La decisión del Ministerio de Economía de suspender por tres días las retenciones a las exportaciones agropecuarias, bajo el decreto 682/2025, generó un vendaval político y económico. El Gobierno de Javier Milei consiguió la liquidación de 7.000 millones de dólares en tiempo récord, pero la maniobra —calificada de “estafa” por dirigentes rurales— dejó afuera a miles de productores y benefició a un puñado de cerealeras que concentraron el 86% del negocio.
El resultado: una pérdida fiscal estimada en más de 1.500 millones de dólares, superior al costo de implementar la Ley de Emergencia en Discapacidad que el propio Ejecutivo se niega a financiar.
Sospechas de una maniobra orquestada por Caputo y reclamo de controles
Legisladores de distintos bloques coinciden en que la operación pudo violar la Ley Martínez Raymonda, que obliga a demostrar tenencia de la mercadería antes de declarar una exportación. Sospechan que las cerealeras declararon ventas sin contar con los granos para aprovechar la ventana de “retenciones cero”.
“Fue una transferencia brutal del esfuerzo de miles de chacareros hacia unos pocos amigos”, denunció el senador cercano a Mauricio Macri, Alfredo De Angeli, en sintonía con entidades del agro que exigen reglas claras y estables.
Congreso en pie de guerra
El socialista Esteban Paulón pidió la interpelación de Juan Pazo, titular de ARCA, mientras que Eduardo Valdés (UxP) solicitó un informe detallado: nombres de las empresas beneficiadas, dólares ingresados al BCRA y retenciones perdidas.
El gobierno es un barco a la deriva. El presidente no encuentra el rumbo y al timón ahora está Caputo, haciendo negocios con las grandes exportadoras y armando jugadas de pizarrón con EEUU, para generar expectativas meramente con declaraciones y sin cash, en un país que se fuma…
— Esteban Paulón (@EstebanPaulon) September 26, 2025
La Coalición Cívica y el bloque Democracia Para Siempre reclamaron un plenario urgente de las comisiones de Agricultura y Presupuesto. El radical Rodrigo De Loredo, exaliado de Javier Milei, exige aplicar sanciones a las exportadoras que no acrediten la mercadería declarada.
Buscan obligar por ley a Luis Caputo a defender el Presupuesto 2026
En paralelo, un proyecto del diputado Oscar Agost Carreño busca que la Ley de Administración Financiera obligue al ministro de Economía —hoy Luis Caputo— a presentarse ante el Congreso dentro de los 30 días posteriores al envío del Presupuesto 2026.
Ganaron Midland, Bunge, Cargill y Dreyfus que vendieron granos a 590. Perdieron los productores que arriesgaron,invirtieron y se rompieron el lomo una campaña para vender a 390 por que el Presidente les aseguró en LaRural que no bajaría retenciones para las elecciones.Muy liberal pic.twitter.com/LGwFVu4lel
— Oscar Agost Carreño (@oagost) September 25, 2025
La iniciativa, respaldada por figuras de distintos bloques, apunta a cortar la discrecionalidad y forzar un debate público sobre las cuentas nacionales, en un contexto donde el Gobierno prorroga presupuestos sin discusión parlamentaria.
Caputo en la mira
La presión parlamentaria tiene un objetivo nítido: que Luis Caputo explique por qué se benefició a siete exportadoras en detrimento de miles de productores y cómo se justificará el agujero fiscal de la medida.
Con la reinstalación del cepo parcial y la creciente brecha cambiaria, la oposición sostiene que la “pax cambiaria” fue un espejismo financiado con recursos públicos y a costa del interior productivo.
Con información de Página 12 y Parlamentario.
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