discapacidades, como el autismo, que requieren apoyo permanente. No podemos aceptar que se reduzca el concepto de discapacidad a una cama».
Las familias afuera del congreso enterandose que se rechaza el veto a la Emergencia en Discapacidad
La crueldad retrocede. pic.twitter.com/BazLTYg1ZJ
— Aguz ✨️🇦🇷 (@sweeter_gxs) August 20, 2025
El acompañamiento provincial y la desigualdad federal
La dirigente también destacó que, si bien el panorama nacional es crítico, Formosa cuenta con un sistema de contención que otras provincias no tienen. Allí, la presencia del Estado provincial amortigua el impacto de las políticas nacionales.
«En Formosa tenemos hospitales gratuitos, escuelas especiales, CDI, centros ocupacionales inclusivos y programas que acompañan a las familias. En otras provincias, las familias deben pagar por todo eso y no lo pueden sostener. Cuando fuimos a recorrer otros lugares nos dimos cuenta de lo que tenemos acá. En Buenos Aires, por ejemplo, escuchamos a padres desesperados porque cerraban centros y terapias. Acá, gracias a los servicios públicos gratuitos, el impacto no se siente tanto, pero si algún día se recortara ese respaldo provincial, las familias estarían en la misma situación crítica que en el resto del país».
Santa Cruz celebró el trabajo articulado entre asociaciones y el Gobierno provincial, destacando que en muchas ocasiones las pensiones provinciales llegan donde las nacionales son denegadas o demoradas durante años. «No podemos trabajar solas como asociaciones; necesitamos hacerlo en conjunto. Todo lo que hemos logrado es porque lo hicimos acompañadas por el Estado provincial«, aseguró.
La discapacidad no entiende de ideologías ni de partidos. Es una realidad que atraviesa a todas las familias argentinas y que obliga a la dirigencia a construir consensos. Lo que ayer quedó demostrado en el Congreso y en la Justicia es que el ajuste no puede recaer sobre los sectores más vulnerables.
La inclusión no puede ser una palabra vacía. Requiere compromiso, presupuesto y empatía. Y, como bien dijo Flor Santa Cruz, requiere también de un Estado que trabaje en conjunto con las organizaciones y no las deje solas.
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