El Ministerio de Defensa atraviesa una de las crisis más profundas de los últimos tiempos. Una de las razones es que lejos de fortalecer el sistema de salud militar o resolver los históricos déficits de infraestructura, la gestión de Luis Petri parece enfocada en convertir derechos adquiridos en oportunidades de negocio. Mientras el Ministro celebra la compra de aviones y la reforma del Servicio Militar Voluntario, en las trincheras de su cartera crece el malestar: 500 trabajadores de la salud podrían quedar en la calle, la Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) está en estado crítico y la empresa constructora de viviendas de la Armada, COVIARA, acaba de sufrir su primer paro histórico por falta de pago de sueldos. ¿Qué está pasando en Defensa?
El ocaso del Hospital Naval
El Hospital Naval “Pedro Mallo” es una institución emblemática, no sólo porque su arquitectura inspirada en un barco de guerra, sino porque desde 1946 que ha prestado atención médica al personal de la Armada y otras obras sociales. Pero desde enero de este año, el hospital funciona bajo amenaza de cierre si no aparece una empresa privada dispuesta a gerenciarlo.
La Fundación Sanidad Naval Argentina (FUSANA), que por 3 décadas fue la vía principal de contratación de personal (520 de sus 800 trabajadores), dejará de operar el 31 de diciembre. Las únicas empresas interesadas en asumir el control es Confederada Salud SRL, una firma con base en Bahía Blanca y Añelo, dedicada a la medicina privada. “Pasamos de una fundación sin fines de lucro a una SRL que viene a lucrar con la salud”, denunció en una radio nacional, Marcelo Rojas, delegado de ATSA y enfermero del hospital
Los trabajadores lo interpretan como lo que es: una privatización encubierta. “No hay ninguna garantía sobre la continuidad laboral, la antigüedad, los salarios o los derechos sindicales”, advierte ATSA. El 31 de julio, el sindicato realizó un paro de 24 horas en defensa de más de 500 puestos de trabajo. El propio Héctor Daer, líder del gremio, llevó el reclamo a la Casa Rosada y exigió la impugnación de la licitación.
¿Qué pasa sin FUSANA?
Pero además de amenazar empleos, la decisión de eliminar FUSANA también pone en peligro el acceso a la atención médica. El Hospital Naval atiende actualmente a pacientes del IOSFA y a más de 80 obras sociales. “No se va a poder dar servicio ni a los pacientes de IOSFA ni a los que vienen por convenio”, explica Rojas.
Aún más preocupante es la versión (no confirmada) de que el gobierno planearía construir un nuevo hospital con capacidad reducida en Puerto Madero, mientras desmantela el existente. Como en tantas otras áreas de la gestión Milei, el plan parece ser destruir primero y ver después.
IOSFA: el ahorro que es recorte
En paralelo al vaciamiento del Hospital Naval, la Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA) atraviesa una crisis terminal. Según reconoció el propio ministro Petri ante la Comisión de Defensa de Diputados, el sistema enfrenta una deuda millonaria derivada de “contribuciones patronales mal liquidadas” y atraviesa un proceso de recorte feroz que ya impacta incluso en pacientes con enfermedades graves, como oncológicas.
Petri afirma que “ahorraron 7.000 millones de pesos” con recortes de personal y que planean modernizar el sistema con autorizaciones online y nuevas cartillas. Lo que no dice es que, en la práctica, miles de afiliados perdieron prestaciones esenciales. Esto no es una modernización: es un ajuste con consecuencias dramáticas. El deterioro de IOSFA no sólo afecta a los militares en actividad, sino también a los retirados y sus familias, que dependen de esta obra social para acceder a tratamientos que el sistema público no garantiza.
COVIARA: del plan de vivienda al abandono salarial
Otro de los frentes en conflicto es la empresa estatal COVIARA, creada en 1966 para construir viviendas para personal militar y civil. En marzo de este año, el Gobierno oficializó su transformación en Sociedad Anónima Unipersonal (COVIARA SAU) y su futura absorción por otra empresa estatal: Playas Ferroviarias de Buenos Aires S.A.
El argumento oficial fue que “iban a modernizar la estructura” y hacerla más “flexible”, pero en la práctica, todo quedó solamente en la parálisis. Desde marzo no se pagan salarios, y en julio los trabajadores iniciaron un paro por primera vez en la historia de la empresa. Pero Petri justificó el cierre de COVIARA en una audiencia legislativa: “Es una estructura burocrática que no ha cumplido su objetivo. No se auditan los balances y no hay planes de vivienda desde hace 20 años”, disparó.
Sin embargo, evitó mencionar que esto es un problema que trajo la paralización total de obras públicas que su Gobierno defiende. COVIARA era la única empresa con capacidad técnica y experiencia para atender las necesidades habitacionales de las fuerzas armadas. “Vamos a generar planes de vivienda reales”, prometió Petri. Pero lo cierto es que hasta ahora no hay ni licitaciones, ni anuncios, ni planes en ejecución. Lo que sí hay es una empresa paralizada, su personal sin cobrar y la desaparición de otra política pública en nombre del “equilibrio fiscal”.
Destruir lo que funciona
Lo que une los casos del Hospital Naval, IOSFA y COVIARA es un patrón obvio: son estructuras públicas que funcionaban y si bien había lugar para mejoras ahora quieren entregarlas a negociados privados sin transparencia, sin controles y con fuerte impacto social. Y en todos los casos, las consecuencias las pagan los trabajadores y los usuarios del sistema.
Ante todo esto, Luis Petri, más que un Ministro, parece un gestor de negocios que ve en cada área del Estado una oportunidad de tercerización, ajuste y ganancia privada. Mientras habla de modernización, sus decisiones ponen en jaque a hospitales, obras sociales y fuentes de trabajo.
Distintas fuentes advierten que la no renovación del convenio con FUSANA se basa en una auditoría del Ministerio de Defensa. Pero nadie explica cuáles fueron las supuestas irregularidades, ni se ha iniciado ninguna causa judicial. Todo indica que se trata de una decisión política, funcional a la idea de achicar el Estado a como dé lugar, incluso a costa de la salud y la dignidad de los propios militares.
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