Mientras el Ministerio de Capital Humano buscaba excluir a las organizaciones sociales del reparto de alimentos para comedores populares, Sandra Pettovello autorizó un desembolso de $14.000 millones en el marco de un convenio con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). El objetivo: comprar leche, arroz y fideos para el programa “Abordaje Comunitario del Plan Nacional Argentina contra el Hambre”.
Pero según un dictamen del fiscal federal Franco Picardi, más de la mitad de ese dinero, unos $8.308 millones, no tiene un destino claro ni documentación que respalde su uso. La cartera solo afirmó que fue «reasignado» para reforzar otras prestaciones alimentarias, sin brindar resoluciones, informes ni registros de distribución.
De la denuncia periodística a la causa penal por irregularidades en la compra de alimentos
La causa penal tiene origen en una investigación periodística de Página/12. Allí se advertía que Sandra Pettovello modificó la forma en que se usaban los fondos del PNUD: en vez de transferirlos a organizaciones comunitarias, optó por una licitación directa en sociedad con el organismo internacional.
En esa instancia, la ministra autorizó la transferencia de los 14.000 millones de pesos solo con su firma, a pesar de que los montos superiores a $2.700 millones requieren también la rúbrica del jefe de Gabinete. El abogado Leonardo Martínez Herrero presentó una denuncia penal por este motivo.
¿Qué se compró?
Según el expediente, se licitaron los siguientes productos:
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1.000.000 de paquetes de leche en polvo fortificada (1kg)
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1.000.000 de paquetes de arroz blanco grano fino (1kg)
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1.000.000 de paquetes de fideos secos de sémola (0,5kg)
Las empresas adjudicatarias fueron Alimentos Vida S.A., Mafralac Alimenticia S.R.L., Valquiria S.A. e Inversiones para el Agro S.A.. Esta última desistió de su parte, y fue entonces cuando el Ministerio afirmó que el remanente de $8.308 millones fue reasignado para mejorar los módulos alimentarios, sin presentar respaldo documental.
Lijo cerró el caso, pero Picardi pidió reabrirlo
El juez Ariel Lijo dio por acreditado que los productos fueron entregados en distintas jurisdicciones, y archivó la causa en julio. Sin embargo, el fiscal Picardi objetó que no hay documentos sobre el destino del dinero no ejecutado, ni actas, ni órdenes de pago, ni registros de distribución.
“Esa ausencia de documentación impide reconstruir el circuito financiero completo y verificar si se ajustaron a los fines del programa”, sostuvo Picardi.
El fiscal pidió que el Ministerio remita la documentación correspondiente y cuestionó la legalidad del procedimiento por el cual Pettovello transfirió el total de los fondos sin intervención del jefe de Gabinete, a pesar del convenio internacional.
El trasfondo: comedores cerrados y alimentos acumulados
Esta situación se da en el marco de una política sistemática de recorte de asistencia alimentaria. Pettovello y su equipo suspendieron la entrega de alimentos a más de 40.000 comedores populares, argumentando supuestas irregularidades que nunca se comprobaron.
En paralelo, se hallaron galpones con más de 5.000 toneladas de alimentos almacenados, muchos vencidos o próximos a vencer, como en Villa Martelli y Tucumán.
Casos judiciales abiertos y reclamos internacionales contra Sandra Pettovello
Organizaciones sociales, como la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), iniciaron demandas judiciales por la interrupción de la asistencia alimentaria. El dirigente Juan Grabois, que representa a muchos de estos comedores, pidió la indagatoria de Pettovello por incumplimiento de deberes, abuso de autoridad y violación del derecho a la alimentación.
Ya intervinieron 12 jueces en diferentes causas y todos fallaron a favor de los comedores. También se presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Qué sigue
Ahora será la Cámara Federal la que decida si se reabre la investigación o si el caso queda cerrado. El dictamen de Picardi es claro: «la trazabilidad de los más de 8.000 millones de pesos aún no está acreditada». Mientras tanto, los sectores más vulnerables siguen sin saber por qué se les negó la comida.
Con información de Página 12.
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