En una conferencia que se brindó en la sede de la Defensoría del Pueblo de la provincia, se comunicó la decisión de la jueza federal María Belén López Macé de ordenar al Gobierno nacional dejar sin efecto las suspensiones y retenciones de las pensiones por discapacidad en Formosa. No solo se trata de una resolución judicial: es un grito de justicia en medio de un clima político y social donde los sectores más vulnerables vienen siendo los primeros en sufrir los recortes.
En apenas 24 horas, la magistrada dispuso lo que la política se había negado a garantizar: que las personas con discapacidad recuperen el acceso a un derecho básico, indispensable para sobrevivir en un contexto de inflación asfixiante y falta de contención nacional.
Con respecto a los que deben saben los beneficiarios el Dr. Gialluca afirmó: «Lo que tiene que saber principalmente es que puede concurrir a la Defensoría del Pueblo de lunes a viernes, de 8 a 13 y de 18 a 20 horas. También vamos a estar presentes en las distintas Casas de la Solidaridad, tanto en la ciudad capital como en el interior provincial, para asesorar y orientar a las personas. Allí les vamos a indicar qué papeles necesitan, cómo deben presentarlos y hacia dónde deben elevarlos, ya sea para recuperar un derecho en algunos casos, o bien para mantenerse en regla frente a lo que viene imponiendo el Gobierno Nacional».
El trasfondo de la situación
El fallo fue producto de un amparo impulsado por la Asociación Camino Azul y acompañado por la Defensoría del Pueblo de Formosa, a cargo de Leonardo Gialluca y el Ministerio de la Comunidad, con la presencia del Diputado Hugo Arrúa, todos presentes en la conferencia. En el amparo se expusieron con crudeza las irregularidades de las auditorías implementadas por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que lejos de ser un instrumento de control transparente, se convirtieron en un mecanismo de exclusión.
El origen de esta situación inició con el Decreto 840/23, que reinstauró un criterio biologicista y deshumanizante para la evaluación de las pensiones por discapacidad, ignorando por completo la situación socioeconómica de los beneficiarios. Esta normativa —calificada de inconstitucional por especialistas— habilitó a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) a realizar auditorías con términos y prácticas discriminatorias, retomando lógicas de épocas pasadas y violando compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino. El resultado fue la suspensión masiva y arbitraria de beneficios ya reconocidos, lo que constituye un retroceso en derechos adquiridos, prohibido por la Constitución y los tratados internacionales.
En Formosa, el procedimiento aplicado fue especialmente irregular y lesivo: notificaciones defectuosas, plazos imposibles de cumplir, falta de información clara y suspensión automática de prestaciones sin garantizar el derecho de defensa. A ello se sumó la ausencia de una sede de la ANDIS en la provincia, la sobrecarga de la ANSES y las dificultades tecnológicas que excluyeron aún más a sectores vulnerables, como personas analfabetas o comunidades originarias. Ante este escenario, la vía judicial se transformó en la única herramienta eficaz: a través de un amparo, se logró un fallo histórico que restituyó las pensiones y marcó un límite al ajuste presupuestario que, bajo el pretexto de control, había puesto en riesgo la dignidad y la subsistencia de miles de personas con discapacidad.
Derechos por encima de los números
El fallo de López Macé es contundente: la cuestión presupuestaria no puede estar por encima del derecho a la salud y a la vida. Una pensión por discapacidad no es un privilegio ni una dádiva: es el reconocimiento del Estado hacia quienes, por su condición, tienen barreras adicionales para integrarse plenamente en la sociedad.
Negarles esa asistencia, inmovilizar fondos o suspender pagos sin sustento, no solo vulnera la Constitución y las leyes nacionales, sino también los tratados internacionales que la Argentina firmó y ratificó.
Aunque la medida tiene alcance en Formosa, su importancia trasciende lo provincial. Por primera vez, la Justicia marca un límite colectivo al Gobierno nacional en esta materia, fijando un precedente que podría replicarse en otras jurisdicciones.
Se trata de un recordatorio de que los derechos sociales son exigibles, incluso cuando el poder político pretende relativizarlos bajo el argumento del déficit fiscal. La «motosierra» no puede pasar por encima de quienes dependen de un ingreso mínimo para acceder a medicamentos, terapias o un plato de comida.
Ajuste sin empatía
Lo más alarmante es el trasfondo inhumano que se expuso en este proceso. Tal como relataron familiares y asociaciones, desde la ANDIS se llegó a afirmar que solo las personas «postradas» merecen cobrar una pensión. Una visión reduccionista, cruel y profundamente discriminatoria que desconoce la diversidad de las discapacidades y las múltiples formas en que estas condicionan la vida cotidiana.
Detrás de cada suspensión no solo hay un monto retenido: hay tratamientos interrumpidos, medicamentos inaccesibles, familias sumidas en la angustia de no saber cómo sostener a sus hijos o padres. El daño es inmediato y, en muchos casos, irreversible.
La respuesta desde Formosa y los pasos a seguir
La acción coordinada entre la Defensoría del Pueblo, organizaciones civiles y el Gobierno provincial fue clave para revertir la situación. No se trató de un triunfo partidario ni sectorial, sino de un logro colectivo en defensa de la dignidad humana.
En palabras de Leonardo Gialluca, este no es un fallo de un dirigente ni de un juez en soledad: es un fallo de la gente, para la gente. La Justicia otorgó tres meses para que los beneficiarios regularicen su situación administrativa. Ese plazo debe ser utilizado con seriedad, empatía y respeto, garantizando que ninguna persona con discapacidad vuelva a ser tratada como un número descartable en un Excel fiscal.
Lo que está en juego va mucho más allá de una prestación: es la concepción misma del Estado y de su obligación de proteger a quienes más lo necesitan. En tiempos donde el discurso oficial busca instalar la idea de que todo gasto social es un peso muerto, este fallo recuerda que no se trata de gasto, sino de inversión en humanidad.
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