El rechazo al veto del presidente Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad llega a las calles de Corrientes. Este martes 12 de agosto, a las 20 horas, familias, profesionales, centros terapéuticos y organizaciones sociales se concentrarán en la Plaza 25 de Mayo, frente a la Legislatura, para alzar la voz en defensa de uno de los sectores más vulnerables del país.
La Ley de Emergencia en Discapacidad vetada había sido aprobada por amplia mayoría en ambas cámaras del Congreso y contemplaba medidas clave: actualización mensual de aranceles para prestadores del sistema de salud, educación, rehabilitación y transporte; reforma del sistema de pensiones no contributivas por discapacidad; sostenimiento de talleres protegidos y centros de día; y cumplimiento del cupo laboral del 4% para personas con discapacidad en el sector público.
«La barrera más grande es el Estado»
Marcela Kriskovich, representante de Prestadores de Discapacidad Unidos, advirtió que el veto implica un retroceso dramático: “Hoy la barrera más grande para la inclusión real que tenemos es la barrera del Estado, que es el que nos está quitando los derechos. Están blindados, porque ni siquiera te escuchan, no te hablan, no se reúnen con nosotros. Nos deja muy invisibles”.
Según la prestadora, la decisión del Ejecutivo Nacional deja a miles de personas sin acceso a prestaciones esenciales, empujando a muchas fuera del sistema y obligando a que tratamientos vitales se transformen en un privilegio para quienes puedan pagarlos.
“No todos los padres están en una situación económica buena para abonar aquellos tratamientos que no se reconozcan en la obra social. La salud no se negocia, los derechos no se negocian”.
El Gobierno de Javier Milei argumentó que la ley implicaría un gasto adicional cercano al 0,9% del PBI en 2025 y 1,68% en 2026, lo que pondría en riesgo el equilibrio fiscal y comprometería acuerdos con organismos internacionales. Sin embargo, las organizaciones denuncian que este criterio económico se impuso sobre la necesidad urgente de garantizar derechos básicos.
Kriskovich relató además su experiencia en la movilización frente al Congreso Nacional, donde se encontró con un fuerte despliegue policial: “Fue sumamente angustiante ver tanto despliegue de Gendarmería y Policía, que nos empujaban. Éramos familias, personas con discapacidad y prestadores defendiendo los derechos de los chicos. Nos dolió muchísimo el trato que recibimos”.
Convocatoria abierta en Corrientes
La movilización de este martes 12 de agosto en la capital correntina será parte de una jornada nacional de protesta. Con las consignas #EmergenciaEnDiscapacidad y #NoAlVetoPresente, las organizaciones llaman a “hacer visible lo invisible” y presionar para que el Congreso logre revertir el veto presidencial con los dos tercios necesarios.
“Les pedimos a los senadores y diputados que no negocien. Porque la salud no se negocia, los derechos no se negocian”, insistió Kriskovich.
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