La difusión de la imagen de “Pequeño J”, un joven de apenas 20 años pero con un prontuario digno de un capo experimentado, expone la dimensión del triple femicidio que conmociona a todo el país y los vecinos de Florencio Varela. Según la investigación, Tony Janzen Valverde Victoriano, de origen peruano, habría ordenado la tortura y ejecución de Brenda, Morena y Lara en un macabro “castigo en vivo” transmitido en redes, en represalia por un presunto robo de droga y dinero.
Mientras la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, confirmaba la detención en Bolivia de Lázaro Sotacuro, otro de los implicados que intentó fugar, la trama se profundiza: Interpol emitió un pedido de captura internacional y las fuerzas federales desplegaron operativos en la frontera norte. Sin embargo, el propio avance del caso deja al descubierto falencias graves.
ALERTA ROJA DE INTERPOL 🚨
Se emitió una alerta para la búsqueda de uno de los narcos especialmente en Bolivia donde esconden a la mayoría de los prófugos. El es
Matías Osorio mano derecha del narco Pequeño J, quien habría dado la orden de asesinar a las chicas de La Matanza. pic.twitter.com/GzSOxvdhM6— “Yo soy Elvis” 🎙 (@Ricdelsur) September 26, 2025
Una banda con conexiones y silencios
Investigadores señalan que “la pesquisa no se cruza como debería”. Cuatro fiscales trabajan en paralelo, pero surgen nombres y ramificaciones que, de momento, no encuentran respuesta clara. Matías Agustín Ozorio, supuesto lugarteniente de Pequeño J, sigue prófugo, y se lo vincula con viejas estructuras del narcomenudeo porteño como las de Mameluco Villalba y la 1-11-14.
El hecho de que un grupo con semejante poder de fuego —capaz de secuestrar, torturar y transmitir un asesinato en tiempo real— haya operado en el conurbano bonaerense sin una reacción preventiva del Estado es, como mínimo, alarmante. La causa, además, desnuda las fronteras porosas y la facilidad con que los sospechosos logran desplazarse por la región.
Un espejo incómodo
El triple crimen de Florencio Varela no es solo una tragedia: es una advertencia sobre la expansión del narco en la Argentina, un fenómeno que ya no se limita a Rosario. La captura de Sotacuro y la búsqueda de Pequeño J son avances, pero la pregunta de fondo sigue abierta: ¿quién protege y financia a estas bandas que mueven cocaína, dinero y armas con total impunidad?
Mientras se aguardan nuevas detenciones y la extradición de los prófugos, el caso exige algo más que espectaculares operativos mediáticos. La coordinación judicial y política debe ser real, porque la violencia narco dejó de ser una amenaza lejana.
Con información de C5N.
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