La provincia de Formosa enfrenta un nuevo frente de conflicto con el Gobierno nacional en materia energética. En medio de la crisis por el déficit de infraestructura eléctrica que afecta a varias regiones del país, Nación avaló el pedido de Mendoza de llevarse un autotransformador de 150 MVA ubicado en Clorinda. La medida despertó un fuerte rechazo de las autoridades provinciales y de la Defensoría del Pueblo, que advierten sobre los riesgos técnicos, legales y políticos de quitarle a Formosa un recurso clave para su futuro energético y su conexión con Paraguay.
La polémica comenzó cuando el Ministerio de Energía y Ambiente de Mendoza, con respaldo del Gobierno nacional, pidió trasladar un autotransformador de 150 MVA instalado en la Estación Transformadora de Clorinda. La excusa: la emergencia energética declarada en esa provincia tras el aluvión de mayo.
Sin embargo, en Formosa la medida fue recibida como una amenaza directa. La Defensoría del Pueblo y la empresa transportista TRANSNEA señalaron que el traslado es inviable y significaría un retroceso estratégico, ya que el equipo es clave para restablecer la interconexión internacional Clorinda–Guarambaré, que vincula al sistema argentino con la red paraguaya.
TRANSNEA marca límites
El presidente de TRANSNEA, Daniel Frontera, sostuvo ante la Justicia Federal que la compañía no tiene facultades legales para ceder ni alquilar equipos de su concesión, tal como pretende Mendoza. Además, advirtió que el traslado sería extremadamente riesgoso: implicaría desmontar, transportar y volver a montar un equipo de gran porte a más de 1.500 kilómetros de distancia, con altos costos logísticos y probabilidades de daño.
“Todo este proceso requiere autorización del ENRE y de CAMMESA, algo que no existe hasta el momento”, remarcaron desde la empresa.
La postura de la Defensoría del Pueblo de Formosa
El titular de la Defensoría del Pueblo, José Leonardo Gialluca, calificó el intento como un “desguace energético” que atentaría contra el futuro de la provincia. “Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para impedir que se lleven el autotransformador. Formosa no puede seguir siendo relegada en decisiones que favorecen a otros distritos a costa de nuestro desarrollo”, afirmó.
La discusión trasciende lo técnico y se instala en lo político: mientras el Gobierno nacional respalda a Mendoza en medio de su crisis energética, en Formosa ven un trato desigual que los deja más vulnerables en el acceso a energía confiable y a la integración regional con Paraguay.
El caso ya está en la órbita de la Justicia Federal y promete abrir un nuevo capítulo en la disputa entre provincias por los recursos energéticos, en un país marcado por la falta de inversiones estratégicas y la puja de intereses.
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